El caso del Mutún es sumamente importante para mostrar la seriedad del país en el desarrollo de los megaproyectos
• Al ocuparnos de las incongruencias del proyecto del hierro y las dudas planteadas tenemos ahora respuestas que eran previsibles, aunque exageradas
• Las dudas persisten sobre quién incumplió los contratos, fue la Jindal que no invirtió lo que debía o fue el Gobierno que no logró sanear compromisos
Las actividades en el 50 % del yacimiento pueden quedar paralizadas, en tanto se defina la suerte del proyecto…y de la Jindal
En la edición 710 de Perspectiva Minera (P.M.) dedicamos buen espacio al análisis de la situación que se presentó en el Mutún, haciendo notar una serie de incongruencias en el proyecto de transformar el hierro en acero, a partir del cumplimiento de responsabilidades entre las dos partes del contrato. Lo que todavía no se aclara de manera concreta es el hecho de establecer las responsabilidades pertinentes de una de las partes, o posiblemente de ambas, al incumplir condiciones establecidas en un convenio.
Por una parte, el proyecto debía desarrollarse de manera paulatina bajo las condiciones más regulares de acatamiento a las especificaciones que rigen en el desarrollo de actividades, por ejemplo la entrega total de los predios que se comprometieron para que la empresa hindú opere en la mitad del yacimiento, cosa que según parece no se cumplió en tiempos establecidos y de manera que no exista reclamo en ese sentido, pero parece que no sucedió así.
Por otra parte, no se sabe exactamente si marcha o marchará la provisión de gas que requiere la Jindal para encarar la instalación de la siderúrgica y que la estatal petrolera debió definir tiempo atrás para que avance el cronograma de las operaciones en el rico yacimiento del Mutún.
La Jindal tenía un compromiso de inversiones y en un lapso de dos años debía contabilizar 600 millones de un total de 2.100 millones de dólares. Se ordenó la realización de auditorías para establecer el monto real de las inversiones que hasta el mes de marzo sumaban 583,47 millones de dólares, lo que significa que una diferencia menor a 7 millones de dólares, se debía cubrir hasta abril último, evitando de ese modo la ejecución de otra boleta de garantía por 18 millones como ya sucedió anteriormente y cuya recuperación se encuentra en proceso judicial en instancias extranjeras.
En nuestra anterior edición de P.M. volvimos a referirnos al puntilloso asunto señalando en coincidencia con varios expertos, que era urgente "una definición sobre el futuro del Mutún". Las cosas debían definirse en cuestión de días e inclusive de horas y sucedió de ese modo aunque con algunas derivaciones que merecen ser debidamente justificadas y aclaradas para no caer en el pozo profundo de la incertidumbre, que puede deteriorar seriamente la imagen del país rico en yacimientos minerales estratégicos, pero pobre en la estructura legal para ofrecer garantías a los inversionistas, los que están actualmente en proceso de cumplir proyectos, pero sobre todo de los que quisieran hacerlo y miran a Bolivia con mucho detenimiento para poder arriesgar sus capitales.
Se trata entonces de seriedad y mucha responsabilidad en lo que concierne especialmente al cumplimiento legal de los convenios vigentes. Vale la pena aclarar que no hay intención de defender a la Jindal, sino de asumir esa posición en función del interés nacional y la imagen de país en desarrollo con seguridad para inversiones en su sistema productivo.
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