Bolivia, quiérase o no, es un país eminentemente minero, siempre lo fue, su inmensa riqueza desde el portentoso Cerro Rico de Potosí, siguiendo por toda la zona occidental pasando por Oruro y extendiéndose en sus límites por la zona central, siempre marcó una clara definición económica basada en el uso de sus recursos mineralógicos que permitieron la sostenibilidad del Estado, el crecimiento de la Nación y su posicionamiento en el ámbito internacional.
Otros recursos descubiertos más adelante, como los hidrocarburos, alcanzaron determinado auge en periodos especiales pero en ninguna circunstancia pudieron - ni podrán – reemplazar a los minerales aún siendo igualmente no renovables, pero de mayor consistencia y durabilidad en el contexto de su valor y apreciación de ubicación en la superficie territorial del país.
Esta condición reconocida en cualquier esfera de las relaciones externas hace de Bolivia un país exportador de minerales en gran escala, por supuesto sin dejar de lado pero en otras condiciones la exportación de gas, que tiene alguna connotación particular si se trata de sostener la economía nacional. Frente a esa realidad inconfundible de la “Bolivia Minera” es que preocupa la inexistencia de adecuadas políticas que permitan asegurar su exploración, la verificación de potencialidades y la aplicación de programas de explotación para producir divisas y regalías que seguirán sirviendo al Tesoro General de la Nación (TGN) y a los tesoros departamentales donde se ejecutan los proyectos mineros y donde las empresas contribuyen con sus aportes tributarios.
En el último tiempo se habla bastante de la necesidad de exportar nuestros recursos con valor agregado, pero sucede que en materia de metalurgia a nivel nacional sólo es posible lograr tal objetivo con el estaño, cuyos lingotes de alta ley se cotizan con excelentes precios en mercados externos. Otros minerales que aún no pueden ser fundidos se comercializan como “concentrados” y es natural que sus precios sean sólo regulares y no competitivos con los que rigen en países vecinos, donde las políticas de incentivo permiten mejorar los niveles de competencia en materia de costos de producción y precios de exportación.
En la actualidad los planes para actividades mineras por parte del Estado son encomendadas a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que no puede recuperarse desde el impacto del bajón de precios que obligó al cierre de la totalidad de las minas que administraba entonces y de donde se despidió a miles de trabajadores con un programa de “relocalización” que no tuvo la menor intención de “reacomodar” a los mineros despedidos.
Se menciona presupuestos de soporte y se dispone de algunos montos para impulsar ciertos programas pero globalmente la minería como tal no funciona por la falta de adecuadas políticas de incentivo a la producción y no de simples “parches” a problemas sectoriales o marcados como “molestosos” al proceso político vigente, por tanto de simple coyuntura y no soluciones en perspectiva.
No hay explicación comprensible al hecho de saber con absoluta certidumbre el potencial minero que tenemos y las grande oportunidades para hacer de la minería la principal fuente de ingresos para el país y dejar pasar un precioso tiempo como el que perdimos con los precios altos y tampoco esbozar planes alternativos que con seguridad jurídica y estabilidad política permitan encarar verdaderos proyectos de minería sostenible y activa en el sostenimiento de miles de fuentes de empleo directo e indirecto.
En la Comibol todavía se habla de explotar “algunas minas” marginales donde quedaron resabios del pasado, pero no se dice mucho de encarar proyectos específicos de exploración para habilitar nuevos yacimientos de explotación minera, acudiendo – en su caso – a la inversión privada que es la única que podrá solventar todavía por mucho tiempo las actividades productivas de envergadura, incorporando además tecnología de punta.
Un paso importante en la recuperación de seguridad jurídica que garantice y armonice con las buenas intenciones del Gobierno para tratar el caso minero sería la devolución de las minas ocupadas a sus legítimos propietarios para demostrar que no son permitidos los avasallamientos y consiguientemente es posible hacer minería en Bolivia, bajo garantías del Gobierno. (Uru –Not)
Otros recursos descubiertos más adelante, como los hidrocarburos, alcanzaron determinado auge en periodos especiales pero en ninguna circunstancia pudieron - ni podrán – reemplazar a los minerales aún siendo igualmente no renovables, pero de mayor consistencia y durabilidad en el contexto de su valor y apreciación de ubicación en la superficie territorial del país.
Esta condición reconocida en cualquier esfera de las relaciones externas hace de Bolivia un país exportador de minerales en gran escala, por supuesto sin dejar de lado pero en otras condiciones la exportación de gas, que tiene alguna connotación particular si se trata de sostener la economía nacional. Frente a esa realidad inconfundible de la “Bolivia Minera” es que preocupa la inexistencia de adecuadas políticas que permitan asegurar su exploración, la verificación de potencialidades y la aplicación de programas de explotación para producir divisas y regalías que seguirán sirviendo al Tesoro General de la Nación (TGN) y a los tesoros departamentales donde se ejecutan los proyectos mineros y donde las empresas contribuyen con sus aportes tributarios.
En el último tiempo se habla bastante de la necesidad de exportar nuestros recursos con valor agregado, pero sucede que en materia de metalurgia a nivel nacional sólo es posible lograr tal objetivo con el estaño, cuyos lingotes de alta ley se cotizan con excelentes precios en mercados externos. Otros minerales que aún no pueden ser fundidos se comercializan como “concentrados” y es natural que sus precios sean sólo regulares y no competitivos con los que rigen en países vecinos, donde las políticas de incentivo permiten mejorar los niveles de competencia en materia de costos de producción y precios de exportación.
En la actualidad los planes para actividades mineras por parte del Estado son encomendadas a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que no puede recuperarse desde el impacto del bajón de precios que obligó al cierre de la totalidad de las minas que administraba entonces y de donde se despidió a miles de trabajadores con un programa de “relocalización” que no tuvo la menor intención de “reacomodar” a los mineros despedidos.
Se menciona presupuestos de soporte y se dispone de algunos montos para impulsar ciertos programas pero globalmente la minería como tal no funciona por la falta de adecuadas políticas de incentivo a la producción y no de simples “parches” a problemas sectoriales o marcados como “molestosos” al proceso político vigente, por tanto de simple coyuntura y no soluciones en perspectiva.
No hay explicación comprensible al hecho de saber con absoluta certidumbre el potencial minero que tenemos y las grande oportunidades para hacer de la minería la principal fuente de ingresos para el país y dejar pasar un precioso tiempo como el que perdimos con los precios altos y tampoco esbozar planes alternativos que con seguridad jurídica y estabilidad política permitan encarar verdaderos proyectos de minería sostenible y activa en el sostenimiento de miles de fuentes de empleo directo e indirecto.
En la Comibol todavía se habla de explotar “algunas minas” marginales donde quedaron resabios del pasado, pero no se dice mucho de encarar proyectos específicos de exploración para habilitar nuevos yacimientos de explotación minera, acudiendo – en su caso – a la inversión privada que es la única que podrá solventar todavía por mucho tiempo las actividades productivas de envergadura, incorporando además tecnología de punta.
Un paso importante en la recuperación de seguridad jurídica que garantice y armonice con las buenas intenciones del Gobierno para tratar el caso minero sería la devolución de las minas ocupadas a sus legítimos propietarios para demostrar que no son permitidos los avasallamientos y consiguientemente es posible hacer minería en Bolivia, bajo garantías del Gobierno. (Uru –Not)
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