La Compañía Minera del Centro, Comicen, dueña de la concesión Minera de Santa María, presentó un Amparo Constitucional ante la Corte Superior del Distrito de Oruro, contra el prefecto del departamento de Oruro, Alberto Aguilar Calle, el secretario departamental de minería y metalurgia Genaro Canaviri Martínez, y el secretario de la prefectura de Cochabamba David Herrera Tenorio por realizar convenios sin tener competencias y atribuciones legales en el tema.
“Han labrado y firmado un convenio interinstitucional (…) mediante el cual sin competencia ni respaldo legal, para ello determinan la distribución de los puestos de trabajo en concesión minera Santa María y la consiguiente intervención de la misma, atentando directamente contra nuestro derecho al trabajo, a la propiedad y a la seguridad jurídica” afirmó el representante legal de la Comicen, Jorge Augusto Pacheco Sandoval.
Mediante el Amparo Constitucional, la Comicen pide a la Corte Superior de Distrito de Oruro, se declare “ilegal y sin efectos jurídicos”, la resolución de convenio interinstitucional firmado en Cochabamba el miércoles 27 de noviembre. Asimismo que las autoridades mencionadas deben “abstenerse a realizar actos de disposición sobre la administración de la concesión minera Santa María por estar viciados de nulidad los mismos”, también el “cese a las amenazas y desprestigio público infundado contra Comicen”.
El recurso fue presentado el martes 2 de diciembre, observando el convenio firmado entre ambas prefecturas el miércoles 27 de noviembre en Cochabamba, donde se estipula la distribución de mineros que trabajarán en la empresa en partes iguales y se sostiene la reversión de la concesión minera al estado.
Según Pacheco, las autoridades departamentales se basan en la resolución 70/2008 de la Superintendecias de Minas, regional Oruro, del viernes 31 de octubre, donde se revierte la concesión minera al estado pero la mencionada resolución es considerada como no ejecutoriada, porque la empresa Comicen interpuso un recurso de revocatoria, el miércoles 12 de noviembre.
Las acciones de los representantes de las prefecturas de Oruro y Cochabamba, están ocasionando -según la Comicen- restricciones al derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad jurídica.
CORTE SUPERIOR
El Amparo Constitucional fue admitido por la Corte Superior del Distrito de Oruro, el jueves 4 de diciembre.
El Presidente de la Sala Civil Segunda, Felix Lafuente Aspiazu, ordenó la notificación de los imputados, para audiencia pública pasado las 48 horas, como también al Superintendente Departamental de Minas, Eufronio Cóndez Araníbar.
“Han labrado y firmado un convenio interinstitucional (…) mediante el cual sin competencia ni respaldo legal, para ello determinan la distribución de los puestos de trabajo en concesión minera Santa María y la consiguiente intervención de la misma, atentando directamente contra nuestro derecho al trabajo, a la propiedad y a la seguridad jurídica” afirmó el representante legal de la Comicen, Jorge Augusto Pacheco Sandoval.
Mediante el Amparo Constitucional, la Comicen pide a la Corte Superior de Distrito de Oruro, se declare “ilegal y sin efectos jurídicos”, la resolución de convenio interinstitucional firmado en Cochabamba el miércoles 27 de noviembre. Asimismo que las autoridades mencionadas deben “abstenerse a realizar actos de disposición sobre la administración de la concesión minera Santa María por estar viciados de nulidad los mismos”, también el “cese a las amenazas y desprestigio público infundado contra Comicen”.
El recurso fue presentado el martes 2 de diciembre, observando el convenio firmado entre ambas prefecturas el miércoles 27 de noviembre en Cochabamba, donde se estipula la distribución de mineros que trabajarán en la empresa en partes iguales y se sostiene la reversión de la concesión minera al estado.
Según Pacheco, las autoridades departamentales se basan en la resolución 70/2008 de la Superintendecias de Minas, regional Oruro, del viernes 31 de octubre, donde se revierte la concesión minera al estado pero la mencionada resolución es considerada como no ejecutoriada, porque la empresa Comicen interpuso un recurso de revocatoria, el miércoles 12 de noviembre.
Las acciones de los representantes de las prefecturas de Oruro y Cochabamba, están ocasionando -según la Comicen- restricciones al derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad jurídica.
CORTE SUPERIOR
El Amparo Constitucional fue admitido por la Corte Superior del Distrito de Oruro, el jueves 4 de diciembre.
El Presidente de la Sala Civil Segunda, Felix Lafuente Aspiazu, ordenó la notificación de los imputados, para audiencia pública pasado las 48 horas, como también al Superintendente Departamental de Minas, Eufronio Cóndez Araníbar.
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