El laberinto de los conflictos sociales se mezcla en estos días con el destino de la capacidad productiva del país y la ilusión, trabada de modo recurrente, de lograr un avance cualitativo en nuestro circuito económico minero.
El intenso debate histórico que tuvo gran fuerza en la segunda mitad del siglo pasado, inmediatamente después de la nacionalización de las minas, dividió al país entre quienes afirmaban que el único camino real de la liberación económica era la industrialización, y quienes asumieron que por diversas razones el Estado no tenía las condiciones tecnológicas, económicas y de gestión que hicieran posible ese salto. Los gobiernos de la revolución no encararon una estrategia industrial en la minería como sí lo hicieron en los hidrocarburos y la agroindustria. La pertinaz demanda de construir una fundición de estaño en el país tuvo que esperar hasta 1966 -en el segundo interinato de Ovando- que contrató las obras de Vinto (inauguradas en 1971 por Torres). Las experiencias ulteriores con ejemplos como La Palca o Karachipampa dejaron al país con un sabor amargo. Grandes inversiones, grandes dudas sobre la transparencia, magros o nulos resultados.
La tentación de los buenos precios internacionales de los minerales o la desazón por los pésimos precios, se convirtieron paradójicamente y por razones opuestas en un freno para encarar una estrategia de búsqueda de valor agregado, y el debate continuó estéril hasta el desmantelamiento de Comibol en virtud del desplome de los precios internacionales, particularmente el estaño en octubre de 1985.
A partir de ese hecho que se remachó con la dramática Marcha por la Vida, la minería parecía condenada a quedar en el baúl trágico de los recuerdos de nuestra historia. Los "expertos" aseguraron en los años 90 del siglo pasado que Bolivia podía condenarse si apoyaba su esperanza en las materias primas. El "deterioro de los términos de Intercambio" era un axioma acuñado por los ideólogos de la Cepal, que parecía implacable e inamovible.
Pero nada es inamovible y definitivo en la historia humana. Increíblemente los especialistas no contaron con las naciones emergentes, particularmente los hoy llamados Brics, China, India, Brasil y Sudáfrica en ese orden. Sólo los dos países asiáticos concentran casi el 35 por ciento del total de la población mundial y un buen día, como no podía ser de otra manera, despertaron. La voracidad de la demanda china en especial, revolucionó el planeta y volvió a colocar a las materias primas como grandes estrellas del firmamento económico internacional. Alimentos, hidrocarburos y minerales subieron a los cielos.
En el periodo 2007-2011 los precios de los minerales alcanzaron niveles simplemente siderales. En 2012 comenzaron a bajar, pero nada indica que en el próximo quinquenio esos precios vayan a volver a los niveles anteriores (2003-2004), lo que ha marcado una nueva lógica en el escenario productivo.
Bolivia propuso desde 2006 una recuperación del Estado como empresario, con todo lo que ello implica, pero en el campo de la minería no diseñó estrategia alguna de mediano y largo plazo para aprovechar los ingresos actuales y asegurar un futuro con menos vaivenes vía precios.
Los mega proyectos mineros de esta gestión son El Mutún y Uyuni. En el primer caso, el cacareado contrato con la hindú Jindal fue uno de los mayores fiascos históricos de un emprendimiento de gran magnitud referido a nuestros recursos naturales. Para hacerlo breve, en seis años de tira y afloja entre Gobierno y empresa, no se construyó nada, no se exportó nada y se perdió un tiempo precioso. Lo peor, lo único que escuchamos hoy, después de la ruptura, son acusaciones y contra acusaciones en vez de escuchar propuestas de solución que de darse demorarán mucho tiempo todavía.
En el caso del litio, recién se trabaja en un proyecto experimental con la cooperación japonesa que busca opciones alternativas a los métodos tradicionales de evaporación, que por razones del clima de Uyuni (con lluvias intensas entre diciembre y marzo) no son equivalentes a las experiencias de explotación de litio en Atacama. El Gobierno ya acepta que los plazos previstos no se podrán cumplir y que los tres pasos hasta llegar a la producción de un carbonato de litio de alta pureza, se lograrán en mucho más tiempo que el previsto.
Nadie discute la necesidad imperiosa del país de desarrollar una base industrial, o cuando menos una palanca de valor agregado a nuestra producción minera, especialmente en dos reservorios de la importancia y volumen del Mutún y Uyuni. No podemos sino respaldar que el Estado sea capaz de llevar adelante estos emprendimientos con éxito.
Pero lo que está claro es que hay factores adversos muy grandes que pueden frustrar las buenas intenciones. El clima de descontrol total en la minería es un factor principal, la inseguridad jurídica es el segundo elemento, la incapacidad de llevar adelante una gestión mínimamente aceptable en la cabeza del sector es el tercer componente, y la pertinacia del Ejecutivo en no generar condiciones razonables de negociación creíble con los eventuales socios del país completa el circuito.
La marca de sangre del pasado es muy fuerte, siglos de exacción sin beneficios importantes, pero también lo es una trayectoria más que debatible del Estado empresario que quienes gobiernan no quieren corregir.
Hemos perdido un tiempo precioso. Es tiempo de rectificar, pero sobre todo es tiempo de aceptar que hay que hacer cambios de fondo en cómo encara el Gobierno boliviano sus proyectos productivos más sensibles.
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