La Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Transparencia presentaron ante la Fiscalía General una denuncia contra exdirectivos de la Comibol por haber avalado siete de 42 contratos irregulares entre cooperativas y empresas privadas que, en su opinión, causaron daño económico al Estado.
Según el procurador Héctor Arce y la ministra Nardi Suxo, los funcionarios de la estatal minera que suscribieron estos contratos, entre 1998 y 2005, cometieron los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
"Estamos presentando una denuncia ante el fiscal general para que se procese a las personas responsables, que fundamentalmente causaron daño económico al Estado”, afirmó ayer Suxo, en una conferencia conjunta con el procurador.
Arce precisó que la auditoría encomendada reportó que los contratos fueron suscritos entre 1998 y 2005 y que las ganancias y los ingresos para las empresas privadas son "excesivamente desproporcionales”, debido a que se beneficiaron hasta con el 96% de las utilidades y lo restante fue distribuido entre Comibol y las cooperativas mineras.
"Después de un proceso de revisión en los 42 contratos suscritos entre cooperativas y empresas nacionales y extranjeras, se llegó a evidenciar la irregularidad, inicia lmente, de por lo menos en siete de estos contratos, que habrían sido suscritos entre diferentes cooperativas mineras y empresas extranjeras y nacionales”, informó Arce.
Incluso mencionó que en los convenios se incluyeron cláusulas para la resolución de controversias que someten al Estado a los sistemas de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
"Es una situación contraria al interés nacional. Por lo tanto, se hizo la revisión sobre estos primeros siete contratos y hemos advertido que hay responsabilidad fundamentalmente de los funcionarios de la Comibol, en particular de los miembros del directorio de la Comibol que habrían procedido de manera irregular a aprobar estos contratos contrarios al interés nacional”, expresó el procurador.
El análisis de las irregularidades se basó en la CPE del 2 de febrero de 1967, que establecía un régimen de protección de los recursos naturales que fue vulnerado y que fijaba un régimen de naturaleza social cooperativa. También se violó el Código de Minería, que aún sigue vigente, aseguró Arce.
El 8 de abril el Ministerio Público precintó oficinas de la Comibol, presuntamente por contratos lesivos al Estado, que fueron firmados entre los cuentapropistas y algunas empresas privadas.
Los siete contratos
Lista 1.- La Cooperativa Minera 10 de Noviembre Ltda. firmó con la Empresa Mining Development Company. 2.- Cooperativa Minera 27 de Marzo Ltda. y Empresa Manquiri Ltda.3.- Cooperativa Minera Poopó Ltda. y la Compañía Minera del Sur SA. 4.- Cooperativa Minera Pulacayo Ltda. y Empresa ASC Bolivia.
Convenios También firmaron la Cooperativa Industrial de Fundición Catavi Ltda. y la empresa American International Trading Company; la Cooperativa Minera el Porvenir Ltda. y la empresa American International Trading; y la Cooperativa Minera Morococala Ltda. y la empresa American International Trading.
La investigación
Informe El pasado 6 de abril el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que las cooperativas mineras firmaron 42 contratos con empresas privadas nacionales y transnacionales, que transfieren a manos privadas la explotación de las áreas asignadas por el Estado en calidad de concesiones. Los cooperativistas mineros afirman que sólo son entre seis a ocho convenios y que los otros ni siquiera se concretaron.
Pedirán que se amplíe investigación a cooperativas
La comisión conjunta, conformada por la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Transparencia, pedirá al Ministerio Público que se amplíe la investigación a las cooperativas mineras que suscribieron contratos de operación con empresas nacionales y transnacionales.
"Presumiblemente los cooperativistas mineros y representantes de las cooperativas habrían también incurrido en actos delictivos; por lo tanto, se solicitará la investigación al Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de ejecutar la acusación penal pública”, anunció ayer el procurador general, Héctor Arce.
Tras la intervención a la Comibol del 8 de abril, instruida por el Ministerio de Minería, y la auditoría realizada a los 42 contratos de riesgo compartido entre cooperativas mineras y empresas privadas, la PGE y el Ministerio de Transparencia detectaron que al menos siete de ellos causaron daños al Estado.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Alejandro Santos, afirmó ayer que no se opondrán a la investigación de los contratos de riesgo compartido que firmaron unas seis cooperativas.
"Ellos suscribieron contratos en años anteriores, debido a que sus yacimientos estaban agotados y de alguna manera necesitaban maquinaria y tecnología para mejorar su calidad minera, pero ahora, con la nueva ley minera, se irán adecuando y no habrá más contratos de asociación”, enfatizó el dirigente del sector cooperativizado.
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