Canadiense dejó millonaria mina de oro por altos impuestos en nueva Ley Minera

En Ecuador, la empresa le dijo no al presidente Rafael Correa a una carga impositiva del 70% y abandonó un yacimiento de $us 10.000 millones en reservas y $us 250 millones de inversión.


- Expertos temen que en Bolivia ocurra una réplica del fenómeno ecuatoriano como efecto del intento de COMIBOL de aplicar un sistema impositivo que llegaría al 91% de participación del Estado en las utilidades.

“No gracias”, le dijeron al presidente ecuatoriano Rafael Correa, la semana pasada, los ejecutivos de la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp –la quinta empresa de explotación de oro en el mundo– a un contrato con el 70% de participación para el Estado en las utilidades y anunciaron su retiro del mega proyecto Fruta del Norte que tiene reservas probadas de $us 10.000 millones. Frente a esta situación, expertos bolivianos expresaron su temor de que el fenómeno ecuatoriano se replique en el país debido a la excesiva carga impositiva que la nueva Ley Minera aplicaría a las inversiones externas.

Paul Rollinson, aseguró a Reuter según el periódico digital Notiamérica de Quito que se negó a ceder sobre un impuesto a los ingresos extraordinarios. "A veces el mejor acuerdo es el que no se firma y éste parece ser el caso", señaló. La medida es un "golpe" para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien envió un paquete de reformas a la Ley de Minería, en un intento por destrabar las negociaciones con Kinross y atraer inversión foránea al incipiente sector. La mina Fruta del Norte está ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y alberga reservas estimadas en 6,8 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata.

“Si eso está ocurriendo en Ecuador, una especie de huida de los capitales por la elevación de impuestos hasta el 70%, no es difícil imaginar qué pasará en Bolivia si se aplica la carga impositiva para las inversiones privadas que tienen contratos con Comibol de 67% al 91% si la nueva Ley Minera otorga a la estatal una participación del 55% en las utilidades generadas por operadores privados”, afirmó hoy el analista del sector minero de la Fundación Pazos Kanki, Henry Oporto.

Recientemente el canadiense Glenn Nolan, presidente de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá y jefe indígena de la Primera Nación Missanabie Cree, durante un Coloquio realizado en La Paz dijo que el alto nivel impositivo limitará las inversiones en Bolivia.

Oporto, dijo que lo ocurrido en Ecuador es una señal para Bolivia. “Ni siquiera la decisión de último instante del gobierno ecuatoriano de recaudar este impuesto, luego de que las compañías recuperaran sus inversiones, impidió que Kinross anunciara que abandonaba el proyecto de oro, porque las condiciones tributarias y de precaria seguridad jurídica hacían inviable la explotación, no obstante haber invertido al menos US$ 250 millones en labores exploratorias”.

Explicó que la tasa del 70% se aplicaría cuando el precio supere el valor de US$ 1.700 la onza de oro, al señalar que “lo curioso es que ahora el precio del oro se cotiza en US$ 1.220 y con tendencia a la baja, según muchas previsiones, por lo que, habiendo quedado atrás el ciclo de altos precios en la minería, parece imposible que el precio de este metal vuelva a escalar a los niveles de US$ 1.900 por onza Troy (Septiembre de 2011).

Duro golpe a la credibilidad

En su criterio lo de Kinross propina un duro golpe a la credibilidad de la política ecuatoriana, justo en el momento en que Rafael Correa conseguía la aprobación de reformas a la Ley de Minería de 2009, justificadas, paradójicamente, en el propósito de atraer inversión extranjera.

“La ironía de este caso es que las autoridades ecuatorianas se ufanaban que sus medidas tributarias aportarían la rentabilidad más alta del mundo de la minera con un asombroso 52%. Pero estos funcionarios no repararon en que el 52% de cero es solo cero, como refiere un informe de Analytica Investments de Quito”, dijo.

Situación en Bolivia

Recordó que como en Ecuador, en Bolivia también se prepara el cambio de la legislación minera donde “las autoridades y alguna dirigencia sindical, se empeñan en subir los impuestos, incluyendo una participación de COMIBOL con el 55% de las utilidades en los contratos de esta empresa con operadores privados”.

“Si uno compara esto con la política ecuatoriana –afirmó– se podría decir que incluso ésta última es hasta cierto punto más lógica, puesto que lo suyo es un impuesto adicional a las ganancias extraordinarias, mientras que en Bolivia se quiere cobrar ese 55%, independientemente del tamaño de las ganancias”.

Ya se ha demostrado con datos concretos que a niveles de utilidades normales o moderadas, esa participación del 55% haría que la participación del Estado en la renta minera si sitúe entre el 83 y el 91%, dejando una utilidad neta tan exigua que difícilmente el operador privado tendría margen para poder efectuar inversiones en sus operaciones, recordó Oporto.

Para el coautor del libro “Los dilemas de la minería” el contrasentido es que lo que más aqueja a la minería boliviana es precisamente la falta de inversiones. Si en Ecuador la perspectiva, al parecer frustrada, era desarrollar grandes proyectos mineros, en Bolivia, con excepción de San Cristóbal y en menor medida del proyecto San Bartolomé, no existen emprendimientos mineros de gran escala; las operaciones se cuentan con los dedos de la mano, y provienen de inversiones de hace dos y tres décadas atrás.

Las inversiones no llegarán

“Si alguien tiene la ilusión de que a pesar de los altos impuestos, es posible atraer capital extranjero a Bolivia, especialmente asiático, hay que ver lo que sucede en Ecuador donde también se habla de apostar a la inversión asiática y, sin embargo, pasan los años y no hay inversión, ni asiática, ni norteamericana, ni europea. Y en Bolivia está sucediendo lo mismo. La lección es clara: los inversores son hombres de negocio que no se arriesgarán si las condiciones tributarias, de seguridad jurídica y competitividad son tan desfavorables”, reflexionó.

Señaló que es hora de escuchar la advertencia de los expertos nacionales y extranjeros: “Bolivia se queda sin minas importantes por falta de inversiones. Con un cuadro adverso como el actual, nuestra minería puede quedar reducida a unas pocas empresas estatales de dudosa viabilidad y muchísimas cooperativas y explotaciones informales, la mayoría en trance de sobrevivencia”.