El 36,4 por ciento de los 3.500 trabajadores de Sinchi Wayra ha recibido hasta el momento cartas de preaviso, invitaciones al retiro voluntario o simplemente fueron despedidos debido a la crisis y caída de precios que afecta a la actividad del subsuelo.
Según los sindicatos de la empresa, al menos 1.277 mineros están en la cuerda floja.
En un reporte de la red ATB, los trabajadores mineros de Oruro pidieron que el control de la empresa minera pase a sus manos para aplicar un plan social administrativo que evite más despidos. El Gobierno dijo hace dos meses que Bolivia estaba “blindada” contra la crisis.
El secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, César Lugo, el miércoles firmó un acta de entendimiento con la Gerencia General de la empresa y la Prefectura de Potosí para iniciar el diálogo el 12 de enero; al menos hasta ese día los retiros quedaron congelados.
El representante del distrito minero de Colquiri Cecilio Gonzales informó que durante la mañana del jueves 25 las cartas de preaviso para echarlos fueron entregadas a 15 trabajadores casa por casa. Sin embargo, éstas fueron devueltas a la Gerencia.
El secretario ejecutivo de los trabajadores de la mina Bolívar, Juan Rocha Zurita, informó que la empresa ha solicitado el retiro voluntario de 110 trabajadores en el marco del plan de emergencia que quiere ejecutar.
La minera tiene 11 operaciones, de las cuales seis y una generadora que tenía 50 trabajadores se encuentran en conflicto y al menos dos paralizaron labores.
La Prensa intentó comunicarse con la Gerencia de Glencore, propietaria de Sinchi Wayra, en La Paz, pero en sus oficinas nadie contestó.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, informó que a la fecha esa cartera de Estado sólo tiene registrados a 1.000 trabajadores en la minería con cartas de preaviso o de despido.
Sinchi Wayra es la segunda empresa minera de Bolivia, después de San Cristóbal, en producción de zinc, estaño, oro y plata. Desde 2005 pertenece a la suiza Glencore, antes fue propiedad de Comsur S.A., del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Tiene operaciones en 11 minas, las más importantes son Bolívar, con 480 mineros, y Colquiri, con 460. Su página web señala que la empresa tiene 3.500 trabajadores. Según datos de la Cámara de Exportadores de La Paz, sus ventas al exterior cayeron en 24 por ciento entre septiembre de 2007 y este año. La crisis financiera mundial que redujo la importación de materias primas golpeó sus mercados de exportación (Japón, Corea del Sur, Chile, Perú).
La crítica situación internacional provocó la caída en el precio internacional del estaño de 11,6 dólares la libra fina (16 de mayo) a menos de cinco dólares en la actualidad. El zinc cayó en más del 50 por ciento (de un dólar a 0,49 dólares el 24 de diciembre). Los dirigentes de Colquiri, Porco y Bolívar advirtieron que todos los mineros se declararon en estado de emergencia porque la empresa inició una política de austeridad imponiendo la vacación colectiva, la reducción de personal, el incremento de la jornada a 12 horas diarias y el descuento en 15 por ciento de los salarios. El ingreso más bajo en la mina Colquiri, de 1.440 bolivianos mensuales, es de un peón, quien con el descuento dejaría de percibir 216 bolivianos. La retribución de un trabajador de mina es de 4.000 bolivianos, con la rebaja sólo cobraría 3.400 bolivianos. La situación en Bolívar es similar: el salario promedio es de 2.000 a 3.000 bolivianos. Si se acepta el pedido, el monto se reducirá en hasta 450 bolivianos. En un informe de radio Pío XII de la Red Erbol, el prefecto de Oruro, Alberto Luis Aguilar, advirtió que no permitirá esas prácticas en contra de los trabajadores porque son injustificadas, además anunció que pedirá un informe a Sinchi Wayra para conocer su situación real.
Delgadillo dijo que el plan de la empresa no es legal a menos que se logre un acuerdo con los trabajadores.
El 11 de diciembre, La Prensa informó de 50 trabajadores despedidos por Sinchi Wayra de su proveedora de energía Aroifilla y el aviso de cierre de la mina Totoral, que tiene 120 mineros.
Ayer se conoció que el 31 de enero serán despedidos 140 trabajadores en la mina Poopó, donde les obligaron a tomar una vacación colectiva. En el ingenio Don Diego no hay actividad desde hace 15 días y 70 trabajadores están sin empleo. Ante la situación, Delgadillo dijo que el Gobierno prepara un plan de empleos de emergencia para el siguiente año que se abarcará infraestructura caminera y el plan de vivienda.
Otros países de la región ya tienen proyectos de reactivación económica. En Argentina se destinarán 32.600 millones de dólares a infraestructura hasta 2011, en Brasil se liberarán 50.000 millones de dólares para garantizar liquidez en la banca, en Perú existe un plan anticrisis de 13,2 millones.
