Un planteamiento formal por parte del empresariado nacional al Gobierno, consiste en lograr incentivos tributarios y laborales para la atracción de capitales nacionales e internacionales en la visión de mejorar los sistemas productivos, especialmente los que corresponden a hidrocarburos y minería.
El ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb) plantea al Gobierno la aplicación de algunas medidas especiales como las que conceden países vecinos a los inversionistas y que consisten en estímulos tributarios e incentivos laborales.
Con medidas de ese orden Perú, Chile y Argentina han logrado captar una serie de fuertes inversiones justamente en los rubros de la actividad minera y su avance hacia la industrialización, el caso del litio por ejemplo en Chile como Argentina, en tanto que se abrió marcado interés en el caso del Perú en los rubros del oro, zinc y cobre.
Está claro que al existir estímulos tributarios los inversores se interesan en la "colocación de capitales", sabiendo que existen seguridades jurídicas y que las posibilidades de hacer negocios para recuperar inversiones y lograr utilidades, pues de eso se trata al establecer negocios productivos.
En el caso de los hidrocarburos no hay muchos problemas, pues la política productiva del rubro considera importante dar facilidades a inversionistas de modo que se impulsen las tareas de exploración y explotación de estos recursos, especialmente los gasíferos.
En cambio en el rubro de la minería prevalecen otras condiciones, para empezar, no se terminó la elaboración de una reglamentación a la Ley Minera y menos lo que corresponde a una escala tributaria, incluyendo el régimen de las regalías y algunas obligaciones conexas a la explotación de recursos naturales.
Sin esas reglas de juego es difícil tentar a inversionistas, pues frente a la incertidumbre reinante en los altamente sensibles aspectos de garantías y tributos, será muy complicado establecer relaciones comerciales de orden societario u otras formas de asociación con inversionistas.
Los empresarios privados señalan que para la aplicación de la nueva Ley de Promoción de Inversiones se espera la aprobación de la Ley de Conciliación y Arbitraje con el propósito efectivo de atraer inversiones que sean nacionales o extranjeras y que se arriesguen a invertir en sectores estratégicos, como hidrocarburos y minería que actualmente están siendo explotados sólo por el Estado boliviano.
Hay un aspecto que merece aclaración sobre lo considerado, es que el Proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje establece que "los contratos suscritos entre el Estado boliviano y las compañías privadas, nacionales o extranjeras, en los sectores de hidrocarburos, minería y energía deberán resolverse mediante un régimen especial de controversias que regirá bajo las leyes bolivianas", se trata de una situación anunciada pero no resuelta.
En todo caso se esperan algunas medidas "colaterales" que permitan abrir una puerta más sencilla para la captación de recursos, tomando en cuenta que en el momento actual la minería necesita de atención urgente y de emergencia para sostenerse y ampliarse en condiciones satisfactorias. Es cuestión de dar toques finales al reglamento de la Ley Minera y definir la escala tributaria, ojala fuera con incentivos las garantías del caso y los incentivos de atracción y competencia.
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