Aquellas áreas mineras concedidas a diferentes operadores mineros y que se encuentran sin actividad pasarán a manos del Estado; además, los avasallamientos se tipificarán como delito penal.
Así lo establece el proyecto de Ley de Adecuación de Derechos Mineros a la Constitución Política del Estado y Reversión por Inexistencia de Actividades, que fue refrendado ayer por el Órgano Ejecutivo.
En su artículo 3 se dispone que “la inexistencia verificada de actividades mineras en las áreas otorgadas mediante las autorizaciones transitorias especiales es causal de caducidad y de resolución contractual en las áreas otorgadas mediante contratos sobre recursos naturales mineros”.
Una vez que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Legislativa, los actores mineros con autorizaciones transitorias especiales o contratos deberán registrar su derecho en el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin), en el plazo de cuatro meses a partir de la promulgación de la nueva norma.
Además, el Gobierno hará una verificación de las áreas que se encuentran sin operación. Sergeotecmin no tiene datos.
El director de esa repartición, Hugo Delgado, explicó a Página Siete que, por lo general, “un área o concesión caducada en una determinada gestión es solicitada casi de inmediato (si se encuentra en zona de interés mineralógico) por otro operador minero.
El ministro de Minería, Mario Virreira, informó que la nueva norma también tipifica como delito los avasallamientos, con lo cual se garantiza una mayor seguridad jurídica. “No es lo único, (porque) se está diseñando otra ley mucho más específica”, dijo.
La autoridad aclaró que los atropellos no sólo son protagonizados por comunarios, sino también por actores mineros.
Crean patentes por explorar y explotar
El proyecto de Ley de Adecuación de Derechos Mineros a la Constitución Política y Reversión por Inexistencia de Actividades establece que los operadores mineros que hacen prospección y exploración pagarán nuevas patentes.
Por trabajos de búsqueda que tengan menos de cinco años de antigüedad se deberá pagar 300 bolivianos anuales por cuadrícula (25 hectáreas), más 12 bolivianos por pertenencia. Si las concesiones tienen más de seis años, los montos serán de 600 y 24 bolivianos, respectivamente.
En el caso de la explotación, el pago anual por cuadrícula con menos de cinco años de antigüedad es de 600 bolivianos y para más de seis, 1.200.
En la actualidad sólo se pagan patentes por cuadrícula: 325 bolivianos para uno a cinco años y 650 bolivianos para más de seis años.
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