Nuestro país está atravesando por un periodo de crisis debido a las bajas cotizaciones de nuestras materias primas, especialmente las que se califican como "recursos naturales, no renovables", hidrocarburos y minerales.
Si bien el problema no es radicalmente nacional, más bien tiene connotación latinoamericana su efecto sin embargo se siente en unos países más que en otros dependiendo del grado de economía sustentable en cada caso, por lo mismo en el caso nuestro las contingencias pueden ser más benignas, dadas las condiciones en que se desenvuelve nuestra economía con un importante respaldo del ahorro estratégico que puede ser utilizado en función de las necesidades de emergencia.
Se ha vivido un periodo prolongadamente bonancible, gracias a las ventas de nuestras materias primas con precios excepcionales, hecho que en países vecinos sirvió para asegurar "fondos de emergencia" que tendrán uso especial cuando así lo requieran las circunstancias de emergencia, situación que no fue tomada en cuenta en el caso boliviano que dejó pasar el tiempo de buenos precios sin "rescatar" nada para los tiempos malos.
En ese marco está la minería, prácticamente en desamparo, como calificó a la situación actual un ex dirigente sindical, señalando que si no se disponen recursos extraordinarios, puede darse un colapso en la minería estatal que está en condiciones de mayor dependencia de un soporte (estatal) que de su propio rendimiento.
El reto
fundamental
Dadas las condiciones del presente y que pueden prolongarse por un periodo indefinido, hay que asumir responsabilidades que se ajusten a la realidad, que no es otra que la urgencia de captar inversiones para desarrollar los proyectos de orden prioritario como la prospección y exploración de nuevos yacimientos.
El reto fundamental de nuestra minería es reemplazar las casi agotadas minas por nuevos yacimientos, configurando un nuevo proyecto con alta tecnología que a su vez exige una fuerte inversión y el respaldo de empresas que estén en la materia y cuya experiencia facilite el logro de metas concretas.
El Gobierno, en su lineamiento político, trata de evitar compromisos de inversión con empresas transnacionales, especialmente las más fuertes que tienen ascendencia norteamericana en algunos casos, u otras provenientes de Europa y ahora con ciertas ventajas surgen propuestas de países asiáticos interesados en lograr asociaciones productivas. Hay otros inversionistas que tienen los recursos financieros y tecnología de punta, trabajan en países vecinos y tienen algunas dudas para promover inversiones, cuando todavía no se dan las condiciones apropiadas de seguridad para acometer grandes emprendimientos.
Parece que ahí está el doble problema, por una parte la carencia de un instrumento legal, en este caso la Ley Minera, que regule y garantice la participación privada extranjera en proyectos mineros de alto rendimiento y en otros menores que sean tentadores por sus características de producción.
El otro problema tiene que ver directamente con la posición ideológica política que se asume, en "defensa de los recursos naturales", pero posponiendo los intereses de la comunidad boliviana que necesita avances pragmáticos en el desarrollo de programas para ubicar, explotar y comercializar en las mejores condiciones nuestra riqueza minera.
Transformación técnica
El país está demorando bastante tiempo en poner en marcha por ejemplo los proyectos de recursos evaporíticos de los salares, concretamente del litio en la zona occidental, en tanto que igualmente queda como parte de buenas intenciones la explotación del hierro en el Mutún y su transformación en acero.
La realidad del país en materia minera, es que se necesita modernizar todo el proceso, desde la prospección, asegurar la exploración y tener las condiciones más propicias en todas las fases de la cadena productiva, para avanzar hacia la transformación de la producción de materia prima, de simples concentrados minerales a metales que sean la base de nuevas industrias nacionales, pues de eso debería tratarse la transformación de nuestra minería.
Si bien el Gobierno puede solventar parte de este proceso de cambio estructural, no es menos cierto que se lograrían avances cualitativos y cuantitativos, doble efecto real y práctico, para posicionar nuestra minería en los niveles de alta competitividad, primero con los países vecinos y más adelante entrando en los mercados de la gran industria competitiva.
El tema y lo reconocen los expertos, así como se plantea en la visión realista y progresista, todavía es parte de la utopía nacional pero no imposible de convertirse en realidad si se dan los primeros pasos justamente en un periodo crítico que exige soluciones estructurales para evitar un parcial colapso por lo menos en parte importante del sector minero.
Hay que romper la idea de que una apertura a las inversiones sería entregar las riquezas al poder transnacional. El asunto es más bien de forma, pues todo dependerá de las reglas de juego que se aprueben en función de la apertura a los grandes inversionistas, tal como sucede en países vecinos donde fuertes inversiones generan enormes utilidades a los gobiernos, posibilitan progreso de comunidades y ciudades y se respeta la propiedad privada y pública, en el margen de convenios de larga duración con sostenibilidad asegurada hecho que se traduce también en muchas fuentes de empleo seguro y bienestar para centenares de familias.
La minería es un negocio de riesgo, de mucha inversión y largo tiempo de preparación, que finalmente garantiza un prolongado periodo de beneficios y bienestar colectivo. Todo depende de la adecuada implementación de normas y de su estricto cumplimiento. Así lo avizoran los expertos en minería.
Medios. PM.
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