El gobierno de Bolivia afirmó (el jueves pasado) que una inminente nueva ley de minería, diseñada para reforzar el papel del Estado en el sector, no afectará a la propiedad de la mayor mina del país, San Cristóbal, que seguirá siendo 100 por ciento del grupo japonés Sumitomo.
Las explotaciones totalmente privadas, que continuarán coexistiendo con minas estatales, mixtas y cooperativizadas, operarán bajo control directo o fiscalización del Gobierno en el nuevo régimen que implicará un fuerte aumento de tributos y de obligaciones de inversión.
"San Cristóbal va a seguir, con toda seguridad, operando de manera privada. Van a seguir habiendo operaciones privadas sin que el Estado participe directamente", dijo a Reuters el viceministro de Minería, Freddy Beltrán.
El funcionario hizo la declaración en medio de la incertidumbre creada por las recientes nacionalizaciones de una mina de estaño y zinc que explotaba el grupo suizo Glencore y de un proyecto de plata, indio y galio que, aún en fase de exploración, controlaba la canadiense South American Silver.
El caso de Sumitomo se enmarca en la creciente relación del gobierno del presidente izquierdista Evo Morales con economías asiáticas a través de millonarios acuerdos con firmas surcoreanas en minería e hidrocarburos, convenios con China para compra de aviones, maquinaria y un satélite, y asistencia tecnológica de Irán.
"No estamos en una política enteramente de nacionalización. No estamos en esa política, estamos revisando los contratos, queremos que los contratos sean de mayor beneficio para el Estado", explicó el viceministro.
Beltrán afirmó que ese es el modelo de estatización decidido por el Gobierno para la minería, que en el 2011 exportó productos por un valor de 3.400 millones de dólares, casi el 40 por ciento de las ventas totales del país.
Las exportaciones bolivianas están lideradas por el bombeo de gas natural a Argentina y Brasil, sector que Morales nacionalizó en su primer año de mandato, el 2006.
A diferencia de lo ocurrido con las dos minas recién nacionalizadas, la nueva ley de minería ordenará el cambio de los actuales contratos de alquiler o riesgo compartido por otros de asociación, que darán al Estado la mayoría accionaria o poderes amplios de fiscalización.
El primero de esos nuevos contratos fue firmado a principios de agosto con Glencore, que de ese modo devolvió al Estado el control de dos minas de estaño, plomo y plata y se comprometió a invertir 105 millones de dólares en cinco años.
San Cristóbal, la mayor productora de plata, zinc y plomo de Bolivia, aportó en el 2000 poco más de la mitad de las exportaciones mineras del país y pagó unos 150 millones de dólares por impuestos y regalías.
El megaproyecto ubicado en el departamento sureño de Potosí cuenta con una reserva de más de 280 millones de toneladas, lo que le daría una vida de al menos 17 años más.
Otra operadora extranjera importante en Bolivia es la estadounidense Coeur D’alene, que explota la segunda mina de plata del país, San Bartolomé, en el famoso Cerro Rico de Potosí.
DOS MESES MÁS
Beltrán dijo que tras dos años de negociación con los operadores públicos y privados, el Gobierno pretende concluir en dos meses la redacción de la nueva ley de minería que subirá "significativamente y en función de los precios internacionales" las actuales regalías de entre un 4 y un 7 por ciento.
Los mineros pagan además un impuesto al valor agregado del 13 por ciento y otro sobre utilidades de hasta 37,5 por ciento.
Beltrán, quien representa al Gobierno en la redacción de la norma, aseguró que Morales optó por la vía del consenso para garantizar una transición ordenada al nuevo régimen.
"El hecho de que tengamos una ley consensuada da seguridad jurídica. Los (mineros) privados, grandes, medianos, pequeños, cooperativistas, estatales, todos estamos de acuerdo con la Ley y vamos a estar de acuerdo en cumplirla, porque la hemos consensuado", sostuvo.
La conciliación de criterios busca también acabar con la toma de minas por parte de indígenas y frecuentes choques entre mineros sindicalizados y mineros cooperativistas.
Una nueva Constitución Política promulgada por Morales en el 2009 establece que las empresas privadas pueden explotar recursos naturales sólo como socios o contratistas subordinados a los intereses del Estado.
Terra. PM
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