Los ejecutivos de Empresa Minera Himalaya (EMH) sostienen que son víctimas de un doble atropello, un caso paradójico sin precedentes en la historia de las inversiones privadas en minería: por un lado, soportan las secuelas del avasallamiento de la mina de wólfram desde hace más de 50 meses, sin que la Comibol y el Estado cumplan su rol de garantes frente a los hechos ilícitos y, por otro, la reciente advertencia de la estatal de operar el yacimiento sin la participación de la empresa "que descubrió la veta e invirtió en ella" con la que tiene un contrato de arrendamiento vigente.
La información fue transmitida ayer por el asesor jurídico de EMH, Raúl Azurduy, luego de que el presidente de la Comibol, Héctor Córdova, anunciara este extremo (explotación de la mina sin la compañía privada) a través de un medio de comunicación escrito, un día después de la reunión sostenida entre representantes de ambas empresas y del Ministerio de Minería, Azurduy informó que, en esa ocasión, Córdova dijo que la estatal pretende ocupar y explotar la mina sin la participación de EMH.
Frente a la advertencia de Comibol, añadió que EMH ratifica que el gobierno debe cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, garantizar el pleno y efectivo restablecimiento de los derechos violados (Arts. 13 " I y 14 " III CPE y Art. 1 Num. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y establecer la responsabilidad de los avasalladores por los hechos ilícitos cometidos (Art. 110, Parágrafos I - II CPE).
El asesor jurídico de la firma recordó que el acto de avasallamiento ha violado los derechos emergentes de la CPE, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Ley de Inversiones y el Contrato de Arrendamiento vigente entre Comibol e Himalaya.
MALA SEÑAL PARA LAS INVERSIONES
Añadió que la empresa considera que al no haberse protegido estos derechos durante más de 50 meses, "Comibol es co-responsable de esta conculcación de derechos, por omisión".
Por tanto, "el hecho ilícito perpetrado por personas particulares en la toma violenta de la mina no otorga derechos a Comibol para que se haga cargo de la operación y la administración sin la participación o con la exclusión de Himalaya. El uso de la fuerza y la acción ilícita no otorga derechos a terceros y menos al Estado", remarcó el asesor jurídico de EMH.
Aseguró que en este contexto jurídico/constitucional, "esta doble violación de derechos no sólo afecta a Himalaya y a sus trabajadores, sino que compromete la seguridad jurídica de las inversiones nacionales e internacionales; actuales y futuras, en todos los rubros de la economía boliviana, es decir, ahuyenta en lugar de atraer recursos para el desarrollo nacional".
Por otro lado, Azurduy informó que el representante de la Corporación Minera de Bolivia admitió que en el encuentro del 25 de enero pasado, cuando se firmó el "acta de reunión", estaban presentes delegados de la cooperativa Cerro Negro para definir el destino de este yacimiento sin la participación de la víctima de la toma: Empresa Minera Himalaya (EMH).
"Además -dijo Azurduy- Córdova aseguró que la Comibol no reconoce a dicha organización". En criterio de la empresa, la llamada Cooperativa Cerro Negro es ilegal, clandestina y está integrada por los avasalladores desde hace más de cuatro años, ratificó el asesor Jurídico de EMH.
Según explicó Azurduy, el director jurídico de Comibol, Juan Carlos Carrasco, justificó la inclusión de la firma de los avasalladores (Carlos Huayta y Augusto Morales), en el "acta de reunión" del 25 enero explicando que "existía enorme presión para resolver el conflicto".
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