Debido a los altos precios internacionales, la explotación del oro atrae 420 de las aproximadamente 700 cooperativas mineras que hay en el país, lo que equivale al 60 por ciento, según registros de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).
Los especialistas Dionisio Garzón y Henry Oporto coinciden en que dejar la explotación aurífera en manos de los cooperativistas es un retroceso debido a que su trabajo es artesanal y están imposibilitadas de hacer grandes inversiones, por lo que ven urgente que el Estado retome el control de la cadena productiva del oro.
Las zonas de explotación minera se concentran en Beni, La Paz y, en menor proporción, en Pando, aunque también se menciona a Santa Cruz.
Para Garzón, la falta de control estatal sobre el trabajo de las cooperativas y su crecimiento se refleja en el hecho de que sólo se conoce el volumen de exportaciones del país, que en 2012 fue de más de 1.200 millones de dólares; pero se desconoce el volumen total de la explotación. Esa es la razón por la que el valor de la producción minera es menor al valor de las manufacturas de oro.
“Está saliendo del país más oro manufacturado que como mineral, ¿de dónde viene el oro para las manufacturas? No hay control sobre la explotación, se produce más de lo que oficialmente se conoce”, observa.
Oporto coincide en que “buena parte” de la explotación es ilegal y además sale de contrabando.
Ante las 420 cooperativas auríferas reportadas por el presidente de la Concobol, Albino García; el viceministro de Cooperativas mineras, Isaac Meneses, reportó más de 600, hace tres meses, lo que demuestra que las entidades de registro no tienen datos compatibilizados.
Garzón dice que no pagar impuestos, no pagar aportes para pensiones de jubilación, ni tener que cumplir con seguridad laboral para los obreros, hace que el negocio sea atractivo para los cooperativistas. Oporto, investigador de la Fundación Pazos Kanki, añade que las cooperativas tampoco pagan patentes a las alcaldías.
Desde abril pasado se volvió a instituir el pago de regalías por la explotación y comercialización de oro de parte de las cooperativas auríferas. Meneses informó que, durante el primer mes de vuelto a poner en vigencia el pago, las cooperativas pagaron alrededor de 20 millones de bolivianos a los gobiernos departamentales donde operan.
Las cooperativas auríferas deben cancelar a la Gobernación que pertenecen una alícuota de 1,5 por ciento por la producción de oro y de 1 por ciento por su comercialización.
Oporto señala que la problemática se hace más compleja si se toma en cuenta que las cooperativas son unidades que trabajan muy artesanalmente, con medios rudimentarios y se ven casi imposibilitadas de emplear tecnología, lo que hace que su producción sea a muy pequeña escala.
“No están en condiciones de operar grandes yacimientos porque no pueden hacer grandes inversiones y no tienen capacidad empresarial”, apunta y añade que el país necesita proyectos a gran escala para generar actividad económica “importante” en torno a la minería y que, además, sea sostenible y no dependa sólo de los altos precios.
Por otra parte, Oporto hace notar que la explotación cooperativa es altamente “depredadora”, a diferencia de las grandes empresas, que están obligadas por el Estado a cumplir con medidas de protección y mitigación ambiental.
García admite que existe la necesidad de incorporar tecnología al trabajo de las cooperativas, pero arguye que su sector no tiene la capacidad económica para hacerlo.
“Son gente que se organiza en cooperativas por necesidad de trabajo y lo primero (en lo que piensan) es cómo sostener a la familia, después está lo demás”, señala.
Afirma que este problema se da sobre todo en las cooperativas nuevas, pues las antiguas han logrado incorporar cierta tecnología; sin embargo, cuando la cotización de los minerales baja, deben prescindir de la maquinaria y retornar al trabajo artesanal para reducir costos.
“El equipo tiene un costo y como no podemos pagar, entonces volvemos a la mano de obra; mientras que las empresas privadas despiden trabajadores”, afirma.
