Aquí, debajo de esta tierra colorada, todo lo que brilla es oro, pero nadie se hará rico o, al menos, nadie admitirá que se está haciendo rico mientras se cuenta esta historia.
“En toda esta tierra hay orito, pero para sacar 10 hay que invertir 20”, dice don Pepe, uno de los 56 socios de una cooperativa minera de San Ramón, que fuma y maneja una camioneta blanca, enorme y descuidada por un paisaje lunar. A los costados del camino polvoriento, las pozas son viejos sueños de riqueza que el tiempo se dedicó a cubrir con arbustos enanos y espinosos.
En la camioneta de Pepe -un hombre de más de 60 años, de cabello, cejas y bigote más negros que la tintura del café y cigarro constante entre los labios-, todas las historias son de derrotas. Hay una de un empresario chino que se internó en el bosque y perdió una fortuna de más de un millón y medio de dólares. Hay otra de un coreano que se instaló en el río Kiser hace años pero que aún no halla nada. Otra de la empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada que tuvo que dejar su campo de producción porque el precio del oro era tan bajo que no lograba cubrir los costos.
Está la historia de la cooperativa de Pepe, que acaba de salir con un saldo en contra de Bs 28.000 porque el último pozo que abrieron no produjo lo esperado.
-Y entonces, don Pepe, ¿por qué siguen intentando?
-Yo estoy recién, antes no ‘minaba’, yo vivo de criar mis guachas, lo del orito es secundario.
‘Minar’, en San Ramón, es un verbo. Es, al mismo tiempo, sinónimo de esperanza y de pobreza. Es la principal fuente de empleo de la zona, pero también el culpable de que el pueblo permanezca intacto, casi sin progreso, en las últimas décadas.
San Ramón es, también, un pequeño Potosí. Su gente vive amarrada a una leyenda, a un Paitití particular que cuenta que, en 1850, a Santa Rosa de la Mina, 10.000 almas llegaron aquejadas por la fiebre del oro y que de los cerros que rodean la Quebrada Ancha, sacaron pepitas de siete y cuatro libras de oro. Ahora, dice Pepe, sacamos 9, 10 o 12 gramos por día.
Una nueva fiebre se gesta
Antes de llegar a la mina de Pepe hay una retroexcavadora Caterpillar que acumula óxido e indica por dónde hay que doblar. Está parada allí hace cuatro años, desde que Juan Ramón Quintana llegó a San Ramón como director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y detuvo la explotación ilegal de oro.
Hasta ese momento, el negocio de arrancarle el oro a la tierra estaba en manos de brasileños que negociaban con los propietarios de la tierra, pero sin pasar por la tramitación de permisos al Estado. Quintana echó a los brasileños, pero con ellos se fue el capital de trabajo y casi toda la actividad. Desde ese momento, los que hicieron dinero se asociaron para crear cooperativas mineras y provocaron que, de casi no existir esta figura de empresa en Santa Cruz, aparezcan como hongos en campo chiquitano. Según los registros de la Corporación Minera de Bolivia, en 2006 había cinco cooperativas mineras en todo el departamento, pero hoy hay 25. El crecimiento del 500% se queda chico cuando la fuente es Rosario Coimbra, dirigente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Santa Cruz, que explica que hay 27 con sus papeles en orden y más de 30 que tramitan su documentación.
La mayoría, o casi todas, se dedican a explotar oro en los municipios de San Ramón, Guarayos, San Javier, Concepción, San Antonio de Lomerío y San José.
Sin embargo, ese afloramiento, no da frutos a la Gobernación de Santa Cruz. Hugo Sosa, secretario de Minería e Hidrocarburos del Gobierno departamental, explica que las cooperativas no generan ni el 1% de las regalías departamentales por minería.
De los Bs 40 millones que ingresa anualmente la Gobernación por esta actividad, solo Bs 500.000 vienen de cooperativas mineras. La mayor parte, Bs 32 millones, viene de una sola compañía, Paitití, la firma con participación de capitales canadienses que explota la mina de oro Don Mario en la zona de San José de Chiquitos. El resto, lo pagan pequeñas y medianas compañías bolivianas.
En el hoyo
Cuando Pepe se baja de su camioneta, aún debe caminar unos 300 metros para llegar a su mina. Lo hace al lado de unos montículos de tierra que encubren unos hoyos inundados por las últimas lluvias. En una de ellas, una excavadora Caterpillar saca un barro negro para buscar las rocas duras del Precámbrico. “Esto es oro aluvional, esto es la cuenca del río San Julián. Para hallarlo hay que cavar uno 15 metros hasta llegar a una capa de ripio de unos 40 centímetros. Ahí está el oro, eso hay que lavar para sacarlo”, cuenta.
