La implementación de la Ley de Reversión de Derechos Mineros agudizará la crisis de la minería boliviana y profundizará la “sequía” de inversiones persistente en los últimos 10 años, aseguraron varios especialistas del sector entrevistados, durante la última sesión del Club de Minería en La Paz, a la que asisten exautoridades del área, empresarios y expertos.
Los entrevistados evidenciaron que no existe actividad minera en cerca de 3.000 de las 7.000 concesiones porque las empresas no invierten en su desarrollo, debido al clima de inseguridad jurídica, temor a la estatización con pérdida de derechos adquiridos, altos impuestos, toma de yacimientos, incertidumbre de la legislación minera y por la existencia de indefinición del régimen impositivo, entre otros factores.
La pasada semana, el Gobierno determinó revertir -sin pagar indemnización- el 70% de las concesiones mineras inactivas estimadas en unas 3.000 y cuya mayoría pertenece al sector privado. La Ley de Reversión de Derechos Mineros establece “la pérdida de derechos ante la inexistencia verificada de actividades mineras”. La norma exime a Comibol, empresas unipersonales y cooperativas con menos de 250 hectáreas.
REACCIONES
Guillermo Cortez, geólogo minero, consultor y exviceministro de minería, calificó la medida como un “retroceso”. Informó que al momento sólo el 2% del territorio minero está bajo concesión y si se revierte la cantidad que estima el Gobierno esa extensión bajará a menos del 1% siendo que más del 40% del territorio está mineralizado.
“Es una medida totalmente equivocada, es un freno y no es la manera de encarar un desarrollo minero”, dijo al asegurar que no tiene sentido que Comibol “recupere” esas concesiones si no tiene capital, tecnología ni recursos humanos capacitados para activarlas. “Parece que Minera San Cristóbal es la más afectada y, si es así, daría la impresión de que se quiere coartar la participación privada lo que sería un error muy grande”, afirmó.
En tanto, Oswaldo Arce, presidente del Colegio de Geólogos de Bolivia, dijo que la Ley 403 “no es una buena señal para atraer inversiones frescas” porque el país requiere de un capital de riesgo para emprender nuevos proyectos. Considera que el Gobierno debería hacer una auditoría previa y dar un plazo prudencial a las empresas para que activen sus concesiones antes de revertirlas, medida que finalmente debería ser gradual.
Aseguró que dos terceras partes del territorio boliviano están mineralizadas y que de esa extensión sólo el 2% tiene concesionarios. Dijo que la minería boliviana está rezagada en relación a los países vecinos ya que Perú, por ejemplo, con las mismas condiciones geológicas tiene 150 minas grandes y medianas y Bolivia sólo cuenta con cuatro. Henry Oporto, analista de la Fundación Pazos Kanki, acotó que a pesar de la caída de precios, en los países vecinos la actividad minera sigue floreciendo porque hay estabilidad en las reglas de juego, garantías a la inversión, protección de los derechos mineros y un régimen impositivo razonable y competitivo. Por ejemplo, el 2013 Perú estima captar $us 8.500 millones de inversiones y $us 32.436 millones en siete años, con lo que podría duplicar su producción de cobre para el año 2016.
IINVERSIÓN Y TECNOLOGÍA
De acuerdo a los expertos, para desarrollar un yacimiento minero es preciso hacer perforaciones de 5.000, 10.000 y 20.000 metros, según los estándares internacionales. La mayor parte de las concesiones que ahora se quiere revertir son solo aéreas mineras donde los geólogos estiman un potencial mineralógico y que, para probarlo, se debe hacer exploraciones a un costo superior de $us 100 el metro perforado.
Durante su visita a Bolivia, Glenn Kent Nolan presidente del PDAC, la organización minera más grande del mundo con base en Canadá, afirmó que “de cada 1.000 prospectos, tan solo uno se convierte en mina y ello toma, en promedio, 10 años”. Dijo que caída de precios y la falta de inversión ocasionaría la salida del mercado de 600 empresas mineras canadienses junior.
“El Gobierno parece haber errado el tiro. En lugar de remover los obstáculos a la inversión, se suman más trabas y se acrecienta la desconfianza del sector privado, que es el único sector que puede reactivar la minería y emprender proyectos de envergadura. Mientras esto no se entienda, la riqueza minera seguirá durmiendo el sueño de los justos, opinó Oporto.
Entretanto, René Rengel, exviceministro de Minería afirmó que la Ley de Reversión “estrangulará más las posibilidades de inversión en la minería porque es como si el Gobierno se diera un balazo en el pie debido a que no podrá desarrollar por sí mismo esas concesiones revertidas”. Dijo que la ley de referencia afectará a las empresas que más aportan al desarrollo nacional como San Cristóbal, “empresa de clase mundial que no tendrá posibilidad de expandir su inversión y tecnología”.
Oporto se preguntó si esta Ley no vulnera la Disposición Transitoria 8° de la CPE, que dispone la migración de concesiones a contratos sin desconocer los derechos adquiridos”. Agregó que al no reconocerse indemnizaciones, podría significar que se confiscan derechos otorgados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario