Es importante que después de lo sucedido se haga un balance escrupuloso de ciertas condiciones en las que hasta ahora se desarrolla la minería. Por una parte y determinante, es que falta la renovación del Código Minero vigente que será sustituido con la nueva ley minera. Mientras tanto se han dictados algunas "leyes cortas", que no solucionan los problemas latentes en el segundo sector productor más importante del país.
Si bien es cierto que el rol fundamental del Estado es cuidar las áreas de explotación de nuestros recursos naturales, aclarando que se trata de una riqueza de la cual son dueños todos los bolivianos, no es menos cierto que para cumplir ese objetivo se necesitan reglas muy claras, normativas precisas, y regulaciones que impulsen el buen uso de esa riquezas no renovables en el país.
Eso quiere decir que su explotación debe ser racionalmente programada, pero no limitada y menos utilizada con fines sectoriales que producen desazón entre los mismos protagonistas de la producción minera, que son tres claramente identificables, como el sector privado, en el que actúa la minería mediana y chica, el sector estatal que trabaja las minas del Estado y el caso de la minería cooperativizada que utiliza buen número de concesiones mineras. Hay que añadir a esta configuración, el caso de la metalurgia, con relevante participación del sector estatal, ejemplo la Metalúrgica de Vinto y en muy poco tiempo más se habla de Karachipampa, el elefante blanco que comenzará a caminar. En el sector privado algunas fundiciones particulares, de regular capacidad productiva, dicen que por falta de incentivos.
Precisamente, lo que se espera en la aplicación de nuevas reglas de juego para la minería, es que se incentive la inversión nacional e internacional para encarar el proceso de industrialización de nuestra materia prima minera para que con valor agregado, compitamos en mejores condiciones en los mercados internacionales dejando nuestra condición de país primario y exportador de simple materia prima.
Los megaproyectos están por otra parte avanzando lentamente, el caso del litio, su diversificación a través de su industrialización, lo que significará un avance singular y espectacular en el uso de nuestra riqueza guardada cuyo potencial es reconocido como el más importante del mundo. El caso del Mutún completa esa visión futura de la minería boliviana a gran escala, incluyéndose la transformación del hierro en acero, lo que implica otra siderurgia.
Con estas perspectivas se debe trabajar en el anteproyecto de ley minera para que su alcance sea de impulso real y pragmático hacia objetivos generales, tomando en cuenta que lo importante de un nuevo instrumento legal debe ser mejorar el conjunto minero nacional, estableciendo no la condición numérica de "cuentapropistas" mineros, sino exigiendo calidad laboral que se traduce en efectividad productiva y que debe cambiarse, por lo menos en el caso de las cooperativas, que deben modernizar sus operaciones con la inclusión de profesionales, equipo y maquinaria, de modo que puedan ser competitivas, frente a los otros sectores, pero igualmente con similares deberes que aquellos
Finalmente la ley minera futura debe definir claramente el nuevo rol de la Comibol, que no necesita cambiar de nombre sino de estrategia y por lo mismo de estructura administrativa, para cumplir la responsabilidad de dinamizar el gran proyecto de la minería y su industrialización.
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