El oro está depositado entre el ripio y una capa delgada de tierra color ocre, rojiza, suelta, que es removida con agua disparada por una manguera más gruesa que las que utilizan los bomberos para apagar incendios. Otra manguera, aún más gruesa, chupa el barro de un poso para depositarlo en dos dragas que atraparán la tierra más pesada. Allí está el oro.
“Tardamos más de un año hasta que el dueño de la tierra nos dejó entrar. Hemos quedado con él que esto lo vamos a tapar de nuevo y que le vamos a sembrar pasto antes de irnos”, asegura Pepe.
Si cumple, será una excepción. Los alrededores de San Ramón están llenos de pozas que han convertido en inútiles antiguos potreros.
Sus aguas y el suelo tienen rastro el mercurio utilizado para aglutinar el oro y nadie sabe en realidad si utilizan cianuro y mercurio durante la explotación. Pepe dice que no lo usan, pero Sosa admite que no lo sabe. Como la Constitución define que la minería es competencia del Estado central, la Gobernación tiene poco que hacer en este tema.
Incluso la ficha de impacto ambiental para minería se tramita en La Paz y, para realizar inspecciones, deben coordinar con el Ministerio de Minería. Pese a ello, la Gobernación sigue proceso a 14 explotaciones mineras por impactos ambientales.
Incluso, si la Gobernación necesita datos sobre los representantes legales de las empresas que debe enjuiciar por daño ambiental, debe pagar Bs 400 por consulta al Servicio Nacional de Geología y Técnico en Minas para obtener los nombres.
La llegada de Pepe a su mina provoca silencio. Solo los motores de la bomba se escuchan en medio de ese hueco en el que cuatro hombres lavan la tierra para sacarle el oro.
A un costado del hoyo, junto a una pared que amenaza con caerse, unas diez personas escudriñan el barro con círculos de metal de forma cóncava. Son los bateadores, los proletarios del oro en San Ramón, los que ‘roban’ polvo amarillo a las mangueras y bombas para tratar de encontrar el pan de cada día. Todos dejan de hurgar entre el barro y salen del hoyo cuando ven a Pepe llegar.
Él no recrimina a nadie, pero los operadores de la bomba deshacen el charco de los bateadores cuando ven que su jefe toma asiento cerca del hoyo. “Yo no les digo nada, sacan, 40, 60, 70 pesos por día. Ellos también buscan su orito”, dice.
Juan es uno de los primeros en salir del hueco. Dice que ha juntado unos 100 miligramos de oro, que son unos 20 pesos al precio actual donde ‘los paisanos’. Lo que juntan a diario los bateadores es tan poco que no les alcanza para venderlo en los mercados legales del oro, sino que lo entregan a un menor precio a los compradores informales, los migrantes andinos dueños de las tiendas de abarrote en San Ramón.
Ignacio tiene cara de enojado, pero no protesta para salir del hoyo. Dice, también, que solo ha conseguido 200 miligramos por todo el día de trabajo, que con 40 pesos no le alcanzará para dar de comer a sus cinco hijos y menos para comprarles útiles o ropa para la escuela. Cuando se le consulta por qué no hace una cooperativa y así gana algo más, responde que los pobres no saben de esas cosas en San Ramón, que para hacerla se necesita plata y que ellos no la tienen.
Felipe, más parco y malencachado que Ignacio, explica que no hay más trabajo que batear en San Ramón, que la única alternativa es ir a recoger lo que las cosechadoras no pudieron levantar en los sembradíos de los colonos en San Julián, pero que como ya pasó la cosecha, no les queda otra que estar a la cola de los cooperativistas, lavando barro en busca de polvo dorado.
