Mineras se irían si se aprueba alza impositiva

El nuevo proyecto de Ley de Minería generará una carga impositiva de más del 91 por ciento a las empresas mineras privadas que trabajan en Bolivia, que provocaría que las operaciones en ese sector se cierren, advirtieron expertos del sector.

Dionisio Garzón, expresidente del Colegio de Geólogos de Bolivia y exministro de Minería y Henry Oporto, sociólogo de la fundación Pazos Kanki, disertaron sobre “Actualidad y problemática de la minería boliviana”.

Oporto informó que la presión impositiva actual pagada por el sector minero privado se aproxima al 67 por ciento entre regalías sobre las ventas brutas que llegan al 6 por ciento; Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) de 37,5 por ciento;

Impuesto a las Remesas al Exterior de 12,5 por ciento y otros tributos que ascienden a 2 por ciento. A esto, dijo, se suma el tributo a las utilidades. Los expositores señalaron que el proyecto de ley de referencia elaborado en “esferas del Gobierno” busca subir las regalías mineras y el impuesto por remesas al exterior.

“De imponerse este criterio se aplicarían los impuestos más altos de la región poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones”.

Más del 90 por ciento

Henry Oporto afirmó que Comibol está exigiendo una participación significativa en las utilidades, el 55 por ciento. “En ese caso, el 67 por ciento que ya pagan las privadas como participación del Estado, que es conocido en el ámbito de las inversiones como “Govemment Take”, podría subir fácilmente al 91 por ciento o más con lo que las empresas tendrán que cerrar sus operaciones.

¿Quién va a trabajar con ese nivel de impuestos? Es una locura; ojalá que ese tipo de criterios no prosperen en el tratamiento del nuevo Código Minero”, opinó.

Sugirió que “se debería abrir el candado que está impidiendo que fluyan las inversiones y, eso tiene que ver en gran medida, con el establecimiento de un régimen impositivo que sea racional, que vea el corto plazo, pero también el largo plazo y que coloque a Bolivia en un nivel impositivo parecido al que rige en los países vecinos para que la tributación sea competitiva y atraiga inversión privada y no la ahuyente”.