Rescatando opiniones de destacados analistas políticos, de expertos en materia de minería y recursos naturales, además de algunos políticos que trabajan en defensa de los intereses nacionales y regionales el peliagudo tema de la "consulta previa" es arma de doble filo y está ocasionando una serie de problemas al propio Gobierno, pero también a la ciudadanía que se ve afectada muy seriamente cuando se interponen posiciones sectarias que alteran de manera directa los intereses de la comunidad en su conjunto.Hay que partir del principio básico de la propia Constitución que define como propiedad del Estado todas las riquezas naturales del país, por tanto todos los bolivianos son propietarios de las mismas y deben recibir beneficios por el uso de esos recursos, pero de manera apropiada a la ubicación de los yacimientos, de cuyo entorno las comunidades y habitantes recibirán mayores porcentajes para hacer posible mejorar sus niveles de vida bajo cuidados obligados en materia de medio ambiente, el resto, como en el caso de los hidrocarburos, percibirá porcentajes definidos que de todos modos servirán para impulsar los proyectos de desarrollo que encaran autoridades departamentales.
La minería es el segundo rubro más importante en la generación de divisas para el presupuesto nacional, y por la vía de impuestos y regalías para los tesoros departamentales y de manera preferente para los municipios, aspecto que según se observa desconocen los comunarios y dirigentes de algunas comunidades donde se efectúan tareas de exploración minera con miras al establecimiento de importantes operaciones que significarán altas inversiones y la recuperación de las mismas, pero dejando las utilidades que correspondan para beneficio colectivo.
Las condiciones actuales de operaciones mineras carecen de una disposición actualizada y debidamente elaborada para cuidar los intereses recíprocos, tanto del Estado cuanto de los inversionistas y por supuesto hasta de los trabajadores, contingente este último al que podría incorporarse cierta cantidad de obreros "originarios" con alguna experiencia en actividad minera para no perjudicar las operaciones que necesitan de grupos de mineros con cierta experiencia, lo que otorga seguridad en el desarrollo de los planes que se fijan estratégicamente para cumplir objetivos concretos.
Tratar el asunto de la "consulta previa" tiene sus bemoles y depende con el lente que se observe cada caso, pues en el momento actual, por ejemplo, lo del Tipnis tiene una connotación especial, mientras que la revuelta provocada por unos comunarios del norte de Potosí, pidiendo que se paralicen los trabajos de prospección que realiza la Empresa Minera Mallku Khota (EMMK) subsidiaria de la canadiense South American Silver, responde al interés de que cierta cantidad de "originarios" trabajen en el proyecto o no habrá respuesta positiva a la "consulta previa" anunciada para cumplir con la norma constitucional que está mostrando sus contradictorias condiciones de aplicación.
Hace tiempo atrás el Primer Mandatario, de manera personal, expresó su punto de vista sobre el tema enfadado por la posición de comunarios que se oponían a operaciones de exploración petrolera, por una parte y de explotación minera por otra, señalando claramente que no se puede poner en riesgo el futuro del país, conminando además a los "reclamantes" a decidir sobre la suerte de la economía nacional o de sectores minoritarios mal informados.
Ese hecho da pie a comentar sobre la falta de adecuada información cuando se pretende encarar proyectos de magnitud en los que se juegan intereses nacionales y que cumpliendo inclusive con la tal "consulta previa" y cuyos resultados no "serán vinculantes" se priorizarán los canales necesarios para garantizar inversiones, mostrando que el país cuenta con un ambiente propicio para captar capitales, recibir tecnología y experiencia, ampliando de manera significativa la creación de centenares de empleos seguros, cuyo factor multiplicador se observará en el crecimiento de municipios y ciudades.
Por último hay quienes opinan que al mencionarse el caso de una "consulta previa", la misma debería ser generalizada, pues se trata de intereses de los bolivianos en su conjunto y no sólo de comunarios originarios.
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