Desde la nacionalización de las minas en 1952, los diferentes gobiernos sólo aplicaron políticas coyunturales y cortoplacistas, por lo general de carácter rentista.
La ausencia de una política nacional para la minería quedó en evidencia con la caída en la cotización internacional de los precios de los principales minerales que exporta Bolivia, ya que el Gobierno carece de alternativas reales para “aliviar” a este sector que amenaza dejar en la calle a cientos de trabajadores del sector.
La evaluación corresponde al ex ministro de Minería, Jorge Espinoza Morales, quien ubica el inicio de esta crisis una década atrás” por falta de políticas mineras tendientes a la ejecución de labores de exploración para desarrollar nuevos yacimientos, que reemplacen a las minas agotadas, asegurando así primero la sostenibilidad y luego el crecimiento de esta actividad”.
“Lamentablemente desde la nacionalización de las minas en 1952, los diferentes gobiernos sólo aplicaron políticas coyunturales y cortoplacistas, por lo general de carácter rentista, para incrementar las recaudaciones de las siempre deficitarias arcas fiscales”, afirma la ex autoridad nacional.
Acciones ¡Ya!
Espinoza es radical a la hora de plantear soluciones, ya que viene sosteniendo desde hace varios años: “O se explora o se extingue la minería, porque sin minas no hay minería. No existe otra manera de enfrentar esta crisis estructural que explorando y desarrollando nuevas minas. Otras medidas resultan ser sólo cantos de sirenas”.
En ese sentido, da cuenta que el sector privado, dueño de yacimientos mucho más pequeños, puso en operación varias minas medianas o chicas, la mayoría de ellas ya cerradas (algunas trabajaron menos de diez años) y cuyo aporte a las exportaciones mineras no fue ni es significativo, hasta el inicio de operaciones de la mina aurífera grande Kori Kollo.
También destaca a Minera San Cristóbal y San Bartolomé, pero que ninguna de las tres es comparable tanto en el tonelaje como en la calidad del mineral procesado con mega operaciones de otros países. “Es más, las dos últimas tratan minerales de baja ley y no serían rentables con cotizaciones bajas como las de hace seis años atrás”, agrega.
Resumiendo, afirma que las pocas operaciones mineras nuevas en el país provinieron de la iniciativa privada a través de la minería mediana, de la reconversión productiva de estaño a polimetálicos de algunas centenarias minas de Comibol, dadas en contratos de arrendamiento y riesgo compartido a empresas particulares, que le dio un nuevo aliento a la minería y de tres operaciones privadas grandes y a cielo abierto, “¡En más de un siglo de actividad y hasta el 2006 sólo hubo una mina nueva ‘grande’!”
La ausencia de una política nacional para la minería quedó en evidencia con la caída en la cotización internacional de los precios de los principales minerales que exporta Bolivia, ya que el Gobierno carece de alternativas reales para “aliviar” a este sector que amenaza dejar en la calle a cientos de trabajadores del sector.
La evaluación corresponde al ex ministro de Minería, Jorge Espinoza Morales, quien ubica el inicio de esta crisis una década atrás” por falta de políticas mineras tendientes a la ejecución de labores de exploración para desarrollar nuevos yacimientos, que reemplacen a las minas agotadas, asegurando así primero la sostenibilidad y luego el crecimiento de esta actividad”.
“Lamentablemente desde la nacionalización de las minas en 1952, los diferentes gobiernos sólo aplicaron políticas coyunturales y cortoplacistas, por lo general de carácter rentista, para incrementar las recaudaciones de las siempre deficitarias arcas fiscales”, afirma la ex autoridad nacional.
Acciones ¡Ya!
Espinoza es radical a la hora de plantear soluciones, ya que viene sosteniendo desde hace varios años: “O se explora o se extingue la minería, porque sin minas no hay minería. No existe otra manera de enfrentar esta crisis estructural que explorando y desarrollando nuevas minas. Otras medidas resultan ser sólo cantos de sirenas”.
En ese sentido, da cuenta que el sector privado, dueño de yacimientos mucho más pequeños, puso en operación varias minas medianas o chicas, la mayoría de ellas ya cerradas (algunas trabajaron menos de diez años) y cuyo aporte a las exportaciones mineras no fue ni es significativo, hasta el inicio de operaciones de la mina aurífera grande Kori Kollo.
También destaca a Minera San Cristóbal y San Bartolomé, pero que ninguna de las tres es comparable tanto en el tonelaje como en la calidad del mineral procesado con mega operaciones de otros países. “Es más, las dos últimas tratan minerales de baja ley y no serían rentables con cotizaciones bajas como las de hace seis años atrás”, agrega.
Resumiendo, afirma que las pocas operaciones mineras nuevas en el país provinieron de la iniciativa privada a través de la minería mediana, de la reconversión productiva de estaño a polimetálicos de algunas centenarias minas de Comibol, dadas en contratos de arrendamiento y riesgo compartido a empresas particulares, que le dio un nuevo aliento a la minería y de tres operaciones privadas grandes y a cielo abierto, “¡En más de un siglo de actividad y hasta el 2006 sólo hubo una mina nueva ‘grande’!”
Ausencia exploratoria
Para Espinoza, esta crisis estructural de la minería se debe a una insuficiente exploración, traducida en la puesta en marcha de sólo tres minas importantes en más de cien años:
“Y sólo puede enfrentarse con una política minera estructural tendiente a captar, privilegiar y dar seguridad jurídica a las inversiones, que inevitablemente comenzarán por la exploración. Las demás medidas dictadas y por dictarse durante este Gobierno como el incremento de impuestos, la declaratoria de reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, la revisión del código de minería, el que los recursos naturales sean de propiedad del pueblo boliviano y ya no del Estado, la anulación del sistema de concesionamiento minero, etcétera son coyunturales”, dice Espinoza.
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