La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ha dispuesto la "liberación" de parte de las reservas fiscales mineras que tiene bajo su cargo a favor del sector de las cooperativas mineras, especialmente de algunas que buscan ampliar su participación en por lo menos un 30 por ciento más de las concesiones que ostentan por el mismo sistema de "entrega de minas operables" o por lo menos de áreas con potenciales reservas de minerales.
Lo que no ha sido explicado es la motivación que impulsó a los ejecutivos de la estatal minera a disponer esa concesión abierta de zonas mineralizadas cuando todavía está en proceso de consenso una definición sobre el uso de tales reservas, aspecto que seguramente se incluirá en la nueva Ley Minera, cuyo contenido sigue en análisis.
Hay un justificativo que seguramente servirá de respaldo a quienes asumen decisiones que pueden causar efectos negativos posteriores por las actitudes contradictorias que se operan en materia de minerías y que por lo menos en el caso que enfocamos respondería a lo determinado en el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio… que habría recomendado otorgar (?) una mayor participación en áreas mineras en función a lo establecido en la CPE.
Si bien la determinación no tiene un justificativo legal y menos un respaldo técnico que avale la necesidad de hacer concesiones "especiales" y de orden sectorial, se aclara que las mismas "no deberían afectar los intereses del Estado" lo que significaría en buenas cuentas que tal dotación de áreas mineras debería responder a las necesidades de la propia Comibol para fortalecer sus propios ingresos y asegurar un rendimiento adecuado, pues las reservas mineras, si bien están bajo tutela de Comibol, no significa que las mismas pueden ser materia de libre disponibilidad aun así se explique que "la suscripción de contratos de arrendamiento de áreas mineras con empresas estatales, privadas o sociedades cooperativas es potestad exclusiva de Comibol". Puede ser, pero también debería primar un sentido de equidad para no dejar a otros sectores al margen de la posibilidad de explotar las áreas de reservas mineras y posiblemente en condiciones más favorables para los intereses del país, pues existirían tributos, regalías y responsabilidades sociales y técnicas para no ejecutar sólo proyectos de extracción con rendimiento unilateral.
Hay un latente peligro en la simple "liberación" de una parte de la reserva fiscal minera, que al favorecer al sector cooperativo alentará la incursión de más trabajadores en busca de las reservas mineras pero sin garantizar el cumplimiento de obligaciones, como sucedería con otros sectores obligados a tributar, generar regalías y adecuar sus operaciones a la ley de medio ambiente lo que generalmente se omite en las operaciones de algunas cooperativas.
Es evidente que dentro los planes de ampliación de las actividades mineras deberían establecerse condiciones favorables, inclusive de incentivo para impulsar la gran actividad minera que parte de trabajos responsables de exploración, prospección, extracción, procesamiento de concentrados y su exportación, incluyendo en la perspectiva de la minería el proceso de la industrialización de la minería para añadir valor agregado a la materia prima exportable y hacerla más competitiva en los mercados externos que están a la busca de materia prima de alta calidad, toda una cadena de actividades que necesitan inversiones y sólidos convenios para explotar las reservas fiscales mineralizadas de los bolivianos.
El buen uso de los recursos naturales (no renovables) debe ser objeto de sabias decisiones, pues se trata de una riqueza que debe beneficiar a todos los bolivianos no importa en qué grado de porcentaje, pero efectivamente.
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