En apreciación de un destacado exdirigente minero, conocido como Edgar "Huracán" Ramírez, el control actual de la actividad minera nacional estaría en manos de empresas transnacionales, en una proporción del 72 por ciento, en tanto que el sector cooperativista tiene a su cargo el 21 por ciento de la actividad minera y el 7 por ciento restante le corresponde a Comibol.
Sin mencionar con precisión el caso de las "transnacionales" se retrocede en el tiempo al periodo de los gobiernos neoliberales para afirmar que hasta la (primera) nacionalización de las minas en octubre de 1952, Comibol administraba el Cerro Rico de Potosí con más de 600 bocaminas, aludiendo a que en la actualidad la misma Comibol administra Colquiri y Huanuni, el resto dijo el exdirigente está en manos de las cooperativas.
Si bien hay bastante de cierto en que existen muchas cooperativas, más de dos mil que estarían en actividad y se dice que con apoyo gubernamental, resulta evidente que las concesiones efectivas para el Estado se reducen a las minas conocidas como Huanuni, Colquiri, y algunas otras en Poopó, Avicaya, Santa Fe, consideradas marginales y por lo mismo fuera de la expectativa de mejorar condiciones de operabilidad con rendimiento, lo que deja claramente establecido que prevalecen las cooperativas que reciben apoyo estratégico del gobierno, en financiamiento, equipos, herramientas y hasta gigantes volquetas, para encarar proyectos mineros con asistencia técnica, para dar mayor vida a los yacimientos.
En la correlación explicativa del exdirigente sindical, las minas manejadas por empresas transnacionales administran varios yacimientos, aunque sin enumerarlos plenamente, ni identificarlos por su razón social, simplemente se generaliza una hipotética prominencia de empresas privadas trabajando en las nuevas concesiones mineras, situación que en los hechos no es evidente pues de algunas transnacionales se sabe que han retirado sus operaciones, al no existir "reglas claras" para inversiones y desarrollo de actividades, además de falta de garantías para cuidar la propiedad privada frente a los avasallamientos muchos que no han sido resueltos y menos resarcidos los daños y perjuicios lo que se convierte más bien en un factor negativo que ahuyentan a las empresas transnacionales, que claramente están trabajando en abierta competencia en países vecinos como Chile, Perú e inclusive la Argentina.
Este tema de la minería y las responsabilidades de los subsectores productivos lleva necesariamente a un análisis de la situación de modo que se puedan establecer con mucha propiedad los aspectos reales que hacen de la explotación de recursos naturales, un asunto muy sensible en el rubro de la economía de Estado, pues resulta que el país depende para subsistir de las utilidades que arrojan los contratos por la venta del gas, esencialmente, aunque se estima un tiempo determinado antes de su paulatina disminución, lo que obliga a replantear la estrategia productiva nacional para encarar la explotación de las otras reservas naturales no renovables, en este caso la minería y sus macroproyectos de envergadura y un prolongado sostenimiento dependiendo de la racionalidad técnica con sean manejados.
Se menciona a transnacionales en actividad minera en el país y lo evidente es que si queremos ser competitivos lo que necesitamos son inversionistas para impulsar los proyectos de la minería nacional, la estatal, la privada e inclusive de las cooperativas, estas últimas que necesitan asistencia técnica para salir del sistema depredador de yacimientos mineros.
Proyectar la minería a un nuevo decenio implica cambiar las reglas de juego y disponiendo de una Ley Minera, debidamente reglamentada, convocar a empresas que dispongan de capital y nos transfieran tecnología y experiencia. No hay otro modo, en este tiempo de hacer minería de envergadura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario