Esta semana, la Corte Suprema revocó el fallo de un tribunal que había dado luz verde al proyecto de oro y cobre El Morro, de la canadiense GoldCorp, paralizando el desarrollo de una iniciativa por cerca de $us 3.900 millones. El máximo tribunal acogió un recurso judicial presentado por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos.
Con ello dio pie atrás a la decisión que había adoptado antes la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que había aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto minero. Asimismo, la Suprema ordenó un nuevo proceso de consulta indígena, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esto implica que el proyecto debe someterse a un proceso reglado de consulta y tomar en cuenta las demandas de estos pueblos originarios. El Morro no es un caso aislado. Una serie de proyectos de inversión en Chile han enfrentado este tipo de reveses y de, hecho, en los intentos que se han dado en los últimos años para destrabar las inversiones en el país el proceso de consulta del Convenio 169 ha sido recurrente en el análisis tanto del Gobierno como de los gremios empresariales.
De acuerdo con un estudio que acaba de finalizar el ingeniero Matías Abogabir, los proyectos que han sido sometidos a consulta indígena del Convenio 169 desde que este proceso opera en Chile llegan a 129 hasta septiembre de este año, ya sea a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como fuera de éste.
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