Todas las actividades de los privados y de las cooperativas deben migrar a contratos.
Con la aprobación y vigencia de la nueva Ley Minera, se ratificará que todas las concesiones volverán a tuición del Estado y entrarán en vigencia los contratos mineros, informó el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Freddy Beltrán.
Según el actual Código Minero, "una concesión minera es un derecho real, inmueble, transferible, que otorga el Estado al titular con la condición del pago de patentes. Tiene la exclusividad de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella, incluidos los desmontes, escorias, relaves y otros residuos mineros o metalúrgicos".
La autoridad explicó que esta figura propietaria cambiará con la nueva norma jurídica que está en actual preparación.
"Desde que se apruebe la nueva Ley Minera, las empresas van a tener que firmar contratos. Perderán la propiedad que hasta ahora tienen, porque el Estado reasumirá la propiedad".
La Carta Magna reconoce como recursos naturales a los minerales en todos sus estados, por lo tanto son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. El Código Minero, en vigencia, establece que la concesión minera puede ser producto de embargo, prenda, garantía o incluso hereditada, sujeto de crédito en el banco. En gran medida, enajenando los recursos naturales que, según la Constitución son propiedad del Estado y son intransferibles".
El Caso de san cristóbal. El Viceministro dijo que San Cristóbal posee una concesión que tendrá que migrar a la forma de contrato de explotación para regirse a las nuevas normas. No se desconocerá el derecho de la explotación, sino que el Estado tendrá la tuición de fiscalizar toda la cadena productiva. La nueva norma le dará al Estado una mayor capacidad de fiscalización para conocer qué comercializa el control sobre los volúmenes y la ley del mineral.
"Ni San Cristóbal ni otras empresas serán propietarios. Con la nueva ley desaparece el derecho propietario, nadie será dueño de una concesión".
Otra de las políticas de la Constitución es promover la industrialización. Por ello, en los contratos mineros de concesión se exigirá que los empresarios industrialicen los minerales en el país.
Entre los inversores extranjeros, en la minería boliviana, el mayor es Sumitomo, que explota San Cristóbal, uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo, en el que se procesan diariamente 40.000 toneladas de materia prima para producir unas 1.600 toneladas de concentrados minerales.
Coeur D'Alene, otro privado, produce plata y procesa minerales propios y otros producidos por mineros independientes en el complejo San Bartolomé, localizado en el Cerro Rico, aledaño a la ciudad de Potosí.
La Glencore explota cinco minas, la mayoría de plomo, plata y estaño. Estas tres empresas concentran, al menos, dos tercios de las exportaciones mineras bolivianas dominadas por el zinc, que desde el primer semestre de 2010 crecieron en 1.147,83 millones de dólares.
"Estamos en la parte final y todos los artículos han sido consensuados entre todos los sectores involucrados en la actividad minera".
Freddy Beltrán / VICEMINISTRO DE MINERÍA
El decreto supremo 726 señala que las concesiones mineras se transforman automáticamente en autorizaciones transitorias especiales, en tanto se realice la migración de acuerdos con la normativa sectorial que se emitirá.
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