Finalmente, después de 17 días de negociación, los trabajadores cooperativistas mineros y el Gobierno firmaron un acta de acuerdo para que este sector desista de suscribir contratos de asociación con inversores extranjeros o nacionales, según el documento oficial que será puesto a consideración del presidente Juan Evo Morales, mañana, en la última reunión que sostendrán el Ejecutivo y sus aliados del subsuelo.
El proyecto de ley minera tendrá cuatro modificaciones según el acuerdo de las partes; se cambia la redacción de los artículos 62, 132 y 151, también se introduce una disposición transitoria que beneficia a los trabajadores del centro minero Catavi y el contrato de arrendamiento que tienen con una empresa privada.
Ayer, los mineros y el Gobierno acordaron que de darse un nuevo contrato con empresas privadas, se activará el parágrafo III del artículo 351 de la Constitución Política del Estado (CPE) y se podrá firmar el contrato a través de Comibol y la cooperativa interesada pasará a otro régimen tributario que rige para las empresas mixtas.
De igual manera, las dos partes acordaron que mañana se realizará una reunión, la última, con el presidente Morales antes de que el documento sea retomado en su tratamiento en Senadores. El 29 de marzo, los diputados aprobaron el documento y lo remitieron a la Cámara Alta, donde fue paralizado.
Sin argumento
El máximo dirigente de los cooperativistas mineros, Alejandro Santos, no pudo explicar qué pasará con los contratos de arrendamiento ya que el documento suscrito solo hace referencia a los contratos de asociación. Santos dijo que este acuerdo contempla todas las observaciones que había desde este sector y exteriorizó su aprobación.
Los mineros lograron dar un plazo a la Asamblea para que apruebe los contratos que tienen las cooperativas, ese plazo es de 90 días, y si la Asamblea no apresura la aprobación, este se dará por aprobado y debe elaborarse rápidamente una ley que autorice la explotación de una determinada concesión
PUNTO DE VISTA
La ley no genera interés de privados
Carlos Sandy - Ingeniero Minero
Lo primero que se puede observar es que esta negociación entre el Gobierno y los mineros no fue un acuerdo técnico, sino político. Ámbos sectores se basaron en el interés de sector, el Ejecutivo tratando de no perder a tan valioso aliado en año electoral y los cooperativistas explotando al máximo su influencia en el Gobierno; por tanto, de la ley que apruebe la Asamblea, se puede esperar todo, es decir, jurídicamente habrá una salida, se pueden justificar algunos artículos con respecto a la Constitución, pero quien pierde es el país porque no habrá fiscalización.
En general, no se ve un atractivo para la inversión privada y el Gobierno nacional nos está acostumbrando a que las empresas transnacionales y los privados no tengan interés en invertir, porque no fomenta, no señala qué tipo de inversión recibirá trato preferente y por tanto nuestros recursos naturales van a estar a disposición de un sector que poco o nada aporta al erario nacional en materia de impuestos
Los artículos
Artículo 62
Los contratos de arrendamiento o riesgo compartido vigentes y que hayan cumplido más del 50% del tiempo establecido deben adecuarse ante la autoridad secrtorial en un plazo de un año; los que sean menores al 50% tienen 18 meses de plazo y se respetan los derechos preconstituidos de los mineros.
Artículo 132
Los contratos a partir de la presente ley requieren de permiso de la Asamblea, menos las autorizaciones transitorias especiales porque son derechos preconstituidos. La Asamblea tiene 90 días para aprobar el contrato o el mismo se dará por aprobado y solo se aprobará la ley de adjudicación.
Artículo 151
Las cooperativas no podrán suscribir más contratos y si lo hacen cambiarán su razón social y serán sujetos a otro régimen.
Disposición transitoria
Un proyecto se elaborará entre Comibol y los mineros de Catavi para mejorar la producción y garantizar la sostenibilidad.
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