Las circunstancias que se presentan en la actualidad en el ámbito nacional centran su atención en el conflicto minero, pues otros asuntos han quedado relegados a las instancias de menos trascendencia y con posible atención en función a las alternativas que se vayan presentando, empero el asunto que está enfrentando a dos sectores de mineros, unos asalariados y los otros organizados en cooperativas, prioriza la búsqueda urgente de soluciones, antes que se desate una batalla de poder que afectaría todo el esquema económico del país y alteraría además la convivencia pacífica ampliándose a otros sectores que sin ser afines a la minería estarían en la opción de asumir una defensa intransigente de sus propios intereses.
Lo evidente es que en nuestro país prevalece un estado semicaótico debido a las reacciones de diferentes sectores, incluyendo por supuesto los movimientos sociales que son la contraparte de presión cuando afloran reclamos porque se afectan circunstancialmente ciertas expectativas que al no cumplirse de la manera esperada producen actitudes de protesta con las secuencia de paros, marchas, huelgas de hambre y finalmente los bloqueos, este último método de ejercer presión copiado de las "luchas reivindicativas" de un pasado no muy lejano, pero que ahora cobra fuerza por los perjuicios que ocasiona a todo el sistema productivo nacional.
Está claramente demostrado que el uso adecuado de nuestros principales recursos naturales, como el gas y los minerales, es la base de la economía nacional, por tanto no hay donde perderse si deben aplicarse y cumplirse metas específicas para fomentar su explotación racional y bajo normas de cuidado permanente que garanticen la seguridad de no alterar el medio ambiente y evitar cualquier tipo de contaminación.
Lo ideal es alcanzar una armonía entre lo técnico, lo económico y lo social, para aprovechar al máximo el beneficio que nos proporciona el tratamiento de nuestras riquezas, de modo que las mismas sirvan a todos los bolivianos, con las ventajas propias que significa su ubicación y el rédito porcentual de preferencia para regiones del país, el caso de algunos departamentos que reciben más por el IDH u otros que mejoran sus ingresos con las regalías mineras.
Está claro que todavía se siente la diferencia de las políticas nacionales no sólo la última que está vigente, más bien todas las anteriores que vieron en los hidrocarburos la solución a los problemas financieros nacionales propendiendo con diferentes esquemas, en varias fases y con una serie de contratiempos y no menos contradicciones a impulsar la industrialización de esas reservas energéticas, lo que dio como resultado contar con ingresos saneados por la exportación de esos energéticos.
En el caso de la minería no ha sucedido lo mismo y el proceso de exploración, básico junto al de prospección para determinar la existencia y potencialidad de yacimientos mineros, tropieza de entrada con la falta de recursos financieros lo que posterga la habilitación de nuevos emprendimientos recurriendo tan sólo a la explotación de yacimientos residuales en unos casos o la continuidad de recuperación de concentrados en filones tan ricos como los que todavía existen en Posokoni - Huanuni o los que están revelados en la Mina Colquiri con la veta Rosario, ahora en pugna de dos sectores.
El Gobierno en pos de solucionar el conflicto dispone de un primer elemento al confirmar un presupuesto de soporte para mejorar las tareas de exploración en la mina Colquiri donde, según los entendidos, más que recursos financieros se necesita de habilidad política para sortear un problema sumamente complejo si se parte de que los dos sectores en pugna son parte -por así decirlo- de la base social del partido gobernante, uno que recibió más favores que el otro y este último que ahora quiere cobrar su factura, por tanto fuera de la solución expresamente técnica que deben buscar los profesionales, la solución del muy intrincado problema necesita de un componente político que sea propuesto a los dos sectores y que tenga la virtud de apaciguar los ánimos y facilitar un acuerdo que evite mayores perjuicios económicos a la empresa y al país, pero también que tenga la virtud de replantear las medidas dictadas y reconducir un verdadero acuerdo que beneficie a la familia minera en conjunto, sabiendo que la pugna de los mineros tiene relación directa con el valor calculado que tiene la veta Rosario y cuya explotación racional permitiría trabajarla por lo menos tres a cuatro décadas más. Lo contrario significará que una tarea depredadora y sólo extractivista, puede acabar con esa reserva en no más de 20 años.
La situación está planteada de ese modo tiene variados componentes, entre estos los de orden social, el factor económico de la reserva mineral y aunque no se quiera reconocer, un buen porcentaje de contenido político, aunque algún viceministro minimice esa parte señalando que "no esperan que ningún sector apoye al Gobierno", aunque implícitamente admite que se trata de una disputa por la riqueza minera en la mina.
Bajo esas condiciones el "dilema de Colquiri" amerita un arreglo estratégico en el que se incluyan los ingredientes de un replanteo de las medidas ya dictadas y que por lo visto han complicado la situación, una propuesta técnica que no divida la mina sino que la haga accesible a los trabajadores para explotarla de manera racional y no "compulsivamente", de modo que unos y otros puedan palpar los beneficios, que además servirán también de manera directa al Estado y la región.
La minería es parte substantiva del interés y la economía nacional, por tanto su cuidado y la preservación de los elementos que la rodean es una tarea de orden prioritario en la agenda gubernamental, de modo que el grave problema del presente tendría que diluirse en un proceso de comprensión plena para deponer los intereses de un sector (el minero) frente a los derechos y necesidades de la colectividad boliviana, que en realidad es la dueña de los recursos naturales. (Medios–Agencia Uru- P.M.)
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