Y es que en realidad, las cooperativas mineras en San Ramón son sociedades de capital de riesgo, que reúnen dinero para solicitar una concesión, tramitarla en La Paz y pagar a operadores para que realicen el trabajo. El dinero que se requiere es mucho. Por ejemplo, según Tito, se necesitan unas 200 horas de maquinaria para abrir cada hoyo hasta llegar a la frontera del Precámbrico. Eso, a $us 65 por hora, son $us 13.000 y dos meses de espera. Luego, cuatro o cinco dragueros hacen el trabajo de extracción y se quedan con el 15% del mineral extraído. Según Jorge, un draguero beniano desempleado que piensa venirse a la capital para cambiar de rubro, ese 15% son unos Bs 150 por operario al día. Con suerte, llegan a ganar 300. El problema es que el trabajo dura poco, y lo que la excavadora abrió en dos meses, se lava en 10 días. Lo inexplicable es por qué siguen ahí, hurgando entre el barro. Por qué en San Ramón no se dedicaron a la ganadería, como sus vecinos de San Javier, o a la agricultura, como los de San Julián. Tal vez sea porque los de esta generación no heredaron la tierra, o quizás porque la agricultura y la minería no da pepitas de oro de siete libras
En busca del polvo amarillo
Con personería jurídica
Según la dirigente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Santa Cruz, Rosario Coimbra, son 27 entidades las que ya tienen personería jurídica y en junio serán 60, ya que 33 están en trámite.
Solicitudes de contratos
Las cooperativas mineras deben negociar con Comibol las áreas de explotación. Según Coimbra, de las 27 acreditadas solo dos están trabajando. Las restantes 25 esperan las cuadrículas para comenzar a trabajar.
Muchos gastos y pocos equipos
Las cooperativas subcontratan la maquinaria que utilizan. Las retroexcavadoras cuestan $us 65 por hora, mientras que una draga puede tener un costo de $us 10.000. Esto aleja de las cooperativas a los más pobres.
Detalles
En una batea se lava la vida y el futuro de San Ramón
El equipo básico del bateador cuesta Bs 500
Encontrar una quebrada con oro en San Ramón no es difícil, pero juntar el equipo puede ser caro. Una batea, hecha de la tapa de un turril, puede costar Bs 300. La pala, las botas, la barreta y el ‘imán’ superan los Bs 500.
Santa Rosa aún provoca grandes sueños
Si en la mina de don Pepe había unos 10 bateadores, en la zona de Quebrada Ancha de Santa Rosa de la Mina, unas 100 personas acuden a diario a ver si aún pueden encontrar grandes pepitas. No ha habido milagros.
Planean el registro digital para poder comprar oro
La única forma que ha encontrado la Gobernación para tener algún control sobre la forma de producción de minerales en el departamento es a través de la recaudación de regalías.
Según Hugo Sosa, secretario departamental de Hidrocarburos y Minas, en la nueva ley de minería que se discute en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay un artículo que faculta a las gobernaciones a certificar a los que pueden vender oro. Ese código digital, según Sosa, tendrá requisitos, como el cumplimiento de normas ambientales.
El funcionario explica que se convertirá en ilegal la compra libre de mineral, instaurada por el Gobierno de Víctor Paz, luego de la relocalización de los mineros.
Esto permitirá al Estado un mejor control del pago de impuestos y regalías departamentales. Sin embargo, Sosa admite que el control será prácticamente imposible. Da un ejemplo de ello: “Un kilo de oro, que vale unos $us 50.000, es al tamaño de un celular y cabe en un bolsillo. ¿Qué puede evitar que alguien cargue una pequeña fortuna en la ropa y cruce la frontera hacia otro país?”, se pregunta Sosa.
Un sistema que salvó la minería en los tiempos de precios bajos
La cooperativa minera es la forma de empresa que más beneficios y subsidios del Estado tiene en el sector. Así lo afirma el sociólogo y experto en minería, Henry Oporto. El autor de dos libros sobre la producción de los socavones bolivianos, señala que el auge de los precios internacionales de los minerales propició que hayan cada vez más cooperativas y menos empresas. Señala que los trámites para conformarlas son poco exigentes, que no se necesita capital, y se da facilidades para que las cooperativas se desenvuelvan en el marco de la informalidad, incumpliendo normas ambientales, laborales y de seguridad social. Una de las principales normas que incumplen, según Oporto, es que las cooperativas no tienen fines de lucro y son autogestionarias, es decir, no pueden contratar personal. “Sin embargo, se sabe que hay cooperativistas que han hecho fortuna. Pese a ello, el Estado sigue manteniendo esta ficción”.
José Padilla, experto en minería y exdirector de la Empresa Siderúrgica Mutún, recuerda que el sistema cooperativista fue el que salvó a la minería en Bolivia, ya que se creó cuando el Gobierno relocalizó a los mineros en 1986 y mantuvieron la producción de mineral cuando los precios internacionales estaban por los suelos. Cree que es necesario ofrecerles asesoramiento técnico para bajar su impacto ambiental y aumentar su productividad.
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