Comunarios de Teoponte y Caranavi, en el norte tropical del departamento de La Paz, avasallaron dos minas auríferas y mantienen bajo amenaza de toma a una tercera unidad productiva en la región. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras (Ferreco), Wilfredo Calani, advirtió que sus afiliados están decididos a recuperar por la fuerza sus concesiones.
Las minas afectadas son la Boliviana y Broncini, y la que corre riesgo es 16 de Febrero. El gramo del oro, que llegó a una de sus cotizaciones más altas, alrededor de los 200 bolivianos, es una de las razones de los avasallamientos.
La institución gremial se declaró en estado de emergencia y apronte, en tanto que el Ministerio de Minería busca soluciones a través del diálogo.
El sábado 18, Teoponte será escenario de una asamblea general de cuatro cantones de las provincias Larecaja y Caranavi, oportunidad en la que los comunarios decidirán qué hacer con las minas ahí asentadas.
En las regiones tropicales o subtropicales paceñas, unas 110 cooperativas explotan oro.
La Cooperativa Boliviana desarrolla sus actividades desde 1983 en la comunidad Tomachi, del municipio de Teoponte, pero en 2007, según el presidente de la unidad productiva, Juan Carlos Loayza, los campesinos de la zona avasallaron el campamento de operaciones y vendieron un tanque de combustible, una criba y algunas herramientas.
A fin de superar el problema, los socios ofrecieron tres opciones a los lugareños, quienes todavía no han respondido: cederles una cuadrícula de 25 hectáreas para que la exploten, un porcentaje de las utilidades o diez acciones de la cooperativa para beneficio del pueblo.
La empresa recibió notificaciones el 7 de marzo de este año, firmadas por Genaro Monje Hanco, subalcalde indígena Leco Teoponte, y Sabino Poma García, presidente de la comunidad Tomachi, para que en el plazo de 48 horas abandonen los trabajos, bajo el argumento de que los campesinos son propietarios, según la nueva Constitución, de la tierra y el subsuelo de sus áreas de residencia.
El jefe de la Unidad de Gestión Social y Resolución de Conflictos del Ministerio de Minería, Abenor Alfaro, señaló, a su turno, que la solución para restablecer la normalidad en el norte tropical paceño es el diálogo.
Se realizaron varias reuniones entre comunarios y cooperativistas para evitar el avasallamiento; sin embargo, para restituirla a los concesionarios, dijo que se recurrirá a una negociación, aunque no precisó cuándo ni cómo procederá la concertación entre partes.
Sobre la Cooperativa Broncini, ubicada en el municipio de Caranavi, también avasallada entre el 3 y el 4 de abril, refirió: “Le daremos el mismo tratamiento que se da a la anterior mina. Se hará un acercamiento con cooperativistas y el sector que avasalla” la concesión.
Las labores de esta mina de oro están paralizadas desde que fue intervenida por decisión de la comunidad.
Calani explicó que la Cooperativa 16 de Noviembre se encuentra bajo amenaza de ser tomada, después de que sus socios concluyeran las labores de exploración, prospección y preparación para comenzar a explotar la riqueza aurífera.
Respondió que los cooperativistas están decididos a defender por la fuerza sus concesiones mineras y advirtió que el Gobierno será responsable de un eventual choque violento, pues no ha intervenido como esperaba su gremio.
3 avasallamientos no resueltos por el Ejecutivo
Tres casos ponen de manifiesto que el Gobierno nada hace para devolver a sus propietarios o legítimos concesionarios diversas áreas de trabajo, explotación o residencia familiar: la toma violenta de la hacienda Collana, perteneciente a Pankara Iturralde; la mina Himalaya, legalmente concedida a la empresa minera del mismo nombre, y la casa de campo del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
La hacienda Collana, de 1.600 hectáreas, fue tomada en 2003 por el Movimiento Sin Tierra, que distribuyó el área entre unos 400 comunarios. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) resolvió que el predio sea restituido a su propietaria después de cinco años, aunque el director de este organismo, Juan Carlos Rojas, señaló que se busca dialogar para que los avasalladores abandonen voluntariamente el fundo ubicado en la provincia Aroma. El dirigente de los “sin tierra” Bladimir Machicado respondió que habrá enfrentamiento a la fuerza pública si es necesario.
El 26 de octubre de 2007, comunarios de Hussi y Chotacollo se apoderaron con violencia de la mina Himalaya, situada en la falda posterior del Illimani. A pesar de que existe una resolución de la Superintendencia de Minas para devolver el yacimiento a su concesionario, pero después de un intento policial frustrado de retoma sólo hubo anuncios del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de que el lugar volvería a ser explotado por la mencionada firma privada.
El 7 de marzo, unos 250 comunarios de Huatajata asaltaron un inmueble de 480 metros cuadrados perteneciente a Víctor Hugo Cárdenas, durante una acción en la que familiares suyos fueron agredidos y debieron ser hospitalizados. Pese a los reclamos de Cárdenas, el Ministerio de Gobierno respondió que corresponde a la justicia ordinaria decidir sobre el caso y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, sostuvo que el lote donde está el inmueble pertenece al comunario José Yucra Choquehuanca.
Las minas afectadas son la Boliviana y Broncini, y la que corre riesgo es 16 de Febrero. El gramo del oro, que llegó a una de sus cotizaciones más altas, alrededor de los 200 bolivianos, es una de las razones de los avasallamientos.
La institución gremial se declaró en estado de emergencia y apronte, en tanto que el Ministerio de Minería busca soluciones a través del diálogo.
El sábado 18, Teoponte será escenario de una asamblea general de cuatro cantones de las provincias Larecaja y Caranavi, oportunidad en la que los comunarios decidirán qué hacer con las minas ahí asentadas.
En las regiones tropicales o subtropicales paceñas, unas 110 cooperativas explotan oro.
La Cooperativa Boliviana desarrolla sus actividades desde 1983 en la comunidad Tomachi, del municipio de Teoponte, pero en 2007, según el presidente de la unidad productiva, Juan Carlos Loayza, los campesinos de la zona avasallaron el campamento de operaciones y vendieron un tanque de combustible, una criba y algunas herramientas.
A fin de superar el problema, los socios ofrecieron tres opciones a los lugareños, quienes todavía no han respondido: cederles una cuadrícula de 25 hectáreas para que la exploten, un porcentaje de las utilidades o diez acciones de la cooperativa para beneficio del pueblo.
La empresa recibió notificaciones el 7 de marzo de este año, firmadas por Genaro Monje Hanco, subalcalde indígena Leco Teoponte, y Sabino Poma García, presidente de la comunidad Tomachi, para que en el plazo de 48 horas abandonen los trabajos, bajo el argumento de que los campesinos son propietarios, según la nueva Constitución, de la tierra y el subsuelo de sus áreas de residencia.
El jefe de la Unidad de Gestión Social y Resolución de Conflictos del Ministerio de Minería, Abenor Alfaro, señaló, a su turno, que la solución para restablecer la normalidad en el norte tropical paceño es el diálogo.
Se realizaron varias reuniones entre comunarios y cooperativistas para evitar el avasallamiento; sin embargo, para restituirla a los concesionarios, dijo que se recurrirá a una negociación, aunque no precisó cuándo ni cómo procederá la concertación entre partes.
Sobre la Cooperativa Broncini, ubicada en el municipio de Caranavi, también avasallada entre el 3 y el 4 de abril, refirió: “Le daremos el mismo tratamiento que se da a la anterior mina. Se hará un acercamiento con cooperativistas y el sector que avasalla” la concesión.
Las labores de esta mina de oro están paralizadas desde que fue intervenida por decisión de la comunidad.
Calani explicó que la Cooperativa 16 de Noviembre se encuentra bajo amenaza de ser tomada, después de que sus socios concluyeran las labores de exploración, prospección y preparación para comenzar a explotar la riqueza aurífera.
Respondió que los cooperativistas están decididos a defender por la fuerza sus concesiones mineras y advirtió que el Gobierno será responsable de un eventual choque violento, pues no ha intervenido como esperaba su gremio.
3 avasallamientos no resueltos por el Ejecutivo
Tres casos ponen de manifiesto que el Gobierno nada hace para devolver a sus propietarios o legítimos concesionarios diversas áreas de trabajo, explotación o residencia familiar: la toma violenta de la hacienda Collana, perteneciente a Pankara Iturralde; la mina Himalaya, legalmente concedida a la empresa minera del mismo nombre, y la casa de campo del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
La hacienda Collana, de 1.600 hectáreas, fue tomada en 2003 por el Movimiento Sin Tierra, que distribuyó el área entre unos 400 comunarios. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) resolvió que el predio sea restituido a su propietaria después de cinco años, aunque el director de este organismo, Juan Carlos Rojas, señaló que se busca dialogar para que los avasalladores abandonen voluntariamente el fundo ubicado en la provincia Aroma. El dirigente de los “sin tierra” Bladimir Machicado respondió que habrá enfrentamiento a la fuerza pública si es necesario.
El 26 de octubre de 2007, comunarios de Hussi y Chotacollo se apoderaron con violencia de la mina Himalaya, situada en la falda posterior del Illimani. A pesar de que existe una resolución de la Superintendencia de Minas para devolver el yacimiento a su concesionario, pero después de un intento policial frustrado de retoma sólo hubo anuncios del vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de que el lugar volvería a ser explotado por la mencionada firma privada.
El 7 de marzo, unos 250 comunarios de Huatajata asaltaron un inmueble de 480 metros cuadrados perteneciente a Víctor Hugo Cárdenas, durante una acción en la que familiares suyos fueron agredidos y debieron ser hospitalizados. Pese a los reclamos de Cárdenas, el Ministerio de Gobierno respondió que corresponde a la justicia ordinaria decidir sobre el caso y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, sostuvo que el lote donde está el inmueble pertenece al comunario José Yucra Choquehuanca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario