Todavía no se define la aplicación de un nuevo Código Minero que compatibilice su contenido con las disposiciones que en materia de minería necesita nuestro país para competir abiertamente con otros altamente productivos y que pese al vaivén de las cotizaciones internacionales en bajada, pueden enfrentar la crisis coyuntural para seguir sus cronogramas de exploración y explotación.
Sin lugar a dudas la caída de precios internacionales de minerales ha ocasionado una serie de problemas a todos los países productores y dependientes en gran parte de la explotación y exportación de minerales. Los mineros privados de Chile, Perú y las empresas dependientes de esos gobiernos han sentido los efectos de una crisis que si bien alteró algunos proyectos no disminuyó su capacidad productiva, al contrario incentivó la aplicación de regulaciones temporales de incentivo a los afectados por el bajón de precios, caso del cobre en Chile y otros minerales en Perú.
En nuestro país se dan algunas coincidencias que sin ser letales para la minería pueden postergar los “prospectos” de alta rentabilidad en tanto no se defina una política nacional de minería, con un Código apropiado a los requerimientos de los industriales mineros medianos, los chicos, los cooperativistas y las empresas que seguirán dependiendo del Estado a través – se dice – de una renovada Comibol.
Dirigentes mineros fueron informados recientemente sobre la propuesta de una nueva “Ley Minera” para la conformación de “corporaciones” para el manejo de los diferentes minerales que producimos caso del estaño, el litio y los salares, hierro, el zinc y otros complejos que administrará un organismo que no será precisamente la vieja Comibol, dadas las condiciones de aplicabilidad de la nueva Constitución Política que deberá ser concordante con la propuesta “ley minera”.
El interesante proyecto refería también la incorporación de una “cadena productiva” en la próxima legislación minera y cuyos eslabones serían los directos “actores que están ligados a la explotación de nuestra riqueza minera”.
Si se está preparando una Ley Minera que sustituya al Código todavía en vigencia es un tema interesante si en un futuro próximo pueda servir para mejorar los índices de producción en base a la captación de inversiones, con una racional aplicación de orden tributario, una equitativa distribución de utilidades compartidas entre el Estado, los inversionistas, los departamentos y hasta los municipios allí donde se ejecuten operaciones mineras de cualquier magnitud.
Lo importante será que profesionales de la materia, ingenieros de minas y metalurgistas, economistas y abogados especializados asuman la responsabilidad de elaborar y “socializar” ese documento, de manera que las partes interesadas tengan la opción de exponer sus puntos de vista y defender sus propuestas si las mismas serán más adelante ingredientes para activar un instrumento minero que sirva a los intereses del país que sostiene su balanza financiera principalmente con los aportes de la minería y los hidrocarburos.
En criterio de los dirigentes de la minería, empresarios o trabajadores se espera un instrumento práctico que priorice el sistema productivo del país, principalmente la minería, como fuente generadora de divisas, empleo y riqueza nacional por tanto que no sea un botín político, como sucedió por ejemplo con la Comibol en los mejores tiempos de la gran minería boliviana.
Sin lugar a dudas la caída de precios internacionales de minerales ha ocasionado una serie de problemas a todos los países productores y dependientes en gran parte de la explotación y exportación de minerales. Los mineros privados de Chile, Perú y las empresas dependientes de esos gobiernos han sentido los efectos de una crisis que si bien alteró algunos proyectos no disminuyó su capacidad productiva, al contrario incentivó la aplicación de regulaciones temporales de incentivo a los afectados por el bajón de precios, caso del cobre en Chile y otros minerales en Perú.
En nuestro país se dan algunas coincidencias que sin ser letales para la minería pueden postergar los “prospectos” de alta rentabilidad en tanto no se defina una política nacional de minería, con un Código apropiado a los requerimientos de los industriales mineros medianos, los chicos, los cooperativistas y las empresas que seguirán dependiendo del Estado a través – se dice – de una renovada Comibol.
Dirigentes mineros fueron informados recientemente sobre la propuesta de una nueva “Ley Minera” para la conformación de “corporaciones” para el manejo de los diferentes minerales que producimos caso del estaño, el litio y los salares, hierro, el zinc y otros complejos que administrará un organismo que no será precisamente la vieja Comibol, dadas las condiciones de aplicabilidad de la nueva Constitución Política que deberá ser concordante con la propuesta “ley minera”.
El interesante proyecto refería también la incorporación de una “cadena productiva” en la próxima legislación minera y cuyos eslabones serían los directos “actores que están ligados a la explotación de nuestra riqueza minera”.
Si se está preparando una Ley Minera que sustituya al Código todavía en vigencia es un tema interesante si en un futuro próximo pueda servir para mejorar los índices de producción en base a la captación de inversiones, con una racional aplicación de orden tributario, una equitativa distribución de utilidades compartidas entre el Estado, los inversionistas, los departamentos y hasta los municipios allí donde se ejecuten operaciones mineras de cualquier magnitud.
Lo importante será que profesionales de la materia, ingenieros de minas y metalurgistas, economistas y abogados especializados asuman la responsabilidad de elaborar y “socializar” ese documento, de manera que las partes interesadas tengan la opción de exponer sus puntos de vista y defender sus propuestas si las mismas serán más adelante ingredientes para activar un instrumento minero que sirva a los intereses del país que sostiene su balanza financiera principalmente con los aportes de la minería y los hidrocarburos.
En criterio de los dirigentes de la minería, empresarios o trabajadores se espera un instrumento práctico que priorice el sistema productivo del país, principalmente la minería, como fuente generadora de divisas, empleo y riqueza nacional por tanto que no sea un botín político, como sucedió por ejemplo con la Comibol en los mejores tiempos de la gran minería boliviana.
HOLA SOY UN JOVEN BOLIVIANO CON MUCHA ESPERANZA EN MI PAIS, ME PARECE QUE LAS LEYES BOLIVIANAS TIENEN QUE GARANTIZAR
ResponderEliminarLAS LEYES DE BOLIVIA TIENEN QUE GARANTIZAR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES, VELANDO POR EL FUTURO DE LA NUEVAS GENERACIONES.
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