La Procuraduría General del Estado (PGE) de Bolivia respondió a la notificación de arbitraje interpuesta por la transnacional South American Silver (SAS) y aseguró que "no se violó el derecho internacional", informaron este lunes fuentes oficiales.
"Bolivia no violó el derecho internacional ni sus obligaciones bajo el convenio sobre fomento y protección a las inversiones de capital suscrito entre la entonces República de Bolivia con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; al decidir soberanamente revocar las concesiones mineras de la Corporación Minera Mallku Khota (CMMK) y Exploraciones Mineras Santa Cruz Ltda. (Emicruz Ltda.), en Mallku Khota", remarca un boletín institucional de la Procuraduría.
Según el documento, el 1 de agosto de 2012, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 1308, disponiendo la reversión al dominio originario del Estado las autorizaciones transitorias especiales mineras, denominadas Jalsuri, Alkasi, Cobra, Viento, Takhuani, Takhaua, Daniel, Antacuna, Norma y Silluta ubicadas en las provincias Alonso de Ibáñez y Charcas del departamento de Potosí.
Conforme a esa norma, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asumió la administración y desarrollo de toda esa área minera revertida.
Asimismo, ordenó el reconocimiento de las inversiones de CMMK y Emicruz Ltda, cuyo valor será establecido en función a la valuación de una empresa independiente, en el plazo de 120 días hábiles.
Sin embargo, South American Silver notificó de controversia al Estado, el 22 de octubre de 2012, por la reversión de las concesiones mineras de CMMK.
El 30 de abril de 2013, la transnacional remitió formalmente la notificación de arbitraje en contra del Estado, con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) de 2010, y bajo el convenio sobre fomento y protección a las inversiones de capital.
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