El Gobierno busca en el Ministerio de Minería y en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a los funcionarios públicos, responsables de haber alentado la firma de contratos de riesgo compartido entre cooperativas y empresas privadas que lesionan a la Constitución Política del Estado (CPE) y libera a los mineros que negociaron sus concesiones, por estar enmarcados en las normas.
Esta fue una de las decisiones que el presidente Evo Morales tomó mientras se reunía con los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin). Se estableció además que para modificar los artículos 62, 132 y 151 del proyecto de ley minera, se trabajará en una comisión hasta el martes.
“Lamento que en las cooperativas y ministerios no haya responsabilidad. Eso será investigado y si bien desde Comibol o el ministerio (de Minería) firmaron, avalaron o permitieron acuerdos inconstitucionales, serán procesados por traición a la patria. Esto no es de los cooperativistas”, aseguró el jefe de Estado.
Durante la reunión de ayer, los cooperativistas defendieron sus contratos, expresando que están avalados por las normas. Sacaron a relucir la Sentencia Constitucional 032 del 2006, que declara la constitucionalidad de los artículos 76 al 83 del Código Minero (ley 1777).
Allí se establece, entre otras cosas, que el contrato de riesgo compartido se establecerá en escritura pública y que la quiebra, incapacidad o muerte de los contratantes, no causa la extinción del contrato de riesgo compartido, salvo pacto.
Al constatar el amparo normativo de sus demandas, el Gobierno estableció crear la comisión para convenir la segunda redacción del proyecto de ley que no atente contra la Constitución aprobada el 2009.
En el caso de los contratos ya suscritos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que “habrá que analizarlas a la luz de la legislación vigente en ese momento. Coincidimos que debemos trabajar en función de una auditoría que pueda transparentar la situación de algunos contratos”.
Por su parte, el presidente de Fencomin, Alejandro Santos, espera “que rueden cabezas, tanto del Ministerio de Minería como de Comibol”, por haberlos engañado a ellos y al presidente que los obligó a tomar decisiones erradas
Los regantes serán tomados en cuenta
El Gobierno convocó al sector regantes para que participe de la nueva redacción de la ley minera que tiene que ver con el recurso agua.
“Vamos a escuchar a los regantes, aquellas preocupaciones de este sector en torno a lo que tiene que ver con recursos hídricos. Si hay algo que ajustar en el proyecto, porque contraviene los derechos de acceso al agua, lo haremos”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El sector se ha estado movilizando en los últimos días, protestando en sus artículos 111 y 112 que da a los mineros derechos de uso de aguas de dominio público y privado y la posibilidad de variar los cursos de agua en situaciones establecidas.
El máximo representante de los regantes de Santa Cruz, Raúl Guzmán, indicó que tienen observaciones a 13 artículos de la ley y que su sector está en emergencia
Los artículos en cuestión
Artículo 62
Los contratos suscritos con an-terioridad a la ley, continuarán vigentes hasta su vencimiento de acuerdo con sus términos.
Art. 132 modificado en Diputados
Los contratos suscritos a partir de la vigencia de la ley requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Art. 151 modificado en diputados
Los contratos “entre actores productivos” son los que los titulares de derechos mineros suscriben, en el marco de lo establecido en los artículos 306, 351, 356 y 370 de la Constitución Política del Estado.
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