Por ley se creará la Empresa de Recursos Evaporíticos y una entidad que firme los contratos mineros en nombre del Estado, atribución que dejará de cumplir la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), además que la totalidad de operadores migrarán a nuevos contratos.
Así establece el proyecto de ley minera que está en proceso de conclusión, pues, ya hay consenso en 90 por ciento de la norma, pero falta el tema “regalitario”, que ya está en tratamiento, de acuerdo con el informe del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería, Carlos Carrasco.
La Empresa de Recursos Evaporíticos será autárquica, pues no dependerá de Comibol. En la actualidad es Gerencia de la Corporación, pero esto “ha ocasionado dificultades”, reconoce la autoridad.
Comibol se mantendrá como una corporación autárquica encargada de actuar en la totalidad de la cadena productiva minera. Y la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) continuará como empresa autónoma.
En tanto que desde la Fundación Pazos Kanki se indica que el proyecto de ley minera debería ser debatido ampliamente, dado que esta actividad es una de las fundamentales en el país, tanto por historia como por los ingresos que genera.
El año pasado, el valor de la producción minera aumentó en 9 por ciento, comparando con el 2011, puesto que alcanzó un valor de 4.086 millones de dólares, y un año antes, 3.739 millones, de acuerdo con el boletín estadístico del Ministerio de Minería.
El debate y las reflexiones sobre el proyecto de ley minera deberían contar con la participación de especialistas del rubro, asegura Henry Oporto de la Fundación Pazos Kanki. En tanto que el experto en el rubro, Dionisio Garzón, afirma que “no se puede hacer negocios, si no se tiene clara la relación con el Estado”.
El proyecto de la futura norma se enmarca en el mandato de la Constitución Política del Estado y “se ha incorporado criterios que tienen que ver con la preeminencia y la importancia de la industria minera estatal sin perder de vista que tiene que haber un equilibrio de trato igualitario en todo lo que corresponda a los otros actores”, señaló Carrasco.
En cuanto a la migración el Director Jurídico afirma categórico que “sí” se producirá, porque “es una obligación constitucional que ahora se tiene sobre la migración de sistema de concesiones a un nuevo régimen que es de contratos”.
Con este mandato constitucional, “todos los actores mineros están en la obligación de adecuarse a un nuevo régimen” para lo cual hay un capítulo especial en la ley, que será detallado cuando se concluya el debate del proyecto.
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