Los problemas de hundimiento detectados en la cúspide del Cerro Rico de Potosí, constituyen un tema de preocupación en la sociedad potosina y también en otros sectores del país, tanto por la necesidad de preservar la conformación natural del Cerro Rico como por sus eventuales efectos sobre la actividad minera potosina. En ese contexto, la decisión de Unesco de incluir a la ciudad de Potosí en una lista de patrimonios de la humanidad en "situación de riesgo", constituye un factor de presión externa sobre Bolivia, que, de no ser adecuadamente procesado por las autoridades de gobierno, podría conducirnos a decisiones erróneas, con consecuencias enormemente perjudiciales, tanto para la población potosina como para el conjunto del país.
LAS DECISIONES DE UNESCO SOBRE POTOSÍ
Y EL CERRO RICO
Hay una discusión pertinente respecto de si el Cerro Rico está o no incorporado en la declaración de la ciudad de Potosí como Patrimonio de la Humanidad. El artículo de Rubén Ferrufino ("El Cerro Rico, entre yacimiento minero y patrimonio", La Razón 31/08/2014), sostiene que la declaración de Unesco, adoptada en 1987, no consideró expresamente al Cerro Rico como yacimiento minero sino "al contexto urbano, histórico, institucional, cultural y humano", razón por la cual señala dudas acerca de cuán legítima y fundada resulta ser, ahora, la "Declaratoria de la Ciudad de Potosí como Patrimonio de la Humanidad en Riesgo" (junio de 2014), debido a los problemas de estabilidad que se han presentado en una parte de la estructura del Cerro Rico. La discusión que se plantea no carece de relevancia, dado que sus implicaciones podrían poner en peligro la continuidad de las operaciones mineras en el Cerro Rico y en zonas aledañas.
En ese sentido, Ferrufino hace bien en alertar sobre dicho peligro, recordándonos la importancia del yacimiento minero en el Cerro Rico, ya no para la historia minera y económica de Bolivia, sino para el presente de la ciudad de Potosí, cuya economía continúa indisolublemente ligada a la explotación de los concentrados de plata de ese yacimiento. Al respecto, los datos que aporta Ferrufino–citando un estudio de la Fundación Labor– son concluyentes: cerca de la mitad de la economía local se sustenta en la minería del Cerro; el 49,8% de la población económicamente activa depende del Cerro. En realidad, la dependencia económica es de todo el departamento de Potosí, puesto que las exportaciones potosinas son en un 95 % de minerales, correspondiendo una fracción significativa a exportaciones de plata, originadas en parte en el Cerro Rico.
En un escenario hipotético –derivado de la interrupción de las explotaciones en el Cerro Rico –Ferrufino prevé consecuencias simplemente dramáticas: a la ciudad de Potosí dejaría de ingresar $us 414 millones que mueven la economía local, en otras palabras, casi la mitad de lo que la ciudad produce desaparecería, dejando en cesantía a prácticamente la mitad de su población activa. Si tal cosa ocurriera, ya no solamente estaría en riesgo la actividad minera en el Cerro, sino también, el conjunto de la economía potosina. Téngase en cuenta que estamos hablando de un departamento con los más altos índices de pobreza en Bolivia.
ENTRE LA CRUZ Y LA ESPADA
Se entiende, pues, el aprieto en que se halla el gobierno de Evo Morales, sometido a una doble presión: por un lado, Unesco, que urge por acciones para preservar la morfología del Cerro Rico; por otro, la resistencia de los trabajadores y cooperativistas potosinos, que no quieren siquiera oír de paralizar actividades y, menos aún, de ser relocalizados a otros yacimientos mineros, tal como parece ser la intención gubernamental.
¿Pero hasta qué punto las opciones son excluyentes? ¿Son tan graves los problemas del Cerro Rico que los potosinos deben elegir entre cuidar su patrimonio cultural –y por tanto detener toda actividad minera en el Cerro– o bien seguir haciendo minería pero arriesgando comprometer la estabilidad estructural de la montaña? Ciertamente, ninguna de tales alternativas es deseable. La responsabilidad del Gobierno, por lo tanto, es encontrar una forma de hacer compatibles las medidas de preservación del Cerro Rico con la continuidad de las operaciones mineras, en cuanto ello sea posible.
Desde ya, no son pocos los profesionales bolivianos que han sugerido medidas para controlar los problemas de erosión del Cerro Rico. Por ejemplo, para el ingeniero potosino Hernán Camacho, la respuesta debe centrarse en frenar las prácticas depredadoras e indiscriminadas de concentrados, la capacitación técnica de las cooperativas para una explotación racional, la enorme dispersión de operaciones, la carencia de un plan de ordenamiento minero, la sensibilización frente a los riesgos actuales y, ante todo, la regulación de los trabajos en el Cerro, para lo cual sería necesario modificar la Ley 27785, que permite labores de explotación hasta la cota 4.700 (véase, Hernán Camacho: "Los retos de la minería potosina", en www.forominerobolivia.org).
Este es, pues, el momento de escuchar y llevar a la práctica tales sugerencias, especialmente las que ofrecen una salida al falso dilema en que se quiere colocar a la ciudad de Potosí: cuidar su patrimonio cultural o seguir desarrollando actividades mineras.
DOS PATRIMONIOS: EL CERRO RICO
Y LA ECONOMÍA MINERA
De hecho, se podría interpretar que el propio pronunciamiento de la Unesco apunta a poner en práctica un conjunto de acciones preventivas, a fin de minimizar los riesgos que puede estar afrontando el Cerro Rico. Si ello no fuera así, se plantearía un hecho insólito, por cuanto un organismo intergubernamental y de cooperación internacional, como es Unesco, estaría pasando por alto las consecuencias económicas que podrían derivarse de sus propias decisiones.
Se debe insistir, una y otra vez, en la delicada situación social de la ciudad de Potosí, precisamente por su alta dependencia de la explotación minera en su territorio. Hay que recordar, a propósito, las coyunturas recesivas por las que ha atravesado la economía potosina en los años 1994, 1998 y 2001, a raíz de la caída de precios y la declinación de la actividad minera. Nadie puede querer volver a circunstancias semejantes.
De ahí la importancia de actuar frente a la cuestión del Cerro Rico con un gran sentido de responsabilidad, ecuanimidad y sensatez, evitando decisiones precipitadas y unilaterales.
Por ello, es fundamental que todos los sectores involucrados y concernidos (Gobierno nacional, autoridades potosinas, empresas privadas, cooperativas, sindicatos mineros, Universidad, organizaciones profesionales y otras) tengan la voluntad de unirse y hacer causa común y trabajar mancomunadamente a fin de encontrar soluciones técnicas a los problemas de estabilidad del Cerro Rico, defendiendo y resguardando los intereses económicos de los trabajadores y productores y, en última instancia, de la población potosina en general.
El Gobierno debe conjugar las medidas de estabilización del Cerro Rico con la continuidad de las operaciones mineras. De lo contrario, una crisis económica puede ser inevitable.
(*) Investigador de la Fundación Pazos Kanki. Coordinador del Foro Minero
N de R.- Agradecemos de veras la importante contribución periodística e investigativa del destacado profesional Henry Oporto, investigador de la Fundación Pazos Kanki y Coordinador del Foro Minero. Las páginas de Perspectiva Minera están abiertas para que nuestros lectores se nutran con tan interesante material.
El Editor
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