Pobladores de Cocamillupaya, localidad cercana a Sorata (La Paz), intentaron el domingo retomar la mina de oro Lipichi, bajo el argumento de que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) les otorga el derecho propietario y de explotación del yacimiento.
“Con la nueva Constitución, tenemos derecho a explotar la mina (Lipichi), que se encuentra en nuestro territorio y no en otro lugar”, dijo ayer a La Razón Grover Quispe Alegre (18), uno de los cuatro heridos en el enfrentamiento entre campesinos de Cocamillupaya y mineros de Lipichi, en el que también falleció su hermano Freddy (27) y resultó herido su otro hermano, Arturo (21).
El jefe de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de Minería, Abenor Alfaro, manifestó que los Quispe Alegre “intentaron retomar Lipichi con el saldo lamentable de un muerto”. Recordó que en julio del 2007, esta familia tomó la concesión minera, que fue recuperada por sus propietarios hace dos semanas.
En esa fecha, el policía Óscar Huanca murió por cuatro disparos con arma de fuego y seis efectivos resultaron heridos durante el operativo para el desalojo de la mina Lipichi, que había sido tomada por campesinos.
Grover Quispe Alegre relató que el domingo, unos 30 lugareños, incluidos mujeres y niños, marcharon hacia la mina para hablar sobre la posibilidad de trabajar también en el lugar. “Ninguno de los que explotan nuestra riqueza pertenece a la comunidad”. Quispe agregó que ese día no llevaban armas consigo.
Según el artículo 30 de la nueva CPE, los pueblos indígenas tienen derecho “a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios” y a la “consulta previa obligatoria” respecto a la explotación de los mismos.
Sin embargo, según el Gobierno, también se reconocen los derechos preconstituidos de los operadores mineros, sean éstos cooperativas, empresas u otros.
Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, sindicó a Freddy Quispe Alegre de liderar una “banda delincuencial” que opera hace meses para apoderarse de la mina Lipichi.
Señaló que hasta el momento se ha podido establecer que el muerto y los cuatro heridos “son producto de un fuego cruzado entre miembros de la banda”, ya que, aseguró, los mineros solamente portaban dinamita.
“Fuimos sorprendidos por disparos de los mineros que estaban escondidos. Después que me hirieron, me refugié en un cuarto donde fui golpeado y encerrado hasta que la Policía me rescató lunes”, relató Grover Quispe.
Según Alfaro, actualmente la mina está custodiada por 87 policías que permanecerán en el lugar “hasta que se calmen los ánimos”. Mientras, Farfán no descartó recurrir a las Fuerzas Armadas para recuperar la mina a favor de sus trabajadores.
Consultado por este medio, el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), César Lugo, dijo que su sector “condena toda toma de minas y avasallamiento de éstas por campesinos”, algo que “no está contenido en la nueva Constitución”.
De acuerdo con Alfaro, la mina Lipichi fue dada en concesión por el Estado a una empresa de capitales japoneses que luego contrató a la empresa Luzón Minerals Ltda. para explorar el yacimiento. Esta empresa dejó de operar en el lugar desde que se produjo la toma el 2007.
Minería registra 13 conflictos
Según el Ministerio de Minería, a la fecha se registran 13 conflictos mineros en el país entre operadores mineros y comunidades campesinas e indígenas.
De estos 13, tres tienen un grado de conflictividad manifiesta, con enfrentamiento entre las partes y consecuencias violentas. Se trata de los ocurridos en las minas Himalaya, Chacarilla y Lipichi, en La Paz.
El jefe de la Unidad de Gestión Social de ese despacho, Abenor Alfaro, informó ayer que en el caso de la mina Himalaya, tomada hace 16 meses, “las negociaciones están detenidas”.
Agregó que en el caso de Chacarilla, “el asunto está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, instancia que determinará el futuro de la concesión minera. Recordó que el yacimiento fue tomado el jueves por ex cooperativistas de Huanuni, con un saldo de dos personas heridas.
