El proyecto de nueva ley minera consolida la participación de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con el 55% en las ganancias por operaciones mineras en el país.
El artículo 127 del documento al que accedió Página Siete señala que “en los contratos de asociación estatal que se suscriban a partir de la vigencia de la presente Ley, las participaciones se acordarán entre partes y en ningún caso la participación de la empresa estatal será inferior al 55% de las utilidades antes de los impuestos a las utilidades de las empresas”.
El parágrafo II de ese artículo complementa que en el caso de “los contratos de arrendamiento o riesgo compartido con actores productivos mineros privados, vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, si las partes acordaren su adecuación a contratos de asociación estatal, estos últimos reflejarán los términos económicos originales, salvo acuerdo entre partes para su modificación”.
El ministro de Minería, Mario Virreira, precisó ayer que el proyecto de ley aún puede sufrir modificaciones en su redacción.
Según las proyecciones que realizaron la minería chica y mediana sobre el régimen impositivo que se quiere imponer con la nueva norma (55% de ganancias para Comibol), el Estado se quedará con una participación del 83 al 91% de las ganancias de la actividad, dependiendo del tipo de proyecto (infograma).
En una operación minera normal (no es fácil explotar el mineral), los gastos operativos en maquinaria, mano de obra, transporte y otros son elevados y llegan al 70% de las ventas brutas. En este caso, si se toma en cuenta el 55% de participación en las ganancias al que aspira el Estado, el 37,5% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, los tributos a las remesas y otros, además de los ajustes por inflación, el porcentaje del Estado o government take llegará a un 91%.
Sin el 55% a favor de Comibol, el país se queda en la actualidad con el 67% de ingresos.
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