Se trata de inversiones mineras que están en peligro con la aplicación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y que no serán procesadas por la falta de mecanismos de seguridad jurídica que hagan respetar valores y leyes para desarrollar emprendimientos de envergadura en la exploración y posterior explotación de los recursos no renovables ahora “dormidos” en grandes extensiones del territorio nacional.
Si hay algo que contradice la supina idea del Gobierno de desarrollar políticas mineras comenzando por desconocer la capacidad de los profesionales en la materia, insultar a ex gobernantes y ministros del ramo no es la mejor prueba de idoneidad para encarar un proyecto que favorezca el sistema productivo de la gran minería. En este tiempo la diatriba difícilmente podría reemplazar a la tecnología de punta, pero además tampoco podrá sustituir las disposiciones legales exigidas para garantizar grandes versiones en minería.
Con el vuelco que da la NCPE y según lo afirma el Ministro de Hacienda “el Estado tendrá la propiedad y el control de los recursos naturales y será una prioridad la industrialización, para que no se exporten como materia prima”. En el caso de la minería sería un gran avance llegar a la exportación de nuestros minerales con valor agregado, seguramente después de pasar por un proceso metalúrgico que, lamentablemente, todavía no es posible diversificarlo más allá de lo que puede hacerse en Vinto o más adelante quizás en Karachipampa. Por tanto el argumento del ministro no pasa de ser meramente teórico.
El tratamiento de la nueva Constitución explica: “se pretende evitar que las empresas extranjeras tengan condiciones más privilegiadas con relación a los emprendimientos bolivianos, pero se garantizará su inversión”, empero en ninguna otra parte de la teórica apreciación ministerial se aclara de qué manera se lograrán inversiones para el sistema productivo si se limitarán las actividades de las supuestas “empresas –extranjeras– inversionistas”.
Lo cierto es que “el proyecto se ha convertido en uno de poder absoluto. Genera incertidumbre en todos los productores del país porque se evidencia un Estado centralista” de acuerdo a la percepción de los empresarios privados, por tanto “al no poder dejarse en sucesión las áreas de explotación minera se limita la voluntad del titular para realizar grandes inversiones que serán revertidas al Estado”. Esto significa que de momento no hay explicación tácita para asegurar que las futuras inversiones privadas puedan tener seguridades de orden legal para asentar sus capitales y su tecnología en proyectos mineros.
Hay muchas dudas sobre lo que significará “tentar” inversiones en Bolivia, pero las cosas se ponen más tensas cuando se revisan algunos artículos de la CPE como el 351 que señala “las empresas privadas pagarán impuestos y regalías no reembolsables cuando intervengan en la explotación de recursos naturales”. La minería entra directamente en esa limitación que no corría hasta el presente y que puede convertirse en otra traba para inducir capitales externos cuyos propietarios están en la búsqueda permanente de sitios donde puedan asentar sus operaciones, sin riesgos políticos de movimientos sociales.
Lo que está sucediendo en el tiempo actual es de honda preocupación para el sector de los productores en general al evidenciarse que la corriente oficial va hacia la consolidación de un Estado centralista, en el que es muy difícil aplicar la norma de mejorar la producción acudiendo a capitales externos o internos con las garantías correspondientes para impulsar proyectos de rentabilidad.
La experiencia de los productores, los industriales y los profesionales mineros coincide en mencionar las limitaciones legales existentes en el nuevo esquema que no permiten avizorar la habilitación de futuros prospectos mineros, esto es lo que debería preocupar seriamente a las autoridades de minería para responder con claridad a las dudas de los mineros chicos, medianos, asalariados y cooperativistas. Se trata de buscar la verdadera política minera, si la hay.
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