El problema de la minería boliviana merece soluciones estructurales, por supuesto partiendo de la aprobación de una ley minera que responda a las expectativas y las necesidades de todos los sectores involucrados en este sistema productivo, el segundo en importancia después de los hidrocarburos y especialmente del gas.
Es evidente que en ciertos periodos de la economía nacional se han producido descensos significativos en la generación de recursos para el TGN, anotándose una escala superior de rendimiento por ejemplo en el sistema manufacturero que subió más que la minería temporalmente debido al descenso en el precio internacional de los minerales, pero de manera general y en promedio anual la exportación de minerales marca cifras relevantes que fortalecen el presupuesto general del país.
Bajo esa alternativa es que debe tratarse el tema minero, dejando inclusive de lado el incidente que todavía es motivo de tratamiento para encontrarle una solución que ya se vislumbra favorable al sector de las cooperativas mineras y en el que no intervinieron para nada los productores del sector privado, aunque sí lo hicieron a través de sus dirigentes los mineros asalariados que plantean soluciones generales y no sectoriales en el caso minero.
Admiten errores
Tras prolongadas reuniones entre autoridades de gobierno y delegados de las cooperativas mineras, no se ha logrado avances sustanciales en el caso de los contratos firmados entre cuentapropistas y empresas privadas, al margen de las regulaciones contempladas en la Constitución Política del Estado y que están en contradicción con más de un artículo del anteproyecto de la ley minera que se aprobó en Diputados y deberá pasar por la calificación de los Senadores.
Con el paréntesis que se abrió en ese proceso se establecieron fallas en el trabajo que estuvo realizando el equipo del Ministerio de Minería y Metalurgia, MMM, pues no se concibe que se hubiese tratado de acciones personales de esas autoridades, aunque el efecto directo del asunto cortó la cabeza del ministro Mario Virreira, sin descartarse que otras más puedan rodar en la medida que se vaya cumpliendo algunas investigaciones o ajustes necesarios que considere oportunos el nuevo ministro.
No es que aprovechemos la coyuntura, pero una revisión de nuestro material en pasadas ediciones muestra precisamente la advertencia sobre una serie de incongruencias que las anotamos como elementos negativos en la cartera de minería, donde además funciona un directorio y esté último tiempo con un exministro del ramo incluido, que tampoco parece haber percibido la incongruente redacción de algunos artículos del proyecto de ley minera.
Se reclamó también una adecuada y actualizada información sobre el manejo de estadística de exportaciones, cotizaciones, volúmenes de concentrados vendidos, regalías obtenidas por esas transacciones y otros datos que sin justificación alguna se mantuvieron en una celosa, pero negativa custodia.
¿Qué pasó realmente con el caso de los contratos? Fue "más el ruido que las nueces" puesto que de 20 documentos irregulares que se habló inicialmente resulta que luego de una primera revisión, los contratos suman más de un centenar y una buena cantidad bajo registro de la Comibol, por tanto no era desconocida su vigencia y menos que pudiera motivar un "sacudón" de las proporciones que estremeció el MMM.
Parece que no sólo existió irresponsabilidad en el manejo preliminar de establecer las bases del anteproyecto de ley minera, sino que se demoró más de tres años para que llegue a su fase de tratamiento legislativo, justo cuando saltan las fallas, entre estas la falta de una adecuada política minera que por lo menos hubiese dinamizado nuevos proyectos en la minería estatal, que sigue viviendo con los yacimientos del siglo pasado sin que se amplíe de manera objetiva nuevos emprendimientos… y es lógico porque con la ausencia de un plan técnico lo que no se ha hecho efectivamente es incentivar la prospección y exploración de nuevas áreas mineralizadas.
Por tanto la minería, está como está, y en la actualidad "capeando el temporal" con algunos rasgos de buenas intenciones de parte de los cooperativistas que reconociendo la existencia de –un número no determinado– contratos irregulares, buscan en un nuevo acuerdo legalizarlos o reconocerlos como parte de un proceso que se cumplió con Vo.Bo. de la Comibol, ante la mirada cómplice del MMM.
Los hechos han dividido la posición de los cooperativistas, hay un sector que responsabiliza a la Comibol por los contratos investigados, mientras que hay algunos dirigentes del cooperativismo minero que minimizan la ilegalidad de los mismos y negocian la formalización de esos acuerdos con una serie de argumentos que finalmente reducirán el peso de sanciones que al no estar específicamente insertas en el Código Minero vigente no tienen efecto en tanto sean incluidos en la ley minera que por su próxima aprobación no tendrá carácter retroactivo.
Pero en términos generales, el problema de la minería se solucionará definiendo una política muy clara que establezca prioridades para encarar un programa de superación general del sector, empezando por aclarar la situación de las cooperativas, que cumplan las leyes, que ofrezcan trabajo de calidad o lo que es lo mismo un proceso garantizado socialmente, porque lo más claro es que se trata de "empresas corporativas", que tienen derechos, pero también obligaciones. La nueva ley minera debe ser un instrumento que abra posibilidades de rendimiento con equidad, incentivando al sector estatal y garantizando a la minería privada el desarrollo de sus proyectos, de modo que el conjunto de producción minera sirva a los fines de crecimiento del país.
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