La Procuraduría General del Estado (PGE), junto al Ministerio de Transparencia Institucional, presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue siete contratos firmados entre cooperativistas mineros y empresas privadas en los que se encontraron irregularidades.
El titular de la PGE, Héctor Arce, junto a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informaron en conferencia de prensa que esos son los primeros resultados de la auditoría a 42 contratos, tarea que se inició desde el 8 de abril con el precintando de tres oficinas de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Arce explicó que en algunos casos las cooperativas mineras firmaron contratos de riesgo compartido y de operaciones con empresas transnacionales, acuerdos en los que las privadas obtenían el 96% de las utilidades, y el 4% restante se repartían entre la Comibol, que tenía una representación, y los cuentapropistas.
“Después de un proceso de evaluación y revisión meticulosa de aproximadamente 42 contratos suscritos entre las cooperativas mineras y empresas nacionales y extranjeras se ha llegado a identificar inicialmente la irregularidad en siete de estos contratos”, sostuvo el Procurador tras señalar que estos acuerdos fueron firmados entre 1998 y 2005.
Sin embargo, datos del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), referidos a una planilla de los contratos, dan cuenta que tres de los siete que hace mención la Procuraduría se firmaron en abril de 2006. (Ver infografía)
El Procurador aclaró que algunos de los siete contratos tienen cláusulas de solución de controversias para que éstos puedan ser sometidos a los sistemas de arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Denuncia. Tras los resultados preliminares de la auditoría, Arce y Suxo presentaron una denuncia sobre estos casos al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que inicie las acciones correspondientes y se investigue a funcionarios de la Comibol y se amplíe a otras personas más conforme avance la revisión de los datos.
La Ministra de Transparencia Institucional explicó que con la denuncia se busca que se procese a los responsables de estos contratos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otras figuras penales.
El análisis y la auditoría que identificó la irregularidad a esos siete contratos se basó en la Constitución Política del Estado (CPE) del 2 de febrero de 1967 (vigente hasta antes de 2009), la cual establecía la protección de los recursos naturales y un régimen de naturaleza social de cooperativa, los cuales habrían sido violados, señaló el Procurador. La revisión de los documentos fue también en base al actual Código de Minería. “Hemos advertido que no existen mayor número de contratos suscritos con posterioridad a la Constitución vigente del 7 de febrero de 2009”.
Debate de la norma minera
Retraso
El proyecto de Ley de Minería se debatirá en la Asamblea Legislativa Plurinacional una vez se lleguen a acuerdos con el sector de los regantes del departamento de Cochabamba, informó ayer el titular de esa cartera, César Navarro.
Reunión
El secretario de Minería de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Hernán Montero, informó que el viernes a las 07.00 se reunirán con el presidente Evo Morales para informarle de los acuerdos sobre el proyecto de Ley de Minería.
En la Comibol cambiaron a dos autoridades
En la Comibol se cambió a los titulares de la Dirección Jurídica y de la Gerencia Administrativa Financiera tras la auditoría que inició la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción a unos 42 contratos suscritos entre cooperativas mineras y empresas privadas.
Las nuevas autoridades fueron posesionadas ayer por el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe. Éstas son Carmen Avilés, que asumió la Dirección Jurídica, y Martha Calvo, que estará a cargo de la Gerencia Administrativa Financiera. Con el nombramiento se procedió a la reapertura de las oficinas de esa entidad estatal que fueron intervenidas el 8 de abril por la Fiscalía para esclarecer el tema de los contratos mineros.
“En este momento tenemos varios prospectos que se están encaminando y estoy seguro de que con el concurso y la capacidad profesional del personal de la institución, vamos a lograr alcanzar nuestros propósitos. Obviamente que de aquí a cuarenta años ya no vamos a estar, pero sí vamos a dejar una institución para nuestros descendientes y por eso vamos a trabajar sin egoísmos ni malos entendidos, porque todos tenemos derecho al trabajo”, reflexionó el presidente de la estatal Comibol.
Del acto de posesión participaron también el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) Milton Gómez; el rector de la Universidad Nacional Siglo XX, Pablo Martínez, y otros funcionarios de la institución. Gómez convocó a los trabajadores de la Comibol a poner el mejor de sus esfuerzos para sacar adelante la empresa y así puedan aportar al erario público con más recursos.
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