El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, está preocupado por el impacto que podrían significar los nacientes conflictos entre las comunidades y la instalación de empresas en sus territorios. Con una población más empoderada, una escalada de reclamos podría implicar no sólo la paralización de proyectos sino que también el riesgo de debilitar la certeza jurídica.
Por ello la autoridad aprovechó el escenario que le otorgó la Sofofa para indicar que perfeccionarán la legislación: "debemos lograr que las controversias que surjan en las comunidades en relación a proyectos de inversión, se resuelvan a través del entendimiento y, cuando esto no ocurra, se resuelvan a través de instancias especializadas"; dijo.
En el ministerio están explorando la posibilidad de que estas controversias sean resueltas por un tribunal especializado y no por la justicia ordinaria que muchas veces no cataliza el contexto de sus decisiones. Como lo que ocurrió con Pelambres la semana pasado cuando se resuelve que la minera debe "demoler" el muro del tranque ante las quejas ciudadanas.
El diagnóstico del Gobierno es que "el conjunto de acciones posesorias" o sea lo que dice relación con conservar o recuperar la posesión de bienes raíces, incorporadas en el Código Civil, responden a la realidad del siglo XIX, donde los jueces decidían casi todos los asuntos. Contemplan, por ello, traspasar estos conflictos a los tribunales ambientales cada vez que un proyecto de inversión cuestionado haya obtenido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La fórmula que explora el Gobierno ha sido esbozada en diversas entrevistas por el abogado y académico de la U. de Chile, Luis Cordero, que analizó el comportamiento de la justicia en el Caso Pelambres: "el sistema judicial no está hecho para solucionar problemas de políticas públicas"; señaló.
Obviamente este tipo de conflictos judicializados no ayuda a la confianza de los agentes.
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