Producción industrial cae en Japón en noviembre
El Gobierno de Japón informó que su producción industrial en las minas y fábricas disminuyó en 8,1 por ciento en noviembre.
El diario de Estados Unidos Wall Street Journal informa que las cifras del país asiático muestran la rapidez con la que el debilitamiento económico está agravando la recesión.
La lectura marca el mayor descenso desde que el Gobierno empezó a publicar cifras comparables, en febrero de 1953.
Además refleja el segundo mes consecutivo de caídas tras el retroceso del 3,1por ciento en octubre. Los economistas consultados por Dow Jones habían proyectado una contracción del 6,7 por ciento.
Las principales empresas exportadoras, como las fabricantes de autos, maquinaria general y piezas electrónicas, redujeron su producción a medida que las exportaciones registraban una caída interanual récord del 26,7 por ciento en noviembre.
El economista de Shinko Research Institute Norio Miyagawa dijo que “las grandes (empresas) manufactureras están siendo forzadas a reducir su producción, lo que significa que es inevitable que las más pequeñas dejen de operar” durante los próximos meses.
Además, el crecimiento de los precios al consumidor experimentó en noviembre su desaceleración más pronunciada desde la primavera de 1981, a medida que los costos de los alimentos y la energía descendían en todo el mundo. Las empresas manufactureras esperan que su producción disminuya un 8 por ciento en diciembre, lo que constituiría la mayor caída desde el descenso del 11,1 por ciento del periodo octubre-diciembre. Para enero, las empresas predicen una contracción del 2,1 por ciento.
Se despilfarró y no se invirtió
Según los sindicatos de la empresa, al menos 1.277 mineros están en la cuerda floja.
En un reporte de la red ATB, los trabajadores mineros de Oruro pidieron que el control de la empresa minera pase a sus manos para aplicar un plan social administrativo que evite más despidos. El Gobierno dijo hace dos meses que Bolivia estaba “blindada” contra la crisis.
El secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, César Lugo, el miércoles firmó un acta de entendimiento con la Gerencia General de la empresa y la Prefectura de Potosí para iniciar el diálogo el 12 de enero; al menos hasta ese día los retiros quedaron congelados.
El representante del distrito minero de Colquiri Cecilio Gonzales informó que durante la mañana del jueves 25 las cartas de preaviso para echarlos fueron entregadas a 15 trabajadores casa por casa. Sin embargo, éstas fueron devueltas a la Gerencia.
El secretario ejecutivo de los trabajadores de la mina Bolívar, Juan Rocha Zurita, informó que la empresa ha solicitado el retiro voluntario de 110 trabajadores en el marco del plan de emergencia que quiere ejecutar.
La minera tiene 11 operaciones, de las cuales seis y una generadora que tenía 50 trabajadores se encuentran en conflicto y al menos dos paralizaron labores.
La Prensa intentó comunicarse con la Gerencia de Glencore, propietaria de Sinchi Wayra, en La Paz, pero en sus oficinas nadie contestó.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, informó que a la fecha esa cartera de Estado sólo tiene registrados a 1.000 trabajadores en la minería con cartas de preaviso o de despido.
Sinchi Wayra es la segunda empresa minera de Bolivia, después de San Cristóbal, en producción de zinc, estaño, oro y plata. Desde 2005 pertenece a la suiza Glencore, antes fue propiedad de Comsur S.A., del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Tiene operaciones en 11 minas, las más importantes son Bolívar, con 480 mineros, y Colquiri, con 460. Su página web señala que la empresa tiene 3.500 trabajadores. Según datos de la Cámara de Exportadores de La Paz, sus ventas al exterior cayeron en 24 por ciento entre septiembre de 2007 y este año. La crisis financiera mundial que redujo la importación de materias primas golpeó sus mercados de exportación (Japón, Corea del Sur, Chile, Perú).
La crítica situación internacional provocó la caída en el precio internacional del estaño de 11,6 dólares la libra fina (16 de mayo) a menos de cinco dólares en la actualidad. El zinc cayó en más del 50 por ciento (de un dólar a 0,49 dólares el 24 de diciembre). Los dirigentes de Colquiri, Porco y Bolívar advirtieron que todos los mineros se declararon en estado de emergencia porque la empresa inició una política de austeridad imponiendo la vacación colectiva, la reducción de personal, el incremento de la jornada a 12 horas diarias y el descuento en 15 por ciento de los salarios. El ingreso más bajo en la mina Colquiri, de 1.440 bolivianos mensuales, es de un peón, quien con el descuento dejaría de percibir 216 bolivianos. La retribución de un trabajador de mina es de 4.000 bolivianos, con la rebaja sólo cobraría 3.400 bolivianos. La situación en Bolívar es similar: el salario promedio es de 2.000 a 3.000 bolivianos. Si se acepta el pedido, el monto se reducirá en hasta 450 bolivianos. En un informe de radio Pío XII de la Red Erbol, el prefecto de Oruro, Alberto Luis Aguilar, advirtió que no permitirá esas prácticas en contra de los trabajadores porque son injustificadas, además anunció que pedirá un informe a Sinchi Wayra para conocer su situación real.
Delgadillo dijo que el plan de la empresa no es legal a menos que se logre un acuerdo con los trabajadores.
El 11 de diciembre, La Prensa informó de 50 trabajadores despedidos por Sinchi Wayra de su proveedora de energía Aroifilla y el aviso de cierre de la mina Totoral, que tiene 120 mineros.
Ayer se conoció que el 31 de enero serán despedidos 140 trabajadores en la mina Poopó, donde les obligaron a tomar una vacación colectiva. En el ingenio Don Diego no hay actividad desde hace 15 días y 70 trabajadores están sin empleo. Ante la situación, Delgadillo dijo que el Gobierno prepara un plan de empleos de emergencia para el siguiente año que se abarcará infraestructura caminera y el plan de vivienda.
Otros países de la región ya tienen proyectos de reactivación económica. En Argentina se destinarán 32.600 millones de dólares a infraestructura hasta 2011, en Brasil se liberarán 50.000 millones de dólares para garantizar liquidez en la banca, en Perú existe un plan anticrisis de 13,2 millones.
Producción industrial cae en Japón en noviembre
El Gobierno de Japón informó que su producción industrial en las minas y fábricas disminuyó en 8,1 por ciento en noviembre.
El diario de Estados Unidos Wall Street Journal informa que las cifras del país asiático muestran la rapidez con la que el debilitamiento económico está agravando la recesión.
La lectura marca el mayor descenso desde que el Gobierno empezó a publicar cifras comparables, en febrero de 1953.
Además refleja el segundo mes consecutivo de caídas tras el retroceso del 3,1por ciento en octubre. Los economistas consultados por Dow Jones habían proyectado una contracción del 6,7 por ciento.
Las principales empresas exportadoras, como las fabricantes de autos, maquinaria general y piezas electrónicas, redujeron su producción a medida que las exportaciones registraban una caída interanual récord del 26,7 por ciento en noviembre.
El economista de Shinko Research Institute Norio Miyagawa dijo que “las grandes (empresas) manufactureras están siendo forzadas a reducir su producción, lo que significa que es inevitable que las más pequeñas dejen de operar” durante los próximos meses.
Además, el crecimiento de los precios al consumidor experimentó en noviembre su desaceleración más pronunciada desde la primavera de 1981, a medida que los costos de los alimentos y la energía descendían en todo el mundo. Las empresas manufactureras esperan que su producción disminuya un 8 por ciento en diciembre, lo que constituiría la mayor caída desde el descenso del 11,1 por ciento del periodo octubre-diciembre. Para enero, las empresas predicen una contracción del 2,1 por ciento.
Se despilfarró y no se invirtió
Mientras duró el auge de los precios de los minerales, las empresas mineras no lo aprovecharon para crear fondos de estabilización o invertir en exploración de nuevas minas y sólo despilfarraron los ingresos.
Así grafican la situación de la minería boliviana un analista y trabajadores mineros de la empresa Sinchi Wayra.
Los dirigentes Cecilio Gonzales, de la mina Colquiri, y Juan Rocha, de Bolívar, opinaron que la empresa tuvo buenas utilidades en tres años de precios altos y que no es justo que ahora que las cotizaciones cayeron quiera cubrirse las pérdidas con el despido de los trabajadores. “Están queriendo relocalizar como en 1985”.
Por su parte, el ex ministro de Minería Jorge Espinoza dijo que, aunque la caída del precio no estaba prevista, el problema fue que el ciclo de precios altos fue muy corto y ahora las empresas quieren recuperarse explotando las minas al máximo, causando una caída fuerte en la ley de cabeza (pureza del mineral). Además, los recursos que generaron las empresas debieron invertirse en desarrollar la minería mediante la exploración para tener nuevos yacimientos, elevar la ley de los minerales y subir la producción. Sin embargo, dijo que la situación política perjudicó la atracción de capitales.
Apuntes
La crisis de la minería afectó a trabajadores mineros, cooperativistas, ingenios y exportadores.
En el sector de las cooperativas mineras se registró el paso de los mineros a la agricultura.
En Potosí cerraron 11 ingenios hasta diciembre de este año por la crisis de los precios.
Las exportaciones tuvieron sus efectos en el cierre de mercados, como el de Bélgica.
La estatal metalúrgica Vinto también afronta una crisis en la venta del estaño que produce.
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