Las medidas adoptadas por el Gobierno, para satisfacer de algún modo las demandas de los cooperativistas mineros, abren una brecha en el sistema de las concesiones que aún está vigente y que pese a la medida de "migrar" a contratos debe cumplirse con algunos requisitos, se mantiene el otro modo de incursionar ilegalmente en la propiedad privada mediante el avasallamiento que ejecutan comunarios y en algunos casos apoyados por grupos de mineros desocupados que se organizan en sociedades colectivas y solidarias, bajo el status cooperativo, eliminando una serie de trabas exigibles en otro tipo de empresas y justificando de ese modo su incursión en pos de trabajo.
Lo que ha sucedido no hace mucho es la aplicación de una medida que permite la liberación a favor de las cooperativas mineras de áreas mineralizadas que se encontraban en condición de reservas estatales, bajo jurisdicción de la Comibol
Hay un aspecto que tan sólo parece enunciativo cuando la disposición señala que esa apertura de áreas de reserva a favor de los cooperativistas se dará siempre y cuando no se afecten los intereses estatales. Lamentablemente y por el sentido más político que práctico que se ha dado al asunto las autoridades no tienen ninguna observación a esa parte de una "afectación" a los intereses del Estado que implícitamente disminuye sus áreas de operaciones y por tanto las posibilidades de encarar proyectos directos con inversión estatal.
No se ha ofrecido ninguna explicación sobre el delicado tema, salvo la justificación de los cooperativistas mineros que alegan tener bajo su control tan sólo un 4 % de las áreas mineras para aprovechamiento productivo, lo que no tiene ninguna relevancia si se considera que potencialmente las áreas mineras del país, propiedad de los bolivianos, deberían servir efectivamente a los planes de inversión para fortalecer proyectos de escalada y no simplemente destinados a precarias actividades de subsistencia, sin planificación ni perspectiva, como sucede con algunas operaciones del cooperativismo minero.
El peligro está en el sostenimiento de un modelo que puede significar a la Comibol un claro "despilfarro" de sus áreas mineralizadas que podrían ser parcialmente utilizadas en el sistema cooperativo, perjudicando inversiones más seguras y proporcionales a las condiciones de cada área mineralizada.
Se analiza esta situación considerando que a falta de orientación técnica profesional las cooperativas cumplen un trabajo artesanal y hasta depredador, pues no toman en cuenta condiciones de control ambiental por tanto su labor tiene un impacto negativo para comunidades y para la propia Comibol.
Por esas razones, valederas desde el punto de vista de los entendidos, podría ser una solución –saludable– la última medida de permitir a los cooperativistas captar inversiones privadas para encarar proyectos de envergadura. Está visto que una opción para el crecimiento de la minería es la de establecer sociedades productivas que representen capitales, maquinarías, equipos, pero sobre todo tecnología y seguridades para el desarrollo de buenos planes.
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