Aunque las autoridades nacionales del área de minería, caso del ministerio del ramo y de la Comibol, señalen que el conflicto entre mineros asalariados y cooperativistas de la mina Colquiri ha sido solucionado, lo cierto es que han quedado muchas dudas sobre las verdaderas intenciones y los planteamientos de unos y otros en función a sus propios intereses y de por medio el Gobierno, como lo reconoció una autoridad en condición de sándwich, presionado por los dos extremos y obligado a ceder posiciones.
El prolongado problema que ha causado fuertes pérdidas a la empresa Colquiri y de manera directa a la Comibol, tendrá también su efecto en la economía de los cooperativistas mineros esos que trabajan en condición de "cuentapropistas" y que durante el conflicto no han podido recuperar minerales, en tanto que los asalariados, por ser dependientes de un patrón, esperan que de algún modo se pueda paliar el perjuicio de varios días sin producir cargas de minerales para su tratamiento y exportación.
En el caso de Colquiri la pérdida diaria fue calculada en aproximadamente 200 mil dólares y hasta el arreglo alcanzado a fines de septiembre, la suma multiplicada por los días sin trabajo habría superado los seis millones de dólares. Huanuni la principal mina de la Comibol, que se solidarizó con sus "hermanos asalariados", paró un solo día de tres programados y los dirigentes apuntaron que perdieron 500 mil dólares…y por supuesto no estaban dispuestos a mayores pérdidas porque las mismas afectan al conjunto de operaciones mineras en Comibol.
La situación en la actualidad aparentemente es de entendimiento entre partes y con la esperanza de que se eliminen algunos factores adversos que todavía mantienen de manera especial a los asalariados de Colquiri en estado de alerta, pues en la práctica no todo lo acordado resulta beneficioso, en lo que se relaciona con la distribución de áreas de explotación en la ahora muy conocida "veta Rosario".
Es evidente que en toda gestión relacionada con problemas sociales, la estrategia apunta a un sostenimiento inclusive extremo de las condiciones de diálogo, es más, resulta prudente y necesario dar algunos pasos no sólo al costado, inclusive hacia atrás si tal actitud permitirá avanzar luego con pasos seguros hacia soluciones estables y no meramente coyunturales.
Lo que todavía no se aprende en el nivel negociador oficial es que la peor y más peligrosa de las actitudes que se observa entre funcionarios del Estado es la falta de previsiones a través de equipos especializados que eviten oportunamente el desborde de las medidas de presión que inclusive las anuncian anticipada y machaconamente los sectores en pugna descontentos con la posición oficial, de "solo mirar sin actuar" y esperar que se desate la violencia para recién buscar afanosamente puntos de encuentro, diálogo y soluciones.
Otro grave problema tiene que ver con medidas apresuradas, resultado de algunas presiones al interior del equipo de colaboradores en el Gobierno, que tal parece no se dan el tiempo suficiente para analizar meticulosamente el contenido de algunos decretos que después tienen que ser abrogados para entrar en un plano de prudencia más próximo a la realidad que a las tensiones producidas por desbordes que pudieron ser controlados si no se perdía tiempo en disquisiciones distractivas y por lo mismo altamente peligrosas.
Un planteamiento de uno de los sectores en pugna exigía que se anule el D.S. 29117 de mayo del 2007 que "declaró a todo el territorio nacional como Reserva Fiscal Minera", lo que colocaba al Estado como propietario de los recursos mineralógicos, metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y salmueras. Los cooperativistas buscaban la ventaja con tal planteamiento para que a través de otro D.S. se les pueda asignar nuevas áreas de trabajo. La Comibol actualmente tiene la facultad y potestad de explotar y administrar las reservas mineralógicas del país.
Tenía que suceder y como parte importante del acuerdo de pacificación, el Gobierno se comprometió a la abrogación del D.S. 29117 y a la aprobación de otro que divide la veta Rosario en partes iguales, de modo que asalariados y cooperativistas queden conformes y no exista motivo de disputa interna en las operaciones de Colquiri, con lo que también el D.S. 1337 quedó eliminado y se esperaba la firma de otro decreto que tiene que ver con la nueva asignación de áreas de explotación en el interior de la mina Colquiri y las seguridades de que las dos partes tendrán iguales posibilidades de obtener concentrados en la mentada veta Rosario.
Más allá de estos problemas que alteraron seriamente las actividades mineras del país, pues los hechos entre asalariados y cooperativistas trascendieron al sector privado mediano y a la minería chica, quedando con serias interrogantes por un lado el hecho de levantar la "reserva fiscal minera", aspecto que según el ministro de minería no se ha dado pues sólo se trata "de un levantamiento parcial", en función de atender la solicitud de nuevos contratos ¿Serán los más de 400 que tienen pendientes los cooperativistas? Es la pregunta que todavía flota en el ambiente; además tampoco se aclaró de manera concreta lo que sucede con las cuadrículas de explotación minera, tanto a favor de la Comibol y las que se han dispuesto para las cooperativas mineras. Hay cosas que no se aclaran y que al tratarse de reservas estratégicas no renovables, consignando posibles e importantes yacimientos mineralizados, deben merecer tratamiento especial para su exploración y explotación pues se trata de la riqueza que corresponde al pueblo de Bolivia y que no puede distribuirse sectorialmente, pues sus beneficios deben ser colectivos.
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