El Estado se queda con el 67% de la renta minera

Bajo el marco normativo vigente, el Estado se queda con el 67% de la renta generada por el sector minero y la inversión en exploración para encontrar nuevas reservas mineralógicas es inexistente, afirmaron ayer los expertos Henry Oporto y Dionisio Garzón, quienes participaron en la disertación “Los retos de la política minera: hacía la nueva Ley de Minería”.

Oporto explicó que el 67% resulta de sumar la regalía del 6% sobre las ventas brutas, que se debe pagar a las regiones; del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), que para el sector es de 37,5%; del Impuesto a las Remesas al Exterior de 12,5% y de otros tributos que ascienden a 2%, a los cuales se deben sumar los ajustes por inflación y por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Añadió que, con las tendencias actuales, la minería podría reducirse a sólo un puñado de empresas estatales de dudosa viabilidad y muchísimas cooperativas y explotaciones informales, lo cual prolongará el estancamiento del sector.

Garzón informó que la inversión en exploración es nula y el país ha quedado rezagado frente a otros países como Perú, que tiene un portafolio de proyectos por más de 50.000 millones de dólares, o Argentina, que maneja emprendimientos por 11.000 millones de dólares.

En cambio, en el país los planes apenas llegan a 5.000 millones de dólares y sólo se privilegia proyectos tradicionales como El Mutún, Corocoro, Karachipampa o el Salar de Uyuni. Sin inversión en nuevas reservas, el país, según Garzón, corre el riesgo de agotar sus yacimientos, pese a que San Cristóbal, las minas de Sinchi Wayra y otros tienen aún reservas para una década más.

“La inversión privada en exploración es prácticamente nula, vivimos un período de desinversión en generación de nuevos proyectos mineros”, añadió.

Ambos expertos consideran que es necesario que la nueva Ley Minera logre atraer inversión privada y fortalecer la alianza entre el Estado, empresarios mineros y cooperativas, además de garantizar la seguridad jurídica.