Privados cerrarían operaciones si nueva Ley Minera sube impuestos

LA PRESIÓN IMPOSITIVA ACTUAL SOBRE LA MINERÍA PODRÍA CERRAR LAS PUERTAS DE VARIAS EMPRESAS PRIVADAS.

Si la participación de Comibol en los proyectos mineros ejecutados por empresas privadas es del 55% sobre la venta de mineral tal como se pretende en el proyecto de Ley de Minería, la carga impositiva –que al momento es de 66.94 por ciento– se incrementaría al 91% o más, con lo que las operaciones en ese sector quedarían cerradas, advirtieron hoy expertos del sector.

Dionisio Garzón, ex presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia y ex ministro de Minería y Henry Oporto, sociólogo de la Fundación Pazos Kanki, disertaron sobre “Actualidad y problemática de la minería boliviana” en la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (Amcham).

Oporto informó que la presión impositiva actual pagada por el sector minero privado se aproxima al 67% entre regalías sobre las ventas brutas que llegan al 6%; Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 37,5%; Impuesto a las Remesas al Exterior de 12,5% y otros tributos que ascienden a 2%. A esto, dijo, se suma el tributo a las utilidades derivadas del ajuste por inflación en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Los expositores señalaron que el proyecto de ley de referencia elaborado en “esferas del gobierno” busca subir las regalías mineras encima del promedio actual del 6% y el impuesto por remesas al exterior de 12.5% al 25%. “De imponerse este criterio se aplicarían los impuestos más altos de la región poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones y la captación de inversiones”, afirmaron.

Recientemente, Francisco Montaño, secretario ejecutivo de Fencomín aseguró que una de las propuestas es que un 55% de los ingresos por ventas sean destinados a Comibol. Planteó que los contratos con las privadas sean revisados y anunció que la estatal, con la nueva Ley Minera, realizará operaciones en las minas nacionalizadas en 1952, en las futuras concesiones y en las que estén en áreas de reserva fiscal.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería, informó a los medios que el trabajo de la Comisión Interinstitucional que redacta el proyecto de Ley de Minería tiene un avance del 90%. Queda pendiente el cálculo de regalías e impuestos que debe ser resuelto a la brevedad garantizando la seguridad jurídica en los futuros contratos que tendrán una duración de 30 años, informó, por su lado, el especialista minero Carlos Sandy.

LOS MÁS ALTOS

El estudio “Los dilemas de la minería” realizado en coautoría por Oporto, Garzón, Jorge Espinoza y Pedro Portugal asegura que el nivel impositivo en el sector minero es el más alto de la región. Por ejemplo, en relación a las regalías (considerando una rentabilidad del 35%) en Bolivia se paga entre el 5% y el 7%, en Argentina entre 0 y 3%, en Chile 1.75% y en Perú el 2%.

En relación a la presión tributaria por utilidades de las empresas (Impuesto a las Utilidades – IUE más Impuesto por remesas de Dividendos), en el país se paga el 45.3%, en Chile y Argentina 35% y en Perú 32.9%. “Los ejecutivos del sector minero están ciertamente preocupados: una ley –señalan– que eleve los impuestos por encima de los niveles actuales sería la estocada final a la ya alicaída inversión minera”, afirman los autores.

TRIBUTACIÓN

"RACIONAL

Y COMPETITIVA”

Durante la exposición en Amcham, Oporto, afirmó que Comibol está exigiendo una participación significativa en las utilidades, el 55%. “En ese caso, el 67% que ya pagan las privadas como Participación del Estado, que es conocido en el ámbito de las inversiones como “Govemment Take”, podría subir fácilmente al 91% o más con lo que las empresas tendrán que cerrar sus operaciones. ¿Quién va a trabajar con ese nivel de impuestos? Es una locura; ojalá que ese tipo de criterios no prosperen en el tratamiento del nuevo Código Minero”, opinó.

Sugirió que “se debería abrir el candado que está impidiendo que fluyan las inversiones y, eso tiene que ver en gran medida, con el establecimiento de un régimen impositivo que sea racional, que vea el corto plazo, pero también el largo plazo y que coloque a Bolivia en un nivel impositivo parecido al que rige en los países vecinos para que la tributación sea competitiva y atraiga inversión privada y no la ahuyente”.