Ante una eventual rescisión del contrato entre Jindal Steel Bolivia (JSB) y el Estado boliviano para la implementación del proyecto siderúrgico del Mutún, el que perdería más sería el país por los procedimientos legales que se deben seguir.
“Desde el punto de vista legal, romper el contrato no es muy simple. En este caso no es un contrato tan simple, es un contrato que además ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y hay que seguir con todo un procedimiento”, afirma el gerente de asuntos legales de la empresa india en Bolivia, Jorge Gallardo.
El 8 de marzo, el ministro de Minería, Mario Virreira, expresó que “si Jindal no quiere continuar con el proyecto, obviamente que se volverá a convocar o licitar a una nueva empresa”.
Empero, el representante de la Gobernación de Santa Cruz en el directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Carlos Hugo Sossa, explica que “el contrato define como causales de rompimiento faltas relacionadas más con la fase de producción. Lo único que puede argumentar el país para romper antes es el incumplimiento de la construcción de las plantas; o sea, si Bolivia quiere rescindir el contrato con JSB, tendría que esperar mínimamente hasta 2014”.
Hasta ese año habrán pasado más de siete años desde la firma del contrato, un lapso en el que Bolivia no habría logrado consolidar la industrialización del hierro y exportación a gran escala de acero desde el Mutún. El contrato determina que Bolivia sólo puede anular su acuerdo con Jindal si ésta incumple en la instalación de las plantas industriales, en los porcentajes de los contenidos de exportación -que debe ser de 30% de mineral primario y 70% de secundario en tres años- o si no abastece la demanda.
Otra causal es si por más de cuatro trimestres JSB no paga a la ESM su participación en los ingresos por la producción; también si no cancela por más de dos años el derecho a explotación o si traspasa a terceros sus derechos y obligaciones.
En abril, el Gobierno verificará con una auditoría si JSB invirtió los 600 millones de dólares comprometidos en los dos primeros años de vigencia del proyecto.
Sin embargo, que la firma india no invierta esa suma no es causal de rescisión. “En el hipotético caso de que se incumpla, Jindal tendría que aumentar a la boleta de garantía de este año el 3% del monto que le faltó invertir”, explica Gallardo.
En cambio, si JSB quiere romper con Bolivia “puede justificar el incumplimiento por parte de la ESM de obligaciones que afecten al plan de desarrollo y la inversión comprometida, es decir la carretera, la provisión de agua y de gas”, señala Sossa y añade que “es más fácil para ellos romper con Bolivia”.
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