Los últimos conflictos registrados en el sector de la minería nacional, que enfrentaron a mineros asalariados y cooperativistas, con un grave problema para el Gobierno nacional, que apareció como sándwich, así lo reconoció un alto personero del Ejecutivo, mostraron la falencia que existe actualmente de una normativa que regule la importante actividad de la minería, desde su proceso inicial en la concesión de áreas para exploración, prospección y la explotación de recursos naturales mineros y su posterior exportación.
Pero no sólo hay problemas en esa cadena del sistema minero, sucede que además por la falta de legislación apropiada, se interrumpe ese ciclo productivo debido a que sectores inconformes o deseosos de aprovechar de manera coyuntural los beneficios que reporta una minería con buenos precios, no dudan al asumir actitudes ilegales que no son otras que los avasallamientos.
Si algo positivo se logró en el conflicto reciente es que por lo menos se aprobó una medida – a pedido de los propios mineros – que prohíbe avasallamientos y los sanciona severamente hasta con privación de libertad. Aparte la falta de la ley minera, sólo permitió una solución, quien sabe temporal y poco sólida, en el tema del enfrentamiento entre cooperativistas y asalariados.
El asunto de la minería debería ser tomado en cuenta con responsabilidad legal, con aportes profesionales de alto nivel, pues se trata de uno de los rubros más importantes de la producción nacional, sólo después de los hidrocarburos, generando divisas, impuestos y regalías que son parte del sostenimiento de la economía nacional, ese hecho, obliga a definir cuanto antes las políticas de su futuro posicionamiento en el destino nacional.
La ley de minería sigue en consideración de comisiones y la demora en su aprobación profundiza el vacío existente en materia de seguridad para que todas las operaciones mineras puedan desarrollarse sin interferencias que alteren y limiten las posibilidades que se abren para beneficio del país y de manera general para toda la colectividad.
Es inconcebible que un tema tan delicado como el que configura la situación del país de esencia minera, esté librado a la suerte y voluntad de comisionados que parece no haber tomado en cuenta la necesidad imperiosa de contar con un conjunto de normas que hagan viable el crecimiento y sostenimiento de una fuente importante en la creación de riqueza, fuentes de empleo y beneficios para departamentos y regiones donde se desarrollan proyectos de explotación de minerales, a través de la minería privada mediana que es la que produce mayores ganancias junto al sector de la minería chica, el caso del sector estatal luego y la minería cooperativizada, ésta última con más ventajas y apoyo gubernamental, pero con menos aportes de contribución impositiva.
Las condiciones actuales tienen que cambiar y las autoridades de gobierno que han sopesado los últimos conflictos, deberían ser las más interesadas en remediar este mal, disponiendo un trabajo más responsable para aprobar la nueva ley minera, que regule toda la actividad minera, haciéndola más segura, más atractiva y más rendidora.
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