Por último, se refirió a la mina de oro Lipichi, tomada el 2007 y recuperada hace dos semanas. El domingo hubo un intento de retoma por comunarios.
“Con la nueva Constitución, tenemos derecho a explotar la mina (Lipichi), que se encuentra en nuestro territorio y no en otro lugar”, dijo ayer a La Razón Grover Quispe Alegre (18), uno de los cuatro heridos en el enfrentamiento entre campesinos de Cocamillupaya y mineros de Lipichi, en el que también falleció su hermano Freddy (27) y resultó herido su otro hermano, Arturo (21).
El jefe de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de Minería, Abenor Alfaro, manifestó que los Quispe Alegre “intentaron retomar Lipichi con el saldo lamentable de un muerto”. Recordó que en julio del 2007, esta familia tomó la concesión minera, que fue recuperada por sus propietarios hace dos semanas.
En esa fecha, el policía Óscar Huanca murió por cuatro disparos con arma de fuego y seis efectivos resultaron heridos durante el operativo para el desalojo de la mina Lipichi, que había sido tomada por campesinos.
Grover Quispe Alegre relató que el domingo, unos 30 lugareños, incluidos mujeres y niños, marcharon hacia la mina para hablar sobre la posibilidad de trabajar también en el lugar. “Ninguno de los que explotan nuestra riqueza pertenece a la comunidad”. Quispe agregó que ese día no llevaban armas consigo.
Según el artículo 30 de la nueva CPE, los pueblos indígenas tienen derecho “a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios” y a la “consulta previa obligatoria” respecto a la explotación de los mismos.
Sin embargo, según el Gobierno, también se reconocen los derechos preconstituidos de los operadores mineros, sean éstos cooperativas, empresas u otros.
Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, sindicó a Freddy Quispe Alegre de liderar una “banda delincuencial” que opera hace meses para apoderarse de la mina Lipichi.
Señaló que hasta el momento se ha podido establecer que el muerto y los cuatro heridos “son producto de un fuego cruzado entre miembros de la banda”, ya que, aseguró, los mineros solamente portaban dinamita.
“Fuimos sorprendidos por disparos de los mineros que estaban escondidos. Después que me hirieron, me refugié en un cuarto donde fui golpeado y encerrado hasta que la Policía me rescató lunes”, relató Grover Quispe.
Según Alfaro, actualmente la mina está custodiada por 87 policías que permanecerán en el lugar “hasta que se calmen los ánimos”. Mientras, Farfán no descartó recurrir a las Fuerzas Armadas para recuperar la mina a favor de sus trabajadores.
Consultado por este medio, el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), César Lugo, dijo que su sector “condena toda toma de minas y avasallamiento de éstas por campesinos”, algo que “no está contenido en la nueva Constitución”.
De acuerdo con Alfaro, la mina Lipichi fue dada en concesión por el Estado a una empresa de capitales japoneses que luego contrató a la empresa Luzón Minerals Ltda. para explorar el yacimiento. Esta empresa dejó de operar en el lugar desde que se produjo la toma el 2007.
Minería registra 13 conflictos
Según el Ministerio de Minería, a la fecha se registran 13 conflictos mineros en el país entre operadores mineros y comunidades campesinas e indígenas.
De estos 13, tres tienen un grado de conflictividad manifiesta, con enfrentamiento entre las partes y consecuencias violentas. Se trata de los ocurridos en las minas Himalaya, Chacarilla y Lipichi, en La Paz.
El jefe de la Unidad de Gestión Social de ese despacho, Abenor Alfaro, informó ayer que en el caso de la mina Himalaya, tomada hace 16 meses, “las negociaciones están detenidas”.
Agregó que en el caso de Chacarilla, “el asunto está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, instancia que determinará el futuro de la concesión minera. Recordó que el yacimiento fue tomado el jueves por ex cooperativistas de Huanuni, con un saldo de dos personas heridas.
Por último, se refirió a la mina de oro Lipichi, tomada el 2007 y recuperada hace dos semanas. El domingo hubo un intento de retoma por comunarios.
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