Retomar el control
Ante este panorama, Garzón y Oporto coinciden en que lo primero que el Estado debe hacer es retomar el control total de la cadena de producción del oro.
Garzón apunta que el control comenzó a perderse hace casi 30 años, con la desaparición del Banco Minero, y se consolidó en la década del 90 con la “liberalización” del mercado del oro. Oporto añade que en estos 30 años proliferaron las cooperativas auríferas, pero que el fenómeno se acentuó en los últimos años, debido a que el Gobierno “abandonó” su obligación de ejercer control y, por el contrario, es permisivo con las cooperativas, importantes aliados que ejercen presión política sobre las decisiones estatales.
"De clase mundial"
La empresa minera Inti Raymi, en Oruro, y la mina Don Mario, en Santa Cruz, donde también se hizo una inversión significativa, son señaladas por el investigador de la Fundación Pazos Kanki, Henry Oporto, como las mayores inversiones en explotación del oro hechas en el país.
Aunque no produce oro, suma al grupo a la empresa minera San Cristóbal, en Potosí.
Oporto explica que estos proyectos se denominan “de clase mundial” por el volumen de toneladas de mineral producido y por el valor de la inversión.
El 19 de julio pasado, la mina Don Mario, que era operada por la empresa canadiense Orvana Minerals, anunció el cese de sus operaciones debido al incremento en los costos de producción y la caída de precios de los metales.
A raíz de la suspensión de su trabajo, la empresa prevé un impacto económico de 6,5 millones de dólares, antes de impuestos, en el tercer trimestre de 2013.
EBO no logra consolidarse para controlar contrabando
Falta de presencia en zonas de producción, de recursos económicos, de personal calificado y de información transparente sobre su funcionamiento imposibilitan la consolidación de la Empresa Boliviana del Oro (EBO) para retomar el control estatal de la producción aurífera, según los expertos Dionisio Garzón y Henry Oporto.
La EBO, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), abrió su primera oficina en Riberalta, en 2010, encargada de la recuperación del oro explotado en esa región para evitar que salga de contrabando.
Para Garzón, la EBO es una oficina que registra a los cooperativistas, mineros chicos y da licencias para comercialización, pero todavía no tiene ni capacidad ni estructura para controlar la producción y que no ha logrado sentar presencia en las principales áreas de explotación como Guanay, Teoponte, Mapiri, Conzata o Zongo para “rescatar” la producción y hacerse cargo de las ventas externas, una tarea para la que se necesita asignar recursos suficientes y personal calificado “que conozca del negocio”, señala.
“Debería reemplazar al Banco Minero, que se encargaba de registrar la producción estatal y podía exportar el mineral, reduciendo el riesgo de contrabando”, afirma.
Oporto añade que se sabe muy poco sobre las actividades de la EBO y que no existe información oficial sobre su funcionamiento porque el Gobierno no ha transparentado su trabajo.
“No sé si alguien tiene información objetiva sobre los volúmenes que comercializa, si cumple las normas, es un misterio. No hay cómo evaluar seriamente si aporta o no aporta (a ejercer control); pero no ha frenado la explotación ilegal del oro”, señala.
En abril de 2012, el entonces presidente de la Comibol, Héctor Córdova, reveló que al menos el 50 por ciento de la producción de oro en Bolivia sale de contrabando hacia Perú y Brasil.
Dijo que el contrabando de oro continuaba a pesar de las medidas e incentivos para la explotación legal y su registro.
"Hay grandes zonas auríferas en donde no existe presencia del Estado; esto favorece a la explotación irregular de oro y su contrabando a países vecinos", manifestó entonces Córdova.
Recordó que hace unos años el Gobierno intervino con su presencia en zonas auríferas para atajar el contrabando, como el río Suches, el río Orthon, río Madre de Dios y la Chiquitania, pero admitió que no fue suficiente porque la presencia del Estado es "aún débil".
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