Varios factores, como los elevados salarios, los altos costos de producción, el agotamiento de yacimientos, la falta de inversiones o el declive de los precios internacionales de los minerales, aquejan a las unidades productivas que administra la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la tienen sumida en una profunda crisis, sostienen los especialistas Pedro Vacaflor y Dionisio Garzón, crisis que es admitida por el exdirector de Comibol José Pimentel.
Para empezar, los expertos coinciden en que una muestra de la profunda crisis que afecta a la Comibol es la falta de continuidad que se evidencia en la inestabilidad de sus ejecutivos, pues tuvo tres presidentes que se sucedieron en menos de un año (Edgar Pinto, Edgar Hurtado y Marcelino Quispe) y en siete años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya lleva seis presidentes, lo que impide una adecuada gestión.
Según el exministro de Minería Dionisio Garzón, “Comibol no cuenta con una adecuada planificación, el personal al que se acude es generalmente improvisado para las metas trazadas y, como se exigen resultados inmediatos, los problemas no se solucionan, (más bien) crecen las presiones y tienen que venir los cambios".
En criterio del economista Pedro Vacaflor, la estatal minera atraviesa una etapa muy compleja, paralela a una caída sistemática de los precios internacionales de los minerales, con una disminución en los volúmenes de producción y, “lo más grave, sin políticas previsoras que permitan cuidar recursos para enfrentar los periodos cíclicos de la minería”.
Para Pimentel, “la Comibol es un muerto que comienza a caminar” y explica que, tras su liquidación mediante el Decreto Supremo 21060 y la recuperación para el Estado de la mina Huanuni, el año 2006, la estatal minera “se vio en la obligación de buscar nuevas minas, invirtiendo cerca de 20 millones de bolivianos (por) año, sin resultados concretos hasta el presente”.
Califica de “una decisión política la incorporación de 4 mil cooperativistas a Huanuni que, al margen de pacificar la región en conflicto, obligó a encarar una nueva manera de estructuración de la empresa”.
Respecto a la situación económica, financiera y técnica de las unidades productivas que administra la Comibol, se informó que Huanuni, con los precios actuales de minerales, está muy cerca del punto de equilibrio; pero si la cotización baja a menos de 9 dólares la libra fina de estaño, tendrá problemas. La producción en Colquiri mantiene un regular comportamiento, pero disminuyó con el ingreso de cooperativistas a su área de trabajo, y Coro Coro produce volúmenes reducidos de cobre metálico.
Vacaflor hace notar que Huanuni fue desahuciada por el propio Gobierno, cuando informó sobre las cuentas en rojo de esa empresa, a raíz de la huelga convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), en mayo pasado. Sobre Coro Coro, señala que está en manos de la empresa surcoreana Kores, que usa una tecnología que ha causado estragos en la tierra aledaña, como lo denunciaron los pacajes. Y sobre Colquiri dice que aunque fue “cortada en dos” el año pasado, la mitad para Comibol y la otra para las cooperativas, “está en crisis, como lo han dicho sus trabajadores”.
Al respecto, Pimentel sale al paso e informa que, sin haber ampliado sus operaciones, Huanuni y Colquiri son rentables y que el año pasado dieron una utilidad de 10 millones de dólares. En el caso de Coro Coro, dice que también es rentable con la construcción de una planta hidrometalúrgica que, por primera vez en el país, produce cobre metálico.
Tanto Garzón como Vacaflor coinciden en la necesidad de impulsar una reestructuración total o la creación de una nueva Comibol, dedicada a la exploración, explotación, producción, industrialización y exportación de minerales con alto valor agregado. Vacaflor añade que la Comibol debe hacer grandes inversiones en personal, maquinaria, tecnología e investigación.
“Debe aplicar criterios de gerencia, de buena gestión. Una empresa estatal no debe servir sólo para dar pegas a activistas del Gobierno", apunta.
Pimentel observa que “hay un propósito político de descalificar a Comibol”; pero admite que la gran tarea pendiente de la Comibol es su reestructuración como una empresa esencialmente productiva, porque “la actual estructura sigue buscando alquilar sus yacimientos, vender sus bienes y vivir de las rentas, un lastre que lamentablemente no se lo ha encarado”.
Acuerdo reciente
• Con una inversión de 105 millones de dólares, en los primeros cinco años, la Comibol tiene previsto iniciar hasta fin de año la explotación de complejos de plomo, plata y zinc de Porco (Potosí) y Bolívar (Oruro) en asociación con la empresa Illapa, subsidiaria de la suiza Glencore, según informa un boletín de prensa del Ministerio de Comunicación.
• El contrato de asociación por 15 años prorrogables establece que, del total de ingresos que perciba la asociación, un 55 por ciento corresponderán a Comibol y el 45 por ciento restante a la empresa privada.
Ley de Minería
Después de tres años de buscar consensos con los distintos sectores, el proyecto de la nueva Ley Minera está listo, para su entrega a la Asamblea Legislativa, donde se espera que diputados y senadores realicen un trabajo más dinámico en su tratamiento, en grande y en detalle, para su promulgación.
“Tres años para elaborar una ley parece demasiado”, sostiene el analista económico Pedro Vacaflor, tomando en cuenta que se trata de un urgente compendio de disposiciones para regular el segundo sistema productivo más importante del país como es la minería, después de los hidrocarburos.
Vacaflor refiere que, ante la ausencia de medidas y normas adecuadas a las necesidades de la minería actual, tanto la Comibol, como la minería privada y las cooperativas improvisaron algunos planes de contingencia que en ningún caso contribuyeron de manera concreta al desarrollo de la minería en su globalidad.
La nueva Ley Minera abarca a tres sectores: el privado, el estatal y el cooperativo.
MANEJA CERCA DE UNA VENTENA
Unos 9 proyectos de la Comibol tienen retraso
El mayor proyecto productivo de la Comibol es el desarrollo e industrialización del litio en el salar de Uyuni, que encara la Gerencia Nacional de Recursos Evaporítico (GNRE).
Le siguen en importancia las empresas mineras Huanuni, Colquiri y Coro Coro, que, en conjunto, generan alrededor de 6.200 empleos directos.
Huanuni, con ricos yacimientos de estaño y complejos de plomo, plata y zinc, fue nacionalizada en 2006 con 1.200 trabajadores. A la fecha suman 4.800 obreros que perciben salarios que van desde los 5 mil hasta los 18 mil bolivianos.
Colquiri, nacionalizada a mediados de 2012, cuenta con 1.200 trabajadores dedicados a la producción de estaño y zinc. Tiene dos proyectos para optimizar el procesamiento de esos minerales.
Coro Coro, bajo administración de la Comibol desde julio de 2007, tiene más de 200 trabajadores y produce en la planta hidrometalúrgica de Lequelequeni 150 toneladas mensuales de cobre catódico con una pureza de 99,999 por ciento.
Los otros proyectos mineros, según el analista Pedro Vacaflor, tienen “un abanico de problemas” y cita entre ellos a Karachipampa, “una historia antigua que no ha cambiado y sigue en nada. Fue mal concebida, mal diseñada y mal instalada hace 40 años y no funciona hasta el momento”.
En cuanto a los recursos evaporíticos, refiere que sólo se ha acumulado gasto sin producir litio. “En menos tiempo, los proyectos de Argentina y Chile ya estaban produciendo en salares más pequeños que tienen más que suficiente producción para abastecer el mercado internacional”.
Sobre Mallku Khota, opina que es un ejemplo de la falta de conocimiento del tema por parte de las autoridades. Explica que la empresa canadiense estaba creando la tecnología para explotar el yacimiento, un proceso muy complejo que la nacionalización “cortó en seco” y ahora “no hay ni empresa, ni tecnología, ni producción”.
También hay otros megaproyectos pendientes en Potosí, Oruro y La Paz, como la puesta en marcha de la maestranza de Pulacayo; la habilitación del ingenio Victoria, en Catavi; el inicio de operaciones de la planta de azufre, en Capurata; el proyecto Pulacayo-Paca, que tiene reservas de plomo, plata y zinc; el del cerro Eskapa, rico en oro, plata, estaño, bismuto y cobre; y la concesión Lipeña con yacimientos de oro, plata y cobre.
OPINIÓN
Henry Oporto Castro, analista económico y director de la Fundación Pazos Kanki
La recurrente encrucijada de la Comibol
Desde su creación, en 1952, Comibol ha enfrentado una encrucijada: ser una empresa eficiente y rentable que amplía su capacidad productiva, que invierte en exploración y desarrollo de proyectos mineros y que paga los impuestos de ley que nutren los ingresos fiscales, o ser una empresa “social” al servicio de los intereses del poder político, preocupada más por sostener una abultada nómina de empleados y de clientelas políticas, aunque con ello minimice su rentabilidad, se descapitalice y pierda competitividad.
La injerencia política y el peso abrumador del sindicalismo (el control obrero) han sido determinantes para la debacle de la nacionalización. Las consecuencias son conocidas: Comibol ha sido víctima del aumento irracional de personal, de costos exorbitantes, de malas decisiones, de transferencias desmedidas de ingresos al gobierno, de burocracia y corrupción.
Ello ha significado que la producción se estanque, que los yacimientos y reservas se vayan agotando, que la industria minera se rezague y sea marginal en el mercado mundial de minerales. No se olvide que las pérdidas y deudas de la minería estatal alimentaron la inflación de los años 50 y luego la de los 80. Hasta que sobrevino la crisis del estaño (1985), que la Comibol no pudo sobrellevar y tuvieron que cerrarse minas y despedirse miles de trabajadores.
Nadie quiere repetir esa historia de fracaso. Desgraciadamente, la nueva nacionalización de los últimos años está atorada en el mismo dilema: queremos una Comibol empresarialmente fuerte y moderna que financia los gastos del Estado y no al revés, ¿o eso no importa con tal de que sirva políticamente al poder político, que es lo que se viene haciendo?
La vuelta al Estado minero está marcada por los males del pasado: manoseo político (seis presidentes en siete años), empoderamiento sindical, incapacidad gerencial, improvisación de funcionarios, ausencia de visión estratégica y baja productividad.
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