El diálogo entre los mineros cooperativistas y el Gobierno comienza hoy en la Vicepresidencia del Estado en medio de las denuncias sobre contratos irregulares que llegarían a una centena y que no dejan réditos al Estado, según confirmó el ministro de Minería, César Navarro.
La autoridad se estrenará en el cargo tras la destitución de Mario Virreira, presuntamente como parte de las condiciones de los mineros para instalar las mesas de negociación que busquen equiparar el artículo 151 de la Ley de Minería y Metalurgia con la constitución Política del Estado. Otra versión apunta a que Virreira fue responsable de la redacción del proyecto de ley sin tomar en cuenta los criterios de reconocimiento de regímenes impositivos y constitutivos estipulados en la Carta Fundamental.
Sobre los contratos, el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, explicó a agencias, que los 42 ó 100 contratos observados por el Gobierno, que habrían firmado las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales y transnacionales “son legales pero inconstitucionales”.
“El Código Minero de 1997, Artículo 21, les autoriza (firmar contratos), por lo tanto, si lo hacen en ese marco es legal, pero también hay que destacar la ambigüedad que tenemos en el marco normativo porque la Constitución de febrero de 2009 es clara cuando indica que solamente es el Estado que administra los recursos naturales”, explicó Córdova.
“Las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social”, cita el art. 21 de la Ley 1777.
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