Como se observe el tema, no hay respeto a la propiedad privada si no existe la suficiente seguridad jurídica y si esta última no funciona, la propiedad privada es objeto de avasallamientos, ocupaciones indebidas, ultraje a personas, deterioro de bienes y posicionamiento indebido, bajo el amparo de ciertas normas que se quieren aprovechar para “justifica” lo que ni siquiera el Gobierno admite como legales.
Varios casos se han presentado en este tema de alterar propiedades privadas so pretexto de “castigar” o aplicar “justicia comunitaria” a opositores a la línea oficial del Gobierno que sufren las contingencias de la “ira comunitaria” que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, sin que exista una oportuna intervención de las fuerzas del orden para evitar desmanes y en algunos casos poniendo en riesgo la vida de personas, sobrepasando de tal modo las leyes y los derechos vigentes que amparan la propiedad privada y el derecho a la vida de todos los ciudadanos.
Más allá de los casos que se producen con alarmante frecuencia y que trascienden fuera de nuestra fronteras, hay otros tantos que simplemente se ventilan en estrados judiciales departamentales, algunos que por el tiempo de su trámite y las contingencias de cada caso pasaron a los tribunales mayores en Sucre, la mayoría de otros hechos se minimizan con algunos argumentos políticos desfigurando el sentido de gravedad que tienen los avasallamientos a propiedades mineras.
A propósito del tema y a raíz de la inseguridad jurídica la imagen de Bolivia en el exterior ha sufrido un profundo “bajón” como refirieron algunos políticos, al lamentar coincidentemente con empresarios, que las inversiones han disminuido debido a las condiciones poco aceptables para incorporar capitales a los sistemas productivos del país, especialmente en el rubro de la minería e inclusive de los hidrocarburos. En buen cantar, la falta de inversiones en los principales rubros de exportaciones como la minería y el gas, en el caso nuestro, significa un factor limitante en la diversificación de otras actividades con la creación de fuentes de empleo y a través de actividades seguras, la creación de riqueza para el Estado y para sus habitantes.
No hay argumentos válidos para justificar los atropellos, entendiendo que la propia Constitución Política del Estado (la nueva comunitaria), reconoce el derecho de las personas a la vida y a la propiedad privada, por tanto deberían extremarse recursos para preservar esos atributos y mostrar que en Bolivia se produce el cambio cualitativo que permitirá garantizar las inversiones, con plena garantía de operaciones y respeto a los nuevos emprendimientos que asentados en nuestra nacionalidad, facilitarán los proyectos de crecimiento económico, que cuantitativamente aplicados se convertirán en factores indivisibles de calidad y cantidad para desarrollar nuestras potencialidades.
No se pueden mantener sin soluciones legales y equitativas problemas de avasallamientos a propiedades mineras, varios casos que se ventilan en juzgados sin soluciones concretas debido a las presiones que ejercen movimientos comunitarios y la defensa que asumen, propietarios despojados de sus bienes o trabajadores mineros desplazados con sus familiares de sus fuentes de sustento. En nuestro Departamento son varios los casos sin solución, justamente en el distrito que por sus importantes reservas mineralógicas se precisa de seguridades jurídicas para tentar las buenas inversiones que al no encontrar condiciones propicias en éstas latitudes pueden terminar fácilmente favoreciendo a países vecinos, donde las reglas de juego son ampliamente favorables al desarrollo de proyectos mineros. Lo que está ocurriendo con varias propiedades mineras, ocupadas por comunarios, es realmente preocupante como el caso reciente de mina Himalaya a los pies del nevado Illimani, con problemas muy serios que han causado enfrentamientos y hasta un ataque a policías que debían cumplir la misión de restituir esa propiedad a los verdaderos concesionarios que claro está, no son los comunarios de la zona.
Estos hechos nos muestran un panorama de peligrosa arbitrariedad que si no es controlada como corresponde seguirá manteniendo la imagen de incertidumbre e inseguridad que ahuyentan las inversiones del país perjudicando seriamente nuestra economía, vulnerando las leyes vigentes, poniendo en riesgo la vida de mucha gente entre trabajadores y sus familiares, incluyendo a policías que fueron vejados por una turba incontrolable. Todos esperan que retorne la tranquilidad pero sobre todo que se imponga el imperio de la ley y el respeto a la vida y la propiedad privada. La nacionalización por decisión comunitaria, no está en la Constitución ni es admitida por las leyes vigentes. Un tema muy serio para los gobernantes. (Uru – Not)
Varios casos se han presentado en este tema de alterar propiedades privadas so pretexto de “castigar” o aplicar “justicia comunitaria” a opositores a la línea oficial del Gobierno que sufren las contingencias de la “ira comunitaria” que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, sin que exista una oportuna intervención de las fuerzas del orden para evitar desmanes y en algunos casos poniendo en riesgo la vida de personas, sobrepasando de tal modo las leyes y los derechos vigentes que amparan la propiedad privada y el derecho a la vida de todos los ciudadanos.
Más allá de los casos que se producen con alarmante frecuencia y que trascienden fuera de nuestra fronteras, hay otros tantos que simplemente se ventilan en estrados judiciales departamentales, algunos que por el tiempo de su trámite y las contingencias de cada caso pasaron a los tribunales mayores en Sucre, la mayoría de otros hechos se minimizan con algunos argumentos políticos desfigurando el sentido de gravedad que tienen los avasallamientos a propiedades mineras.
A propósito del tema y a raíz de la inseguridad jurídica la imagen de Bolivia en el exterior ha sufrido un profundo “bajón” como refirieron algunos políticos, al lamentar coincidentemente con empresarios, que las inversiones han disminuido debido a las condiciones poco aceptables para incorporar capitales a los sistemas productivos del país, especialmente en el rubro de la minería e inclusive de los hidrocarburos. En buen cantar, la falta de inversiones en los principales rubros de exportaciones como la minería y el gas, en el caso nuestro, significa un factor limitante en la diversificación de otras actividades con la creación de fuentes de empleo y a través de actividades seguras, la creación de riqueza para el Estado y para sus habitantes.
No hay argumentos válidos para justificar los atropellos, entendiendo que la propia Constitución Política del Estado (la nueva comunitaria), reconoce el derecho de las personas a la vida y a la propiedad privada, por tanto deberían extremarse recursos para preservar esos atributos y mostrar que en Bolivia se produce el cambio cualitativo que permitirá garantizar las inversiones, con plena garantía de operaciones y respeto a los nuevos emprendimientos que asentados en nuestra nacionalidad, facilitarán los proyectos de crecimiento económico, que cuantitativamente aplicados se convertirán en factores indivisibles de calidad y cantidad para desarrollar nuestras potencialidades.
No se pueden mantener sin soluciones legales y equitativas problemas de avasallamientos a propiedades mineras, varios casos que se ventilan en juzgados sin soluciones concretas debido a las presiones que ejercen movimientos comunitarios y la defensa que asumen, propietarios despojados de sus bienes o trabajadores mineros desplazados con sus familiares de sus fuentes de sustento. En nuestro Departamento son varios los casos sin solución, justamente en el distrito que por sus importantes reservas mineralógicas se precisa de seguridades jurídicas para tentar las buenas inversiones que al no encontrar condiciones propicias en éstas latitudes pueden terminar fácilmente favoreciendo a países vecinos, donde las reglas de juego son ampliamente favorables al desarrollo de proyectos mineros. Lo que está ocurriendo con varias propiedades mineras, ocupadas por comunarios, es realmente preocupante como el caso reciente de mina Himalaya a los pies del nevado Illimani, con problemas muy serios que han causado enfrentamientos y hasta un ataque a policías que debían cumplir la misión de restituir esa propiedad a los verdaderos concesionarios que claro está, no son los comunarios de la zona.
Estos hechos nos muestran un panorama de peligrosa arbitrariedad que si no es controlada como corresponde seguirá manteniendo la imagen de incertidumbre e inseguridad que ahuyentan las inversiones del país perjudicando seriamente nuestra economía, vulnerando las leyes vigentes, poniendo en riesgo la vida de mucha gente entre trabajadores y sus familiares, incluyendo a policías que fueron vejados por una turba incontrolable. Todos esperan que retorne la tranquilidad pero sobre todo que se imponga el imperio de la ley y el respeto a la vida y la propiedad privada. La nacionalización por decisión comunitaria, no está en la Constitución ni es admitida por las leyes vigentes. Un tema muy serio para los gobernantes. (Uru – Not)
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