La Asamblea Legislativa tendrá 90 días para aprobar contratos

La Asamblea Legislativa tendrá 90 días para aprobar los nuevos contratos mineros que se suscribirán a partir de la nueva ley del sector, entre cooperativas y el Estado para la dotación de áreas mineras. De no efectuarse en ese plazo, éstos serán sancionados automáticamente.

Ésa es la propuesta que el Gobierno entregó la tarde de ayer al sector cooperativo para la redacción del artículo 132 del proyecto de Ley de Minería. Con relación a los artículos 62 y 151 también hubo planteamientos, los cuales serán socializados a las bases de los mineros entre hoy y mañana para dar una respuesta o contrapropuesta a las 12.30 del lunes a los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro, y al de Gobierno, Carlos Romero, en una próxima reunión.

El secretario de Minería de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Hernán Montero, informó a La Razón sobre esos cambios. “Evidentemente (los contratos) van a ir al Legislativo, y nosotros aceptamos que vaya, pero se ha dado simplemente un término de 90 días al ‘Poder Legislativo’ para que pueda aprobarlos. Si en ese lapso no se aprueba, (el contrato) quedaría directamente aprobado”, indicó.

El artículo 132 del proyecto de Ley de Minería aprobado el 29 de marzo con modificaciones en la Cámara de Diputados, señala que los contratos suscritos a partir de la vigencia de la ley requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual molestó al sector cooperativo porque consideraron que esa instancia tardaría mucho en sancionar una ley para poder operar en un área.

Avances. Tras salir de la reunión con los cooperativistas, Navarro indicó que las propuestas con relación a los artículos 132, 62 y 151 fueron entregadas al sector de forma escrita y tienen que ser analizadas por el sector.

“Es una propuesta que tiene que reflejar y respetar la Constitución Política del Estado (CPE), no queremos hacer un debate a través de los medios (...), entonces la metodología que hemos optado es exponer la propuesta, presentarla y ellos nos harán conocer sus observaciones”, señaló la autoridad, sin dar detalles.

Respecto al artículo 62 que indica que “los contratos de arrendamiento o de riesgo compartido suscritos por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otros actores productivos mineros privados con anterioridad a la presente ley (que está en el proyecto) continuarán vigentes y las partes deberán renegociar sus términos y condiciones para la suscripción de un nuevo contrato de asociación, con sujeción a la presente ley y a la Constitución Política del Estado”, el Gobierno les propuso lo siguiente:

Planteó que el plazo para adecuarse a nuevos contratos sea de dos años, tiempo que es rechazado por los mineros, pues consideran que éste es corto, por lo que el lunes propondrán ampliar los plazos. “Para el 62 nos han dado un plazo de dos años y eso lo vamos a analizar, simplemente eso es preliminar y a ninguna de esas propuestas se ha dado la respuesta todavía”, dijo Montero.

En cuanto al artículo 151, referido a que los contratos “entre actores productivos” son los que los titulares de derechos mineros suscriben, en el marco de lo establecido en los artículos 306, 351, 356 y 370 de la Constitución Política del Estado, el dirigente no quiso revelar los avances.

Propuesta a entregar con avance

Tiempo

Los acuerdos arribados y redactados entre cooperativistas y el Gobierno, respecto a los artículos 62, 132 y 151, deben ser entregados al presidente Evo Morales el miércoles, como se quedó en la reunión del jueves en la Vicepresidencia.

Acuerdo

El Gobierno y la Fencomin acordaron el jueves conformar una comisión para redactar el artículo 151 y otros observados del proyecto de Ley de Minería, que ocasionó bloqueo de caminos en varios puntos del país hace una semana.

Se encaminará la sanción de los acuerdos

Para Dionisio Garzón, exministro de Minería, el plazo que planteó el Gobierno de dar 90 días a la Asamblea Legislativa para aprobar los contratos mineros permitirá agilizar los permisos para iniciar operaciones mineras en una determinada área, pero habrá que ver si los asambleístas aceptan o no esa propuesta emitida ayer.

“Eso es un adelanto, eso va a encaminar los contratos, sin embargo no sé en qué se estará basando el Gobierno porque cuando el planteamiento esté en el Legislativo no puede haber injerencia del Ejecutivo, no sería correcto”, señaló Garzón.

Pese a la injerencia o no del Gobierno en las decisiones de los asambleístas, la exautoridad consideró que igual habrá demoras en ciertos casos y algunas por el contrario “saldrán por un tubo”, con inmediatez.

Respecto al plazo de dos años que propuso el Gobierno para que los antiguos contratos suscritos antes del proyecto de Ley de Minería y de la Constitución Política del Estado (CPE) se puedan adecuar a estas normas, Garzón dijo que tendrán inconsistencias con la Carta Magna y para ampliar su plazo tendrán que hacer una adenda que permita su ampliación.

“Cualquiera que vino antes de 2010 tendrá inconsistencias y para que se adecúen a la CPE y a la nueva Ley de Minería deberán firmar una adenda para ampliar su tiempo de adecuación”, puntualizó.

La CPE, que entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, dispuso que a un año de su promulgación todas las concesiones mineras deben pasar a contratos con base en la nueva ley minera, que deberá establecer requisitos y el procedimiento para la obtención de derechos mediante contratos. Pese a estas propuestas, se debe ver qué pasará con las cooperativas a futuro, dijo