El Prefecto Alberto Luis Aguilar fue acusado de haberse reunido con el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y jefe departamental de Cochabamba Feliciano Vegamonte para conseguir armamento para comunarios de Huaylluma, quienes avasallaron la mina Santa María, según la parte legal de la Compañía Minera del Centro (Comicen), concesionaria del yacimiento estannífero.
Sin embargo, la autoridad prefectural desestimó las denuncias de que existe una relación con el diputado masista Vegamonte sobre armas y, que el juicio contra su persona ya concluyó, sin la aceptación de la Fiscalía General de la República del caso presentado por la Comicen.
“La Empresa (Comicen) ha interpuesto al prefecto, un proceso por no haber hecho respetar el derecho propietario del yacimiento y la demanda que ha interpuesto ha quedado sin efecto”, mencionó.
El abogado Nino Murillo, de la Comicen, sostuvo que existen las pruebas pertinentes que implican a Aguilar con la toma de la mina en marzo de 2008, que cobró la vida de dos personas.
“Hemos encontrado pruebas más amplias contra el prefecto, porque existen recibos de dinero, de reuniones que tenía sobre armas, dinero para pagar a fiscales, a la Superintendencia y a jueces”, explicó Murillo.
PRENSA
LA PATRIA preguntó al Prefecto sobre una publicación del diario La Prensa sobre el caso de las armas, presuntamente tramitadas por Vegamonte, “No estoy comprometido por las acusaciones y eso refleja más bien a la denuncia del diputado de Cochabamba, en ese tema yo nada que ver”, aseguró.
Por su parte, Murillo reveló que se encontraron recibos para la compra de armas por 90 mil bolivianos y 40 mil bolivianos, firmados y sellados por el diputado Vegamonte, lo cual admite en la publicación de La Prensa del martes 21 de marzo.
El mencionado diputado -sostiene Murillo- recibió en total 120 mil bolivianos para la compra de armas, 40 mil bolivianos para colaborar contra la Empresa Comicen en juicios y para la Superintendencia. “En vez de buscar soluciones (en aquella ocasión) por Oruro y por Cochabamba, se unen contra la empresa (Vegamonte y Aguilar) para matar a orureños y me parece que es un insoluto y un absurdo”, apuntó Murillo.
PROCESO
Sobre la situación del proceso contra Aguilar, el letrado puntualizó que continúa, pero “al tratarse de una autoridad política como es el prefecto y un diputado de la nación, el Ministerio Público no puede tomarlo a la ligera y tiene que encontrar todo tipo de elementos para hacer la acusación”.
Sin embargo, la autoridad prefectural desestimó las denuncias de que existe una relación con el diputado masista Vegamonte sobre armas y, que el juicio contra su persona ya concluyó, sin la aceptación de la Fiscalía General de la República del caso presentado por la Comicen.
“La Empresa (Comicen) ha interpuesto al prefecto, un proceso por no haber hecho respetar el derecho propietario del yacimiento y la demanda que ha interpuesto ha quedado sin efecto”, mencionó.
El abogado Nino Murillo, de la Comicen, sostuvo que existen las pruebas pertinentes que implican a Aguilar con la toma de la mina en marzo de 2008, que cobró la vida de dos personas.
“Hemos encontrado pruebas más amplias contra el prefecto, porque existen recibos de dinero, de reuniones que tenía sobre armas, dinero para pagar a fiscales, a la Superintendencia y a jueces”, explicó Murillo.
PRENSA
LA PATRIA preguntó al Prefecto sobre una publicación del diario La Prensa sobre el caso de las armas, presuntamente tramitadas por Vegamonte, “No estoy comprometido por las acusaciones y eso refleja más bien a la denuncia del diputado de Cochabamba, en ese tema yo nada que ver”, aseguró.
Por su parte, Murillo reveló que se encontraron recibos para la compra de armas por 90 mil bolivianos y 40 mil bolivianos, firmados y sellados por el diputado Vegamonte, lo cual admite en la publicación de La Prensa del martes 21 de marzo.
El mencionado diputado -sostiene Murillo- recibió en total 120 mil bolivianos para la compra de armas, 40 mil bolivianos para colaborar contra la Empresa Comicen en juicios y para la Superintendencia. “En vez de buscar soluciones (en aquella ocasión) por Oruro y por Cochabamba, se unen contra la empresa (Vegamonte y Aguilar) para matar a orureños y me parece que es un insoluto y un absurdo”, apuntó Murillo.
PROCESO
Sobre la situación del proceso contra Aguilar, el letrado puntualizó que continúa, pero “al tratarse de una autoridad política como es el prefecto y un diputado de la nación, el Ministerio Público no puede tomarlo a la ligera y tiene que encontrar todo tipo de elementos para hacer la acusación”.
Agregó que “hemos presentado, por la empresa Comicen, una propuesta acusatoria ante la Fiscalía General de la República, por no acatar una resolución de la Superintendecia de Minas que no ha sido ejecutoriada”.
Asimismo, la Comicen presume que un teniente de la Policía de apellido Castillo, que hoy resguarda la mina, fue el que vendió las armas a los comunarios de Huaylluma. “Es algo insólito que autoridades compren armas para matar a los mismos bolivianos en vez de buscar una solución”, finalizó.
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