jueves, 7 de junio de 2012

Urgente definición sobre futuro del Mutún

A los múltiples conflictos que tensionan al país, podría sumarse otra movilización regional, Jindal no renovó las boletas de garantía y el riesgo de que se las ejecute era inminente ya que se han vencido los plazos para las inversiones y también para la renovación de las boletas, pero el directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) autorizó el último sábado de abril a la Jindal la posibilidad de renovar su boleta de garantía por 18 millones de dólares por un lapso de 90 días, lo que significa que hasta fines de julio, se deberían cumplir las inversiones programadas en el proyecto vigente


Exigiendo urgentes definiciones sobre el proyecto del Mutún, que seguramente tendrán repercusión en todo el país, la frustración del proyecto Mutún ha calado profundamente en el país, especialmente en Santa Cruz y Puerto Suárez, debido a que la posibilidad de que la Jindal Steel Bolivia (JSB), continúe con el desarrollo de la siderurgia se hace cada vez más inviable. El incumplimiento de la empresa hindú a sus compromisos de inversión y avance en la instalación de las plantas, y la imposibilidad del Gobierno de dotar del gas natural que necesita el proyecto, se han convertido en barreras casi infranqueables.

De producirse la ejecución de las garantías, la situación contractual entraría en crisis. Mientras tanto, la desazón ha hecho presa en las instituciones cívicas de Santa Cruz y Puerto Suárez, especialmente esta última población que aumentó el número de habitantes enormemente con la creación de cinco nuevos barrios y miles de personas que se asentaron en ese municipio en los últimos cuatro años al calor de las falsas expectativas económicas creadas en torno al Mutún, que debía crear 4 mil empleos directos y 12 mil indirectos, y que el 95 por ciento del personal sería de ciudadanos bolivianos. Miembros del Concejo Municipal de Puerto Suárez, que se encuentran reunidos con instituciones cívicas de Santa Cruz, señalaron que desde 2007, cuando se anunció el inicio de los trabajos, pobladores de diferentes lugares del país llegaron hasta Puerto Suárez en la búsqueda de trabajo y de mejor vida para ellos y su familia, pero lo único que han encontrado es pobreza.

Para la empresa siderúrgica Jindal el posible cobro, por parte del Gobierno, de la segunda boleta de garantía por un valor de 18 millones de dólares es un tema que se debe esperar hasta que se cumplan los plazos legales. La contratista considera que podía renovar la garantía hasta fin de mes. Ahora tiene un plazo de 90 días para hacerlo y así evitar la ejecución de su segunda boleta, lo que significaría incurrir en incumplimiento del contrato.

En este momento, el Gobierno espera conocer los resultados de las dos auditorías que se realizan a las inversiones de Jindal. La auditoría encargada por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ya ha sido completada y está siendo analizada, mientras que la contratada por Jindal se conocerá este mes de mayo.

El hecho es que Jindal pretende certificar inversiones por una serie de contratos firmados con empresas extranjeras en un tiempo récord de un mes, para que se suministren equipos o se construya una planta. El contrato señala que las inversiones deben ser efectuadas "en el Mutún", y no "encomendadas".

La alternativa de reprogramar los plazos o hacer una planta más pequeña, serían soluciones por la vía del desastre. Significaría confirmar el fracaso del proyecto y a su vez admitir que se firmó un contrato que nunca se concretaría, ya que la firma hindú solamente quería tener en su hoja curricular los derechos de explotación de uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo, lo que la valora en la bolsa.

El incumplimiento del contrato pretende ser justificado por la demora en la consolidación de una pequeña parte de las tierras del Mutún, y por la inconveniencia de dotar de gas natural en la magnitud que la Jindal pretende. El planteamiento de la contratista involucra fuertes inversiones en la construcción de un gasoducto y una planta. Pero el mayor impacto económico radica en entregar gas subvencionado por aproximadamente 400 millones de dólares anuales, mientras que el rendimiento de la planta en regalías e impuestos no cubriría ni ese monto. Comprometerse a entregar gas subvencionado fue el más grave error en el contrato, advertido en su momento por los especialistas, pero desoído por la presión que se ejerció en ese momento para que se adjudique el proyecto.

La acumulación de controversias, incumplimiento de ambas partes y la frustración que está ganando terreno en torno al proyecto, hacen que la siderurgia del Mutún se aleje de la realidad, y mueva a que la sociedad plantee soluciones y alternativas inmediatas, ya sea con o sin la Jindal, pero que garanticen la industrialización del hierro.

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