Investigador afirma que cooperativas mineras encubren a elite empresarial

REPRESENTANTES DE LOS MINEROS COOPERATIVISTAS, DURANTE LAS ÚLTIMAS MOVILIZACIONES REALIZADAS EN LA SEDE DE GOBIERNO.

El cooperativismo minero en Bolivia encubre a una elite empresarial que se enriquece bajo el actual sistema de producción al margen de la Ley 1333 de Medio Ambiente, a la falta de pagos impositivos para el Estado acordes a las ganancias y a la no incorporación a la Ley General del Trabajo, afirmó el economista e investigador, Pablo Poveda.

“En el propio sector cooperativista hay una diferenciación social; el surgimiento de pequeños patrones asalariados. Hay jerarquías, hay algunos que son empresarios, hay una diferenciación social entre los cooperativistas marcada por la calidad de los yacimientos”, explica Poveda al Periódico Digital del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB).

Las cooperativas más importantes, según el investigador, son aquellas que explotan yacimientos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) porque no sólo recibieron yacimientos, sino que también tienen apoyo del Gobierno con dotación de maquinaria, ingenios y herramientas de trabajo. A esas cooperativas las llama Poveda “la élite del cooperativismo”.

En cambio hay otras cooperativas que trabajan bajo el sistema del cooperativismo donde todos son socios y donde teóricamente no debería haber distinciones entre sus miembros. “Pero en el fondo, no es un sistema solidario, sino mas bien, una forma de encubrir a empresarios privados que se benefician de este tipo de explotación minera, amparados en el sistema cooperativo. No pagan impuestos, no están contemplados en la Ley del Medio Ambiente y no pagan beneficios sociales a los trabajadores”, sostiene.

DATOS INFLADOS

Al revisar las cifras del sector minero, Poveda asegura que los cooperativistas “inflaron” los datos porque en el año 2010, existían 43 mil socios y 1.026 cooperativas, por lo que es poco creíble, que en menos de dos años, esa cifra se haya triplicado.

“El sistema cooperativo, es cooperativa para obtener un yacimiento, y una vez que se obtiene se divide la parcela y cada uno por su cuenta y riesgo explota, ya sea como jefe de cuadrilla junto a otros trabajadores o con su familia; esa forma de explotación obviamente no es sostenible”, afirma.

La actual coyuntura minera del país con conflictos no resueltos entre cooperativistas y trabajadores asalariados por el control de la veta Rosario de la mina Colquiri, y los enfrentamientos entre comunarios por la tenencia de la mina de Mallku Khota, entre otros casos, dan cuenta de una seria problemática minera en Bolivia.

“Hay muchos intereses en juego; la minería mediana que responde a las trasnacionales, los cooperativistas que no son ni empresarios ni trabajadores asalariados, Comibol por parte del Estado, los trabajadores dependientes de las cooperativas y de las empresas privadas, además de las comunidades afectadas por la minería. Todos estos actores presionan por tener una parte de la renta minera”, señala Poveda.

Sin embargo, en criterio del investigador, el sector cooperativizado es el que está generando conflictos, debido a que el “Gobierno prometió darles mayores áreas de trabajo, y ahora que las tierras mineras están loteadas y no hay donde más darles yacimientos, lo que quieren los cooperativistas es aprovecharse de los yacimientos de Comibol”.

AUSENCIA DE FISCALIZACIÓN

Paralelamente observa que el sector cooperativizado no es regulado ni supervisado por las instancias medioambientales, y los impuestos que pagan al Estado no superan el 10 por ciento de lo que generan con la explotación y venta.

En esa línea sostiene que los cooperativistas quieren servirse de la riqueza de Comibol a título gratuito, como socios del Gobierno y potenciales electores para las futuras elecciones de éste. “Claramente se ha visto que el Gobierno ha cedido ante los cooperativistas”, indica.

“Los ganadores son los intereses privados, si bien hoy en día es un conflicto entre cooperativistas y trabajadores, indirectamente favorece a la explotación del capital trasnacional. Las dos trasnacionales Sumimoto en San Cristóbal y Sinchi Wayra, con propietarias del 72 por ciento de ese 74 por ciento que concentra la minería mediana”; sostiene.

Poveda participó del foro debate “¿Quién gana y pierde con la política minera en Bolivia?, situación y perspectivas”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la Plataforma del Cambio Climático, el Colectivo CASA y el Centro de Documentación e Información Bolivia, al que asistieron otros especialistas y representantes del sector minero